Una congestión de alto costo
El juez Sergio Torres requirió información al Ministerio de Transporte por la operatividad de los aeropuertos a raíz de la saturación que provocará el arribo de las low cost. La semana que viene se aprobarían otras 727 rutas.
El juez Sergio Torres requirió información al Ministerio de Transporte por la operatividad de los aeropuertos a raíz de la saturación que provocará el arribo de las low cost. La semana que viene se aprobarían otras 727 rutas.
A una semana de que se lleve a cabo la segunda audiencia pública para repartir rutas a aerolíneas low cost, el Gobierno recibió una intimación del juez federal Sergio Torres para que presente un informe sobre la seguridad del tráfico aéreo y el uso racional del espacio en los aeropuertos. El pedido del magistrado es en respuesta a un estudio de la Asociación Nacional de Aviación Civil (ANAC) que alerta principalmente acerca de la situación de las terminales de Ezeiza y Jorge Newbery, que se encuentran operando al límite de su capacidad. La intimación se enmarca en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la asignación de rutas a las empresas Flybondi, que las obtuvo sin tener aviones, y Avianca, la firma colombiana que el año pasado adquirió las operaciones de la aerolínea MacAir, de la familia presidencial.
El miércoles próximo el Ministerio de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich, y la ANAC realizarán una audiencia pública, la segunda desde que se abrió el mercado aerocomercial a las low cost. Pese a la presentación que realizaron los gremios para evitar que se concrete la audiencia, nueve empresas pidieron 727 rutas aéreas de transporte de pasajeros, de cabotaje e internacionales, y otras cuatro para carga y vuelos no regulares.
En el pedido de informes del juez Torres se reclaman explicaciones al ministro Dietrich acerca de “si se encuentran dadas las condiciones de seguridad, tanto en términos operacionales como en efectividad del sistema”. El informe de la ANAC fue categórico, pese a dar curso a una nueva audiencia, y advierte que el aeropuerto internacional de Ezeiza y el metropolitano están “prácticamente al límite de su capacidad”. El más complicado es Aeroparque, que, según afirmó Torres, “viene presentando un incremento de las operaciones diarias, producto entre otros factores del aumento de los vuelos regionales, agravando la situación de congestión a causa de la estacionalidad de dichas operaciones, generándose un lógico aumento en momentos determinados del año”.
Esta situación también fue denunciada por los gremios y la respuesta del gobierno fue presentar un plan de traslado progresivo de las operaciones de vuelos regionales desde Aeroparque a Ezeiza. El objetivo oficial es liberar a partir del año próximo espacio en la terminal metropolitana para el arribo de las nuevas compañías low cost que ingresen al mercado local. “Esta situación no sólo genera complicaciones operativas sino también de infraestructura al encontrar dificultadas para albergar la cantidad de usuarios dentro de sus instalaciones. La incorporación de nuevos operadores y rutas aéreas, el incremento de operaciones que ocurrirá a partir de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y aquellos eventos que podrían implicar un movimiento adicional de personas y maquinarias”, advirtió Torres.
En el caso de Ezeiza, también se hace hincapié en el pedido de información del juez por las obras de acondicionamiento del nuevo hangar presidencial, “siendo que el ingreso de personal y vehículos afectados a tales menesteres necesariamente generará un mayor tránsito en la zona”. Las obras del hangar presidencial utilizarán el espacio que comprende el ex hangar 10 Baires Fly, que fue demolido, la calle de acceso y el espacio del hangar 11 de Aerolíneas Argentinas”.
Frente a este panorama, Torres requirió a Dietrich y a las autoridades de la ANAC y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos la elaboración de un informe pormenorizado, relativo a las gestiones que se concretaron, se encuentran en curso o que, en lo sucesivo se implementarán, tendientes a garantizar la seguridad del tráfico aéreo y el uso racional del espacio.
El objetivo es saber “si se encuentran dadas las condiciones de seguridad, tanto en términos operacionales como en efectividad del sistema, en el marco de las actividades propias de aeronavegación a nivel nacional e internacional en todas las estaciones aéreas y, en particular, aquellas que se desarrollan en el Aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza”, remarca el escrito con el pedido del juez Torres.
