Un rechazo en bloque a la persecución judicial contra CFK
Las bancadas oficialistas de Senadores y Diputados se pronunciaron en defensa de Cristina Fernández de Kirchner tras la condena en la causa Vialidad, denunciaron su proscripción y solicitaron una audiencia con la Corte Suprema para reactivar el Consejo de la Magistratura.
Las bancadas oficialistas de Senadores y Diputados se pronunciaron en defensa de Cristina Fernández de Kirchner tras la condena en la causa Vialidad, denunciaron su proscripción y solicitaron una audiencia con la Corte Suprema para reactivar el Consejo de la Magistratura. Las principales figuras del Frente de Todos respaldaron a la vicepresidenta y advirtieron que el ensañamiento judicial contra ella impacta en toda la sociedad.
«No existe más el Poder Judicial, fue reemplazado por una mafia judicial». Con estas palabras, los bloques oficialistas del Senado y la Cámara de Diputados cerraron filas en defensa de Cristina Fernández de Kirchner ante el fallo condenatorio en la causa Vialidad, denunciaron su intento de proscripción y solicitaron una audiencia con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para terminar con la parálisis que arrastra el Consejo de la Magistratura. No fueron los únicos: de manera coordinada y unificada, las principales figuras del Frente de Todos -desde gobernadores y el círculo interno de la vicepresidenta hasta funcionarios y dirigentes-, así como numerosos referentes internacionales (como Lula Da Silva), salieron a respaldar a CFK y alertaron sobre el daño que su condena podría hacerle a la democracia. La consigna fue exhibir la gravedad que el ensañamiento judicial contra la vicepresidenta tiene para la sociedad toda. Una suerte de reversionamiento de las palabras que la propia expresidenta sostuvo en uno de sus alegatos finales en el juicio: «No vienen por Cristina, vienen por todos».
«El Poder Judicial ha sido reemplazado por una mafia judicial que es empleada de los poderes económicos del país. Y es algo que afecta a todos los argentinos y argentinas. Esta no es la agenda judicial de Cristina, a ella ya lograron condenarla, es la agenda de la sociedad, es la agenda de todos ustedes. Porque la mafia judicial es la que decide sobre sus libertades», declaró una agotada Juliana Di Tullio durante la conferencia de prensa que se había organizado en Pasos Perdidos. A su lado estaba Lucía Corpacci (vicepresidenta del Frente Nacional y Popular, uno de los bloques que integran el interbloque oficialista en el Senado), el presidente del bloque oficialista en Diputados, Germán Martínez, y la diputada Vanesa Siley. El objetivo había sido aprovechar el rechazo oficial del cuerpo legislativo a la condena a CFK para poner en primera plana «los comportamientos mafiosos» de un sector de la Justicia, en referencia principalmente al escándalo del viaje a Lago Escondido y los chats para intentar ocultarlo.
«Hemos atravesado varias situaciones de impunidad en el país, pero nunca hubo una connivencia tan grande, se fue sofisticando hasta lograr corromper a la totalidad de uno de los poderes del Estado», siguió Di Tullio, senadora cristinista que la noche anterior había estado junto a la vicepresidenta en su despacho en el Senado. Luego del fallo condenatorio y sus últimas palabras, CFK estuvo reunida con ella, Anabel Fernández Sagasti, Oscar Parrilli, Mariano Recalde, Juan Grabois, Máximo Kirchner y Mayra Mendoza hasta tarde a la noche (aunque la vice se fue antes para viajar a Ensenada). Participó brevemente la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, para terminar de cerrar la idea de elevar el malestar generado por la condena a la Corte Suprema: el plan era exigirle una audiencia que permitiera descongelar la parálisis en la que se encuentra el Consejo de la Magistratura por culpa de un festival de judicializaciones que comenzaron cuando el máximo tribunal derogó la ley que ordenaba la composición del organismo.
«Si la Corte Suprema ha tenido un rol fundamental en el proceso de paralización, ahora también le cabe la responsabilidad para que empiece a funcionar», afirmó Germán Martínez, anunciando que los bloques oficialistas le habían mandado una carta a la Corte solicitando una audiencia. El Consejo de la Magistratura ha estado prácticamente sin actividad desde que Rosatti asumió la presidencia: Siley, exconsejera, recordó que solo se reunieron dos veces y en ningún momento se avanzó para cubrir con las numerosas vacantes del fuero civil. Así, el organismo no ha podido cumplir con su función de disciplinar y remover jueces, y el FdT está abocado a que se investigue el viaje de cuatro jueces y dos funcionarios porteños a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido invitados por empresarios de medios. «No son cuatro jueces, son cuatro hampones. Una mafia contratada por el poder privado para hacerle daño al país», señaló Di Tullio.
En el Congreso predominaba un ambiente más bien alicaído, con muches legisladores golpeados aún por la confirmación de la condena, pero fundamentalmente por el renunciamiento de CFK a ser candidata en 2023. Entre quienes más la conocen no había sorpresa, pero sí pesadumbre y cierta impotencia. Respecto de la posibilidad de una audiencia con la Corte que destrabara la situación del Consejo de la Magistratura, mientras tanto, había un poco más de optimismo. «¿Hasta cuándo van a poder seguir paralizando todo? La discrecionalidad de la Corte tiene un límite, se están quedando sin margen de movimiento. Nosotros les tiramos una soga, si son inteligentes la van a agarrar», analizó un diputado del FdT.
Más repudios
Además del Congreso de la Nación, las legislaturas bonaerense y porteña también salieron a repudiar la condena a CFK y la relacionaron con el escándalo de Lago Escondido. «Todo ese desarrollo puso en evidencia la existencia de un sistema paraestatal mafioso que atenta contra la democracia», sostuvo Teresa García, jefa del bloque oficialista de senadores bonaerense. El gobernador Axel Kicillof denunció que el fallo del Tribunal Oral Federal 2 era el «funeral de la credibilidad de la Justicia» y que implicaba «una proscripción al peronismo, en la persona con más representación».
Quien tuvo un particular raíd mediático fue el ministro bonaerense -y habitual lanzallamas de La Cámpora- Andrés «Cuervo» Larroque, que salió a hablar en diversas radios para alertar respecto al fallo condenatorio. «Estamos ante una situación límite. A Cristina intentaron matarla. Este es un peldaño más. Claramente el objetivo es proscribirla, sabemos que después hay tiempos procesales, pero lo que se busca es hacer el daño y correrla del escenario electoral. Es la dirigente más honesta que tiene Argentina», aseguró a Radio La Red, y agregó: «Acá tiene que haber una movilización del pueblo, una toma de conciencia de cuál es la pelea».
También de manera organizada, la liga de gobernadores del PJ se sumó a la ola de repudios y denunció que el fallo «atentaba contra la democracia». «La inhabilitación para ejercer cargos públicos es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza. Tal como aconteció en 1955 con la revolución libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos», denunciaron, a través de un comunicado, los 15 gobernadores que integran la liga, entre quienes están Kicillof, Ricardo Quintela, Jorge Capitanich, Alicia Kirchner e, incluso, algunos más alejados de CFK, como Gustavo Bordet y Sergio Uñac. También se reunió la mesa nacional de la Corriente Nacional de la Militancia, que preside Agustín Rossi, y convocó a defender a CFK.
