Según economista, es confiscatorio que el 40% del sueldo promedio vaya al pago de servicios públicos
María Jesusa Izaguirre señaló que para junio se estima, según los anuncios del gobierno, que llegará al 50 por ciento, “que se suma a la inflación y el deterioro del salario real”.
María Jesusa Izaguirre señaló que para junio se estima, según los anuncios del gobierno, que llegará al 50 por ciento, “que se suma a la inflación y el deterioro del salario real”. Opinó que estas medidas tienen carácter confiscatorio y que son contradictorias con el criterio establecido oportunamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
María Jesusa Izaguirre nació en Necochea y vivió buena parte de su vida en Luis Beltrán, en el Valle Medio de Río Negro. Es licenciada en economía y busca interpretar las distintas aristas de las decisiones de gobierno que tienen impacto en la sociedad. Además de analizar aspectos estrictamente económicos, evalúa la vocación de los gobiernos de provocar cambios culturales con la naturalización de ideas que, a su juicio, son cuestionadas. Uno de esos temas es el subsidio.
“El subsidio es una herramienta de la política económica muy necesaria cuando se define favorecer a algún sector de la economía en particular, o un grupo social vulnerable”, acaró y agregó que, si un gobierno decidiera estimular el desarrollo de la industria, por ejemplo, utilizaría los subsidios para el desarrollo de determinadas industrias que considera deben jerarquizarse.
Y continuó: “Si la luz, el gas, el transporte y otros servicios son, esencialmente, un derecho humano evidentemente tenés que subsidiarlos. Esto en el mundo es común, por ejemplo, cuando implementan un transporte gratuito”. Y agregó que, además, Argentina no es de los países con los niveles de subsidios más altos. Según datos del Fondo Monetario Internacional, el promedio de los países de América Latina es de 4,5 por ciento del PBI, mientras que en nuestro país alcanza el 3,2% en subsidios a los servicios públicos. “El incremento de las tarifas es la contrapartida exacta del incremento de las utilidades de las empresas de energía”, consideró Izaguirre.
La licenciada en Economía aclaró su preocupación por el intento de provocar algunos cambios culturales. Sobre esto, señaló que “parece que ahora somos culpables nosotros de que los servicios públicos anden mal porque no los pagamos. Y en definitiva andan mal porque las empresas no invierten y no muestran sus libros contables para saber qué sucedió con los subsidios millonarios que recibieron”. Izaguirre subrayó que para determinar el precio debes conocer el costo del servicio que brindan. “En Argentina esto no pasa”, dijo.
Un aspecto relevante en el análisis de la licenciada es, en definitiva, la porción del sueldo promedio que se destina al pago de servicios públicos. En este punto, María tomó los datos que brindó oportunamente el INDEC en donde se registra que el 40 por ciento del sueldo se destina al pago de servicios públicos, incluido el transporte. “Para junio se estima que llegará al 50 por ciento, que se suma a la inflación y el deterioro del salario real”, destacó y opinó que estas medidas tienen carácter confiscatorio y que son contradictorias con el criterio establecido oportunamente por la Corte Suprema de Justicia. “Evidentemente el gobierno no lo tuvo en cuenta”, concluyó.
