Salta: Polémica por el título único que pretende Lhaka Honhat para aborígenes
El demandante exige un solo título con tierras libres de alambrados y animales dentro de las 400.000 hectáreas.Hay caciques que no están de acuerdo y piden un título para cada una de las 71 comunidades originarias en la zona.
Lhaka Honhat es la organización aborigen que en 1998 inició una demanda contra el Estado argentino y salteño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en lo que resultó ser uno de los conflictos de tierras más grandes del país, en uno de los municipios más pobres de la Argentina: Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia. El 1§ de julio, la CIDH decidirá si elevará o no el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La resolución del conflicto podría quedar en manos del tribunal internacional, situación incómoda para dos Gobiernos que “levantan las banderas de los derechos humanos”. El Ejecutivo salteño apostó por la redacción del decreto 1.498 para salir de esta encrucijada. La norma que entrega 643.000 hectáreas de tierras fiscales: 400 mil en régimen comunitario a 71 comunidades aborígenes y 243 mil en condominio para 463 familias criollas. El problema es que Lhaka Honhat, según le confirmó a El Tribuno su coordinador general, insiste en la entrega de las 400.000 hectáreas con un título único; mientras que muchos caciques de las más de 70 comunidades prefieren un título para cada comunidad. Esa diferencia entre las comunidades aborígenes que habitan en los ex lotes fiscales 14 y 55, podría demorar la resolución del conflicto. La opinión de Lhaka Honhat en cuanto a los avances en el terreno será de gran importancia para que la CIDH decida, o no, elevar el caso a la Corte el 1§ de julio próximo.
Francisco Pérez, coordinador general, de la organización aborigen Lhaka Honhat, explicó que esperan que las 400.000 hectáreas se entreguen con un “título único” comunitario. Dentro de esas tierras no podrán existir alambrados y animales de puesteros criollos, que interfieran con la forma de vida de la poblaciones cazadoras-recolectoras de cinco etnias indígenas distintas. Pero muchos caciques no comparten esa opinión y piensan que con el “título único”, ellos no serían los verdaderos dueños de las tierras, porque tendrían que responder a Lhaka Honhat. Piden 71 títulos, un título para cada una de las 71 comunidades.
“La tierra jamás será propiedad de una asociación sino de las comunidades”, había dicho a El Tribuno a finales de 2011, María Pace, la exsecretaria de Derechos Humanos y responsable en ese entonces de la UEP, Unidad Ejecutora Provincial. “Durante los primeros reclamos Lhaka Honhat pidió título único, pero hoy eso ya no existe. La mayoría de las comunidades no estaban en Lhaka Honhat, eso es real, y muchas querían título para cada comunidad. Hoy Lhaka Honhat no reclama título único”, explicaba Pace, aunque no es lo que ahora dice Lhaka Honhat.
“Pedimos un solo título para todas las comunidades. Ese fue el reclamo original y hoy lo mantenemos. Para vivir de acuerdo a nuestras tradiciones pedimos 400.000 hectáreas libres de puestos ganaderos y limpias de límites artificiales, como son los alambrados. Es más difícil dar el título a cada comunidad. En mi comunidad por ejemplo, hay siete caciques y no se puede repartir así. Nosotros como peticionarios, desde el 91, que estamos de acuerdo con el título único y creemos que la mayoría de los caciques piensa lo mismo. El título único no perjudica a las comunidades, porque cada comunidad dentro de esas 400.000 va a ocupar la tierra que necesite”, dijo Francisco Pérez.
“Si se ponen a trabajar en un par de meses se tendría que solucionar todo. Esperamos que a partir de ahora ver más velocidad. Demostramos que queremos llegar a una solución. Achicamos la zona de ocupación tradicional para destrabar el conflicto y pasamos de 530.000 hectáreas a 400.000. Si el criollo se quiere quedar dentro de las 400.000 hectáreas lo podrá hacer, pero solo sin alambrados, sin animales y sin un título. Podrá vivir ahí como siempre, pero su puesto productivo tendrá que estar dentro de las 243.000 hectáreas de los criollos, donde ahí podrá tener su título de propiedad. El que no acepte el traslado tendrá que dirigirse al Gobierno, no a nosotros”, opinó Pérez. El Gobierno de Salta, por su parte, dijo a El Tribuno que “cada una de las 71 comunidades recibirá una cuota parte, integrante de dicho título, ello independientemente de que integren o no la Lhaka Honhat”.
Los que no aceptan el título único
“No estamos de acuerdo con el título único. La mayoría queremos un título para cada comunidad. Nuestra postura es firme y no vamos a cambiar porque somos mayoría. Si le dan un título a la organización entonces las comunidades no tenemos nada, porque nosotros no respondemos a Lhaka Honhat”, dijo el aborigen Humberto Chené. “Acá en Rivadavia pensamos que nos tienen que dar el título. Lo importante del decreto es que está aprobado y ahora nos tenemos que poner a trabajar. Nosotros tenemos que decidir y no solamente que el Gobierno diga lo que tenemos que hacer. Tenemos derecho a decidir lo que queremos, porque esto lo hacemos por los abuelos y nuestros hijos”, agregó el chorote de la Misión Nueva Esperanza, en Santa Victoria Este. Chené dice tener confianza en el gobernador, pero le pide velocidad y más trabajo en la zona. “Estamos contentos con la ruta que se está haciendo. Pero no estamos tranquilos porque el Gobierno se mueve lento. Pedimos que se mueva un poquito más para entregar los títulos antes que se termine la ruta. Se va a venir gente rica a querer comprar las tierras”.
