Se abrió la pelea por la pospandemia
Las políticas neoliberales son un fiasco en términos de bienestar general, de expansión económica y de desarrollo nacional.
Las políticas neoliberales son un fiasco en términos de bienestar general, de expansión económica y de desarrollo nacional. Mientras se atiende a las víctimas económicas de la covid-19, está abierta la disputa por cuál será el sendero económico, social y laboral de la «nueva normalidad».
La capacidad de intervención del Estado en una crisis de proporciones como la de la pandemia covid-19 está determinada por tres factores principales:
1. Los márgenes de expansión fiscal vía gasto público financiado con emisión monetaria.
2. La posibilidad de emitir deuda en el mercado local para conseguir recursos financieros privados disponibles a tasas de interés aceptables.
3. Disminuir la tasa de interés de referencia para, por un lado, aliviar la carga financiera del endeudamiento privado y, por el otro, inducir la expansión monetaria vía créditos bancarios a un costo tolerable.
El desastre económico que dejó el macrismo es una restricción objetiva para poder desplegar en plenitud esas acciones de reparación y de contención por parte del sector público en un escenario de colapso provocado por el coronavirus.
Márgenes
Los límites demarcados son tremendos en términos de encontrar márgenes de autonomía relativa para encarar una activa e imprescindible participación del Estado para aliviar los costos ineludibles de una pandemia.
Detallar esas restricciones no significa que el gobierno de Alberto Fernández no tenga que hacer más y mejor de lo que ha realizado hasta ahora. Debe intentar ampliar esos estrechos márgenes; en eso consiste la política cuando el objetivo es mejorar la calidad de vida de las mayorías.
Pero resulta esencial remarcar el vaciamiento macrista para comprender el presente y, en especial, para disputar el sendero de la pospandemia.
Existe un inaudito borrón y cuenta nueva respecto a la pésima gestión económica para la mayoría de la población durante el gobierno de Macri y las secuelas que ha dejado en la sociedad.
Ese borrón y cuenta nueva no es inocente; busca instalar que la responsabilidad del actual drama económico es del gobierno de Alberto Fernández. Por eso la prensa de derecha y sus plumas pavo reales desconocen que es la pandemia y no la cuarentena la causa del derrumbe de la actividad.
Esa es la trama política de la militancia anticuarentena del poder económico, a través de la oposición política y de corporaciones mediáticas, que buscan un Alberto Fernández debilitado para imponer condiciones de gobernabilidad –o sea, de negocios-. Tras ese objetivo buscan que el Presidente rompa la alianza con su vice Cristina Fernández de Kirchner. Así les quedaría servido en bandeja.
Como no consiguen ese objetivo, y están saliendo a la luz pública los promiscuos vínculos que había entre el espionaje ilegal durante el macrismo en los sótanos-cloacas de la democracia y algunos periodistas y corporaciones mediáticas, se muestran desesperados y se les nota mucho.
Impunidad
Desde el comienzo de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández ha destinado 5,0 por ciento del Producto Interno Bruto en recursos tributarios, fiscales y financieros para paliar la crisis.
Es un esfuerzo enorme pero es la mitad del paquete aplicado por Brasil, por debajo del 6,7 por ciento de Chile y bastante lejos del 15,0 por ciento de Perú. Esas cifras reflejan las restricciones que dejó la gestión macrista.
La capacidad de financiamiento del gobierno en el mercado de capitales es casi nula. Se cerró ese grifo con el default virtual de la deuda en dólares y la destrucción del mercado de deuda en pesos, con el insólito «reperfilamiento» del entonces ministro de Economía Hernán Lacunza, que con un desparpajo envidiable ahora ofrece consejos sobre cómo negociar la deuda.
Además de incrementar el endeudamiento en dólares de la provincia de Buenos Aires cuando fue el encargado de Hacienda de María Eugenia Vidal, Lacunza logró el mérito de haber defaulteado títulos de deuda en la moneda que el país emite.
Para identificar la impunidad de gestión de funcionarios del establishment y mimados por corporaciones mediáticas, el caso Lacunza es representativo de este tiempo. Pero lo mismo les cabe a Domingo Cavallo, Miguel Kiguel, Ricardo López Murphy, Alfonso Prat-Gay, Federico Sturzenegger y otros. No tienen el decoro del silencio después de las ruinas que dejaron al pasar por el Estado.
Se les suma la complicidad de la inmensa legión de consultores de la city que invaden el espacio público construyendo sentido con concepciones reaccionarias sobre el funcionamiento de la economía. Todos ellos corren el riesgo de terminar en la decadencia analítica del gurú de pronósticos fallidos Miguel Ángel Broda, que en estos días estuvo alucinando con la economía venezolana e iraní en relación a las perspectivas de la argentina con el gobierno de Fernández.
