Traspaso de la Policía: Amplio respaldo a un informe crítico de los fondos destinados a CABA
Las únicas negativas llegaron de los representantes de CABA y Mendoza. La Nación se abstuvo, Córdoba sorprendió y Corrientes estuvo ausente.
Las únicas negativas llegaron de los representantes de CABA y Mendoza. La Nación se abstuvo, Córdoba sorprendió y Corrientes estuvo ausente.
Una veintena de provincias aprobó un informe técnico de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) que contradice los argumentos del Gobierno porteño sobre los fondos otorgados por Nación para la Policía a la Ciudad de Buenos Aires en 2016. El texto establece en 11.000 millones de pesos el monto de esa operación, en contraposición a los 18.000 millones que fijó el Ejecutivo porteño para esa maniobra.
El documento, que tuvo un amplio respaldo, recibió las negativas de los representantes de CABA y Mendoza. Hasta último momento existió incertidumbre en torno a la posición de Córdoba, que finalmente terminó avalándolo. La Nación, por su parte, se abstuvo y Corrientes se ausentó.
Los detalles técnicos
En el informe el organismo determinó que «se evidencia que tanto la Contaduría General de la Nación como la Tesorería General de la Nación registran ingresos al Tesoro Nacional provenientes de la CABA, durante los ejercicios 2016 y 2017, por las sumas de $8.350.718.603,97 y $3.135.737.825,16, respectivamente». En ese sentido, concluye «que el costo total estimado de la transferencia de funciones asciende a la suma de $11.486.456.429,13, sin perjuicio de la correspondiente deflactación que pueda corresponder en los diferentes períodos».
En paralelo, el escrito aportado por Nación durante las negociaciones con el Gobierno de la Ciudad había arrojado un número similar, en poco más de 8.000 millones de pesos, sin tener en cuenta el índice inflacionario contemplado por el informe de la CFI, lo que dejó en claro cifras similares.
Estos números, proyectados al año 2021 marcaron también contradicciones, dado que CABA reclama 112.000 millones, mientras que las provincias avalaron con su informe técnico un monto de 43.000 millones de pesos. La cifra referenciada no contiene compensación alguna por la transferencia de bienes acordada en los convenios.
La aprobación del informe por parte de las provincias está en consonancia con la misiva que los gobernadores le enviaron a la Corte Suprema a fines de marzo. En la carta, manifestaron que por decisión del expresidente Mauricio Macri, «la Ciudad vio incrementada en forma desmesurada la distribución de recursos por la participación que recibe de la Nación» y cuestionaron que lo realizó «sin brindar mayor justificación».
«Se violaron los principios de equidad, solidaridad y de igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, aumentando los recursos de un distrito que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal en comparación con la mayoría de las provincias argentinas», indicaron.
Judicialización
La disputa judicial comenzó con una presentación realizada por el gobierno Horacio Rodríguez Larreta, luego de que el presidente Alberto Fernández decidiera redireccionar el dinero que Macri concedió a la Ciudad. En ese entonces, el líder del PRO elevó los fondos coparticipables que recibía el distrito porteño del 1,4 al 3,75 por ciento, cifra que luego bajó a 3,5. En septiembre de 2020, Fernández dispuso que el porcentaje sería de 2,32 por ciento y Larreta acudió a la Corte para reclamar su inconstitucionalidad.
Hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.
En marzo pasado, el máximo tribunal dio 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril. Al día siguiente de ese vencimiento, la Corte Suprema aceptó el pedido realizado por las partes y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones que sostienen ambas jurisdicciones.
