Trapitos: la Justicia ordenó que la policía de Mar del Plata intervenga rápidamente
El fiscal general adjunto Oscar Deniro emitió una resolución en la que pide recibir de inmediato todas las denuncias* Las playas del sur, San Eduardo del Mar, Güemes y los alrededores del estadio mundialista son las zonas donde se registran más aprietes* Ya hubo más de 20 detenciones.
El 3 de enero, apenas empezada la temporada, llegó el primer aviso de que algunos trapitos serían un problema para los marplatenses y turistas: durante un festival musical en Punta Mogotes cien autos fueron rayados porque sus dueños se negaron a pegar los cien pesos que cobraban los cuidacoches. Con el correr de los días, el desborde fue creciendo: hubo extorsiones en las playas del sur, San Eduardo del Mar, los alrededores del estadio mundialista y hasta en la zona de Güemes se llegaba a permitir estacionar solo por 40 minutos en un espacio público para recaudar más.
Las denuncias y las quejas no pararon de crecer y la Justicia intervino en las extorsiones, amenazas y daños de los «trapitos»: el fiscal general adjunto Oscar Deniro, emitió una resolución en la que le ordena a la policía «actuar con rapidez y eficacia» ante una denuncia y evitar dilaciones de procedimiento.
Veintena de detenciones
En lo que va del año, ya hubo más de 20 detenciones y la Municipalidad montó distintos operativos para atrapar a los «trapitos» cuando intentan cobrar una suma fija para estacionar que, por lo general, suele ser de entre 20 y 40 pesos. Los «cuidacoches» violentos no suelen ser los que trabajan todo el año en Mar del Plata: el concejal radical Maximiliano Abad aseguró que se trata de «mafias organizadas» que suelen venir de otros lugares del país en la temporada.
Las primeras denuncias se conocieron en la Defensoría del Pueblo a través de un programa de defensa del turista.
«Llegaban quejas de vecinos que fueron literalmente apretados por supuestos cuidacoches. Les cobraban para estacionar y si no pagaban los amenazaban con rayarles el auto», explicó el defensor del Pueblo, Fernando Rizzi. Y, enseguida, agregó: «Somos muy cuidadosos al plantear estos casos y diferenciamos entre aquella persona que por una situación de necesidad pide una colaboración a cambio de cuidar los autos y aquella que directamente destruye un vehículo y es un delincuente».
Uno de los casos ocurrió la semana pasada el sobre la ruta 11 frente al Balneario Rilanco. «Me abordó un chico de 1,65 estatura, morocho, delgado, de 17 años, diciéndome que debería pagarle por dejar el auto ahí. Mi hija le respondió que sí para no entrar en discusiones. Iba a almorzar en el bar y me regresaba, con lo cual por una hora no me pareció que debería pagar, así que me retire del lugar y este sujeto vino a decirme que le pagara 20 pesos de mala manera y amenazándome junto con otro señor mayor que se encontraba a 5 metros en dirección a Miramar. Me retire del lugar rápidamente para no ser agredida. Creo que necesitamos que nos defiendan de semejante atropello», contó una víctima en un mail que hizo llegar a la Defensoría. «Nosotros le recomendamos a todas las víctimas llamar al 911 indicando la ubicación y lo ideal sería que haya asistencia policial inmediata. Si no le recomendamos a la víctima que dentro de los posible tome todos los recaudos probatorios. Es decir, si puede tomar alguna grabación o filmar va a ser más fácil de esclarecer el delito, identificar al culpable o en operativos posteriores ya tener señaladas a las personas que están cometiendo estas acciones», afirmó Rizzi.
La extorsión de los «cuidacoches» también tuvo como víctima al defensor del Pueblo, Walter Rodríguez. El jueves a la noche cuando quiso estacionar su auto en las afueras del estadio mundialista le quisieron cobrar 35 pesos. Ese día jugaban Independiente y Estudiantes. El fútbol de verano suele ser tierra fértil para los «trapitos». Para evitarlo, el concejal Maximiliano Abad presentó un proyecto de ordenanza para que esas zonas sean otorgadas a entidades de bien público (ver aparte).
Ante el crecimiento de las denuncias y las quejas, la Defensoría del Pueblo le comunicó a la Fiscalía General las zonas de la ciudad donde se producían los hechos y le pidió a la Municipalidad que realice controles preventivos. También sumaron las denuncias de Abad. «Expresamos cual era la preocupación, cual era el modus operandi y que muchas veces la gente se siente desamparada porque sabiendo que hay que hacer la denuncia al 911 o en sede policial no siempre obtiene la respuesta que espera y esto significaba cierta desprotección o desamparo para el ciudadano», explicó Rizzi.
Resolución judicial
A fines de la semana pasada, el fiscal general adjunto Oscar Deniro emitió una resolución ante el reclamo de la Defensoría del Pueblo y el concejal radical. En ella, le solicita al jefe de la Policía Departamental, Rodolfo Romano, «que disponga lo pertinente para evitar la comisión de los hechos denunciados, debiendo en cada caso en que se reciba un llamado por cualquier vía actuar con la rapidez y eficacia para comprobar la existencia del hecho ilícito». «Deben hacer cesar los efectos del mismo, e identificar a su autor o autores, comunicando de inmediato al fiscal que corresponda según la naturaleza del delito y la persona de su autor o autores», dice la resolución. Y agrega: «Deberá además, informar acerca de la existencia de los hechos mencionados por Abad en esta presentación como ocurridos en Punta Mogotes indicándose en caso afirmativo autoridad del Ministerio Público a la que se le anoticiaron los mismos».
Deniro dispuso remitir copia de su resolución al intendente municipal para que disponga «lo necesario para el adecuado contralor de las zonas afectadas, en las cuales las personas involucradas obligan a estacionar de modo indebido».
«Esto quiere decir que si hay un policía que es advertido en la vía pública, tiene que intervenir. O en el caso, por ejemplo, de que nos llegue la denuncia por cualquier vía y le demos trasladado a la policía, ésta tiene que intervenir, tiene que investigar», sostuvo Rizzi.
Detenciones y controles
Ante el crecimiento de las denuncias, la policía y la Municipalidad comenzaron a trabajar en distintas zonas de la ciudad: ya hubo 20 «trapitos» detenidos.
«Lo que estamos haciendo es una tarea de observación conjuntamente con la policía donde registramos fotos y filmaciones en diferentes horarios y lugares donde las personas estacionan sus vehículos en espacios públicos.
Luego de las observaciones nos acercamos, le preguntamos al conductor si le han exigido dinero y en la medida en que nos confirman esta situación llamamos al Comando de Prevención Comunitaria para que se constituya e interceda», explicó el secretario de Seguridad, Adrián Alveolite. Y agregó: «Exigir dinero es un delito y nosotros no podemos permitir que eso pase».
El secretario de Seguridad reconoció que durante la temporada viene «mucha gente de afuera de la ciudad» que puede cometer delitos. «Con la policía trabajamos en la identificación de muchísimas personas que realizan esta actividad con la tecnología del morpho touch, que a partir de colocar la huella dactilar surgen todos los antecedentes de las personas y por supuesto los requerimientos judiciales y si pesa sobre estos individuos algún tipo de medida», sostuvo.