Restricción
Que el gobierno de Macri no pagara en término la deuda en pesos que se emitió durante su administración fue un disparate mayúsculo que hoy el fisco está padeciendo, al ver menguada la capacidad de intervención estatal en esta crisis.
El equipo de finanzas del ministro Martín Guzmán está buscando relajar esa restricción con una lenta pero persistente tarea de reconstrucción del mercado de deuda en pesos.
Los publicistas del macrismo ponderan además la reducción del déficit fiscal operativo. No dicen que fue conseguido desarticulando funciones básicas del Estado, con el desfinanciamiento de las áreas de Salud y Educación, la paralización de las obras públicas y la merma de recursos en casi todas las reparticiones públicas.
El casi único rubro del gasto público que aumentó fue el correspondiente a intereses de la deuda. Por ese motivo el déficit total que incluye el financiero (pagos de deuda) se incrementó sustancialmente por el vertiginoso ciclo de endeudamiento en menos de cuatro años, hasta arrojar la economía a la insolvencia.
Con fragilidad de las cuentas fiscales, default virtual y estructuras estatales desarticuladas (el Ministerio de Salud había sido degradado a Secretaría, el Pami recortado prestaciones y la Anses debilitada), las restricciones en la intervención estatal quedaron muy expuestas en estos meses de pandemia.
En esas condiciones endebles y además con una economía en recesión desde hace dos años, el Estado tuvo que hacer frente a las urgencias derivadas del coronavirus.
Sendero
A muchos les pueden cansar las referencias al pasado ante un presente angustiante y hasta considerar que les resulta irritante porque las necesidades de satisfacer las demandas son inmediatas. Pero si no se entiende o se busca ocultar desde dónde se parte para transitar este compromiso colectivo de la cuarentena no se pueden precisar las debilidades de origen de la actual intervención estatal tanto en materia sanitaria como económica.
El aspecto más relevante de puntualizar de la herencia ruinosa del tercer ciclo neoliberal que padeció la sociedad argentina desde 1976 no apunta a justificar lo que se está haciendo bien, más o menos bien o directamente mal el gobierno de Alberto Fernández, sino, fundamentalmente, para advertir acerca del poderoso dispositivo que busca limitar, precisamente, la intervención del Estado para atender los costos de la pandemia y, después, para comenzar la reconstrucción de la economía como parte de un proyecto de desarrollo nacional.
La impunidad del poder económico está intacta; no importa que sus integrantes sean los responsables del estancamiento y de la extensa inestabilidad económica y social argentina desde mediados de los ’70.
Corporaciones mediáticas de derecha y un elenco estable de economistas ortodoxos avanzan sin detenerse en ese pasado que los condena en la construcción de sentido para disminuir las capacidades de intervención del Estado.
En esa tarea constante advierten acerca de la emisión monetaria, del riesgo de desbordes inflacionarios y hasta de una hiperinflación por la emisión, del descontrolado gasto público, y del peligro de que el Estado intervenga en forma directa en el corazón histórico de la generación de rentas de la economía argentina a través de Vicentin.
La disputa por cuál será el sendero de la pospandemia está abierta y no darse cuenta sería un pecado que padecerán desde las clases medias castigadas hasta los sectores vulnerados.
La reacción furiosa del establishment por la decisión de Alberto Fernández de intervenir en el caso Vicentin es la prueba más contundente de esa disputa que ya comenzó.
Nueva normalidad
Para construir una «nueva normalidad» -concepto de moda para la salida de la pandemia- en la economía nacional, en el análisis económico y en la acción política resulta necesario señalar que las políticas neoliberales son un fiasco en términos de bienestar general, de expansión económica y de desarrollo nacional.
Si sectores de la alianza de gobierno, convencidos o por simpatía intelectual o por eludir presiones y críticas del establishment, se autolimitan en los frentes fiscal y monetario estarían debilitando la imprescindible red de protección social y frenando las fuerzas de la recuperación económica.
La crisis económica, social y laboral es inmensa y las secuelas serán también enormes. Existe responsabilidad política de cómo se atiende a las víctimas económicas de la pandemia, y para cumplir con ese mandato no debe haber una posición tímida por la amenaza ortodoxa de eventuales desbordes en la pospandemia.
La necesidad de socorrer pymes, cooperativas, trabajadores, autónomos, monotributistas, informales y excluidos es ahora. Habrá tiempo para acomodar variables fiscales y monetarias cuando se comience a transitar el camino de la recuperación.