Entrevista a Martín García Cainzo, secretario de Derechos Humanos de Salta
“Cada comunidad recibirá una cuota parte de ese título”
¿Cómo será la entrega de las 400.000 hectáreas? ¿Con un título único para todas las comunidades o con un título para cada una de ellas?
La entrega de las aproximadamente, 400.000 hectáreas correspondientes a las Comunidades Originarias, se realiza como propiedad comunitaria, conforme lo establece la Constitución nacional en su artículo 75, inciso 17 y en el artículo 15 de la Constitución provincial. Cada una de las 71 comunidades recibe una cuota parte integrante de dicho título, ello independientemente de que las mismas integren o no la Asociación Lhaka Honhat.
¿Cuándo se podrá saber con precisión si son exactamente 643.000 las hectáreas en cuestión? ¿Se pueden ubicar geográficamente y con exactitud las 400 mil y las 243 mil hectáreas dentro de las 643 mil?
Respecto de las 643.000 hectáreas y su ubicación, ya se realizaron las mediciones y todo el trabajo de campo para el relevamiento del perímetro de los lotes y se está a la espera de la aprobación de los mapas finales de mensura. Sobre la ubicación exacta de las 400 mil hectáreas y las 243 mil, tal y como lo determina el decreto, se continuará trabajando en los acuerdos de partes para que sean los mismos actores sociales quienes determinen la ubicación precisa de sus territorios y el estado a través de la Unidad Ejecutora provincial. Se garantizarán los espacios de participación necesarios para que esto así suceda. Se profundizará el trabajo en terreno para determinar los espacios de cada uno, en un marco de seguridad jurídica e institucional, tal como lo establece el decreto de adjudicación.
¿Qué expectativas tienen sobre la determinación de la CIDH que se espera para el 1 de julio?
Las expectativas respecto de la resolución de la CIDH el 1 de julio son las de obtener una nueva prórroga a los efectos de continuar con el plan de trabajo. El Estado provincial y el nacional han demostrado la voluntad de trabajar conjuntamente en el proceso y puntualmente la Provincia, mediante el decreto en cuestión, ha expresado y ha concretado la necesidad de otorgar una reparación histórica a los pueblos originarios reconociéndoles y transfiriéndoles la propiedad de 400 mil hectáreas. Todo esto ha sido informado en tiempo y forma a la CIDH. Ahora esperamos la decisión.
¿Cuáles son los próximos pasos?
La titularización implica un importantísimo avance técnico jurídico, que lleva una enorme tranquilidad a las 468 familias criollas y a las 71 comunidades. Intensificaremos el trabajo en la zona, logrando con obras la finalización de tareas de relocalización y obras comunes. Tenemos proyectado un plan de trabajo a 2016. Vamos a fortalecer la UEP brindando profesionales capacitados y sobre todo, incluyendo en el equipo de trabajo a los propios pobladores, tanto familias criollas como originarias.
Tienen miedo a los ricos
“Queremos que se apuren los títulos para los pueblos originarios y los vecinos criollos, que estamos juntos en esto. La gente que se quiere venir de afuera no le vamos a permitir. Nosotros estamos de acuerdo en ponernos de pie como argentinos. Nos vamos a mantener de pie, porque esto es de la gente del lugar. Tenemos miedo que la gente rica venga a comprar. Sin los títulos no somos nada”, dijo el aborigen Humberto Chené.
El caso se inició en el año 1998 con una denuncia presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en representación de la Asociación Civil Lhaka Honhat, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los criollos que aceptan trasladarse
La zona norte es señalada por la Unidad Ejecutora Provincial como un ejemplo dentro del “proceso de diálogo” por la regularización de los lotes 14 y 55. Ahí se desarrolla una acuerdo modelo para la relocalización de las familias criollas que aceptaron el traslado. El Estado, a paso muy lento, tiene que levantar en esa zona los nuevos puestos ganaderos que se les prometió a los que aceptaron el traslado “voluntario”. Héctor Rodolfo Amaya es un maestro criollo de la comunidad de La Curvita. Fue reubicado cerca del El Rosado y es oriundo de Monte Carmelo. Tuvo un problema con su nuevo vecino mientras alambraba su terreno donde lo recolocó la UEP. Su vecino lo denunció y las obras para levantar su nuevo hogar, el pozo de agua y las 100 hectáreas de monte desbarejadas están paralizadas por la denuncia.
“La UEP midió mal dos veces seguidas la parcela. Por eso mismo recibí una denuncia de mi vecino mientras colocaba el alambre perimetral. Solo por estar haciendo los trabajos donde me recolocó la UEP. No puedo seguir trabajando porque mi vecino me lo impide y las obras están paradas desde agosto del año pasado. Esto me perjudica, pero ya no tengo respuestas de la UEP. Es como que se borraron”, le dijo Amaya a El Tribuno. Arturo Barroso dice que este es un ejemplo de “las desprolijidades de la UEP, que ni pudieron fijar los límites entre los nuevos vecinos para que cada uno sepa lo que le corresponde”. Para Francisco Pérez, el dirigente de Lhaka Honhat: “Se necesitan más técnicos y más camionetas.
Los técnicos tienen que delimitar bien las áreas antes de que los criollos se trasladen. Pero se van y dejan que los hombres delimiten por su cuenta”.
El diputado provincial por Rivadavia, Ramón Jesús Villa, pidió por su parte cuidar la paz social en la zona.
“Tenemos que ser todos muy responsables para seguir sosteniendo la paz social en la zona. Porque hasta que no esté delimitado todo seguirán existiendo focos de conflicto entre los habitantes. Se necesitará multiplicar la presencia del Estado”, opinó el diputado Villa.
