Tambalea el presidente de Paraguay por un acuerdo secreto con Brasil
Mario Abdo Benítez quedó contra las cuerdas al destaparse un convenio más oneroso de compra de energía de su país al gobierno de Bolsonaro.
Mario Abdo Benítez quedó contra las cuerdas al destaparse un convenio más oneroso de compra de energía de su país al gobierno de Bolsonaro.
La firma de un acuerdo energético secreto con Brasil desató una crisis política en Paraguay que jaquea al presidente, Mario Abdo Benítez, y que se profundizó ayer con la renuncia del sexto funcionario de primer nivel tras la primera partida del canciller, Luis Alberto Castiglioni.
El primer mandatario Benítez está enredado en una trama que lo tiene contra las cuerdas. Un grupo de diputados ya evalúa un proceso de destitución y hasta la Iglesia se le muestra en contra. El motivo: la firma de un acuerdo secreto para comprarle energía a mayor precio al gobierno de Jair Bolsonaro.
La tormenta de desató la semana pasada cuando Pedro Ferreira, el presidente de la Administración Nacional de Energía (ANDE), renunció luego de revelar la existencia de un acuerdo bilateral, firmado hacía dos meses en Brasilia, sobre la contratación de potencia de la usina de Itaipú, que establecía un cronograma de compra hasta 2022.
Hasta entonces, Paraguay venía fijando de forma anual esa contratación, pero con el nuevo acuerdo los montos de potencia media anual se incrementarían en ese periodo desde los 1.370 megavatios (MW) en 2019 a 1.924 MW en 2022, lo que implicaría un mayor desembolso al comprar más megavatios.
El acta fue interpretada por la oposición como una entrega de soberanía realizada de forma consciente por el gobierno, que en esas negociaciones apartó a los técnicos de la ANDE, que se oponían a su firma, y los sustituyó por representantes de la Cancillería, encabezados por el embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier.
Ferreira arrojó la bomba y renunció. Para apaciguar las aguas, el presidente Abdo Benítez cedió y aceptó que debían rodar cabezas. Así siguieron las renuncias de canciller Luis Alberto Castiglioni; del presidente de la estatal de energía, Alcides Jiménez; de José Alberto Alderete, director del lado paraguayo de la hidroeléctrica de Itaipú, compartida con Brasil, y del embajador Saguier. Una de las cosas que más enfureció a la oposición fue el «secretismo» con que se manejó el gobierno. Y el «entreguismo» también. Y usó esos argumentos para echar nafta al incendio: arrinconar al gobierno con interpelaciones parlamentarias, manifestaciones callejeras y la amenaza más temida por un mandatario paraguayo: el juicio político.
En medio de la desesperación, el gobierno comunicó que el acuerdo con Brasil había sido dado de baja. «Nulo», dijo. Luego siguieron las renuncias, pero nada apagó el fuego. Y los críticos del presidente solo vieron en el ejecutivo una serie de torpezas imperdonables, explicaciones confusas y argumentos desatinados.
Esto espoleó a una ciudadanía que ya viene denunciando los altos sueldos que cobran los funcionarios del lado paraguayo de Itaipú, el destino más codiciado por los políticos mejor situados en el gobierno de turno.
Hasta la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), reunida en asamblea, respaldó el rechazo de parte de la ciudadanía y de la oposición contra el polémico acuerdo energético.
Llegado el martes, un grupo de diputados de la oposición paraguaya está estudiando la posibilidad de abrir un proceso de destitución o ‘impeachment’ contra el presidente del país.
Los partidos opositores habrían planteado el recurso después de que el mandatario se negara en un principio a destituir al canciller y al embajador de Paraguay en Brasil por su participación en la polémica acta de contratación de energía de la hidroeléctrica Itaipú.
Castiglioni lamentó que la «tergiversación haya llevado a este estado de crispación» y ha reiterado que lo realizado fue pensado en el «beneficio» de la nación.
Paraguay y Brasil son socios en Itaipú, la mayor central del mundo en generación de energía, y se preparan para negociar el futuro de la entidad en vistas al vencimiento de un anexo clave de su tratado fundacional en 2023.
Ayer el presidente Abdo Benítez tomó juramento al sucesor del canciller Castiglioni, su número dos hasta ahora, Antonio Rivas Palacios, e informó que ordenó a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) «transparentar y esclarecer» el escándalo que desató el acuerdo con Brasil.
Tras reunirse con el mandatario, el titular de la Senac, René Fernández, y el asesor de Transparencia e Integridad de Presidencia, Carlos Arregui, aseguraron a la prensa que Abdo Benítez les dio «carta blanca» para investigar «todo lo que sea necesario».
El principal partido de oposición, el Liberal, anunció que convocará a todas las fuerzas que no pertenecen al gobierno a sumarse a un pedido de juicio político en el Congreso contra el presidente y su vice, Hugo Velázquez, pese a que Abdo Benítez ya canceló el acuerdo bilateral. Al pedido de juicio se sumó el izquierdista Frente Guasú. El acuerdo de la hidroeléctrica Itaipú que comparten Brasil y Paraguay establece que existen dos precios para la energía producida: la llamada energía segura —es decir, un umbral mínimo de producción garantizada- que hoy cuesta 40 dólares por megavatio y la excedente —la que supera el umbral cuando se produce de más— que cuesta seis dólares.
En los últimos años, el consumo energético creció en Paraguay y ANDE comenzó a comprar más energía, lo que elevó la tarifa para el público en general.
El acuerdo que Abdo Benítez negoció en secreto con el gobierno brasileño establecía que Paraguay debe comprar más energía segura y menos excedentes, lo que supondría un aumento de los costos de 250 millones de dólares para ANDE.
Para la oposición, el gobierno hizo concesiones «inéditas» a Brasil sobre una cuestión que debía renegociar en 2023.
