Si corta la Nación, cobran las provincias
Los conflictos entre el gobierno central y otra jurisdicción por los recursos fiscales termina en incrementos de la presión impositiva.
Los conflictos entre el gobierno central y otra jurisdicción por los recursos fiscales termina en incrementos de la presión impositiva.
Los conflictos entre Nación y provincias por recursos fiscales terminan con subas de impuestos. Así lo aseguró el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) tomando como ejemplo el 2020 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): para contrarrestar la pérdida de los ingresos coparticipables que había signado Alberto Fernández, el gobierno CABA implementó un impuesto a los sellos en las tarjetas de crédito (que luego fue derogado) y extendió Ingresos Brutos a los intereses que cobran los bancos por tenencias de Leliqs y pases. En 2023, el aumento de la presión tributaria originada en lo último habría sido del 0,28 por ciento del PIB.
El coeficiente de “distribución primaria de recursos” que tenía CABA hasta septiembre de 2020 era del 3,5 por ciento, advierte el Iaraf, y luego fue reducido hasta el 1,4 por ciento que detenta actualmente. La decisión del ex presidente Fernández generó una disputa judicial entre Nación y CABA que de momento tiene una resolución cautelar que ordena el envío del 2,95 por ciento de los fondos coparticipables. En respuesta, el gobierno de la ciudad tomó en su momento dos medidas: aplicó un impuesto de sellos al resumen de tarjetas de crédito del 1,2 por ciento (el cual fue derogado a principios 2023) y extendió la imposición de ingresos brutos al cobro de intereses de los bancos por la tenencia de Leliqs y pases bancarios, el cual sigue vigente.
El impacto fiscal combinado sobre CABA en 2023 fue de 718.000 millones de pesos constantes, estimó Iaraf: por el cambio en el coeficiente CABA perdió 835.000 millones en valores de diciembre de 2023, pero deben descontarse los envíos discrecionales compensatorios de Nación por 117.000 millones de pesos en el año.
Luego: “En lo que respecta a la recaudación extra obtenida a partir del nuevo gravamen de Ingresos Brutos sobre operaciones de pases y Leliq –debido a la falta de información pública precisa para calcularlo- se utiliza la vía alternativa de suponer que el aumento obtenido por CABA a raíz del nuevo gravamen es igual al excedente de recaudación que tuvo respecto a otras tres jurisdicciones de tamaño similar del país, concretamente Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Con esta metodología, CABA habría obtenido del gravamen a los intereses de los pasivos monetarios del BCRA ingresos por 795.000 millones de pesos constantes de diciembre de 2023”, asevera el informe del Iaraf.
“Como resultado neto final, del descenso de envíos nacionales y suba de presión tributaria de Ingresos Brutos, CABA en 2023 habría recuperado los ingresos perdidos y obtenido ingresos extras por 77.000 millones de pesos constantes de diciembre de 2023. La suba de presión tributaria respecto al año previo habría brindado más recursos que los perdidos con los cambios de la coparticipación”, concluye.
Por otro lado, respecto de aquellas jurisdicciones similares, el informe muestra que CABA aumentó significativamente su recaudación por Ingresos Brutos entre 2019 y 2023. La misma creció 0,38 puntos porcentuales del PIB en la capital porteña, mientras en el grupo de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza se incrementó solamente en 0,1 puntos porcentuales del PIB. El motivo principal que explica esa diferencia (de 0,28 puntos porcentuales del PIB) habría sido el gravamen a las Leliqs, que tuvieron un gran aumento en el año 2023, advierte el Iaraf: “CABA fue la jurisdicción responsable del 75 por ciento del incremento de la presión tributaria efectiva de Ingresos Brutos entre 2019 y 2023, mientras que, el consolidado de 12 provincias relevadas [para las que se cuenta con información] participó con el 25 por ciento restante”.
Este análisis demuestra que un conflicto entre Nación y otra jurisdicción por los recursos fiscales termina en un incremento de la presión impositiva, en este caso de uno de los “más distorsivos que tiene la estructura tributaria argentina, más allá de estar oculto en el precio de bienes y servicios”. En el marco de un gobierno libertario sería paradójico que las pujas por los recursos nacionales conlleven una mayor carga tributaria para el sector privado.
