Una misión argentina denunció un plan sistemático de represión ilegal en Colombia
"El documento es un material más que rico para poder abrir la jurisdicción universal y someter a juzgamiento a cada una de estas violaciones a los derechos humanos", sostiene Ismael Jalil, dirigente de la Correpi,.
«El documento es un material más que rico para poder abrir la jurisdicción universal y someter a juzgamiento a cada una de estas violaciones a los derechos humanos», sostiene Ismael Jalil, dirigente de la Correpi,.
La Misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos que organizaciones argentinas desplegaron en Colombia denunció al gobierno de Iván Duque por implementar un «plan sistemático de represión ilegal que constituye delitos de lesa humanidad». En un extenso y contundente informe final, la delegación detalla el accionar del Estado colombiano frente la población civil durante las protestas que fueron del rechazo a una regresiva reforma tributaria al pedido de políticas sociales más activas y una profunda reforma policial. La Fiscalía colombiana documenta al menos 21 muertes en los 50 días que duraron las manifestaciones hasta la «tregua» pactada entre el gobierno y el Comité del Paro, aunque para distintos colectivos de derechos humanos la cifra de víctimas asciende a 84.
«El informe es el resultado de todo lo que recogimos en Colombia. Nosotros no constituimos una misión de peritos que van por ahí sacando fotos de manchas de sangre, lo que hemos hecho es hablar cara a cara en el territorio con quienes sufren el despliegue represivo del Estado colombiano», explica en diálogo con PáginaI12 Ismael Jalil, dirigente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Por su parte Marianella Navarro, delegada del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), afirma que el documento está dirigido «a las víctimas de la represión, a quienes sufren, a las madres que siguen buscando a sus hijos desaparecidos».
La misión argentina que permaneció en Colombia entre el 25 de mayo y el 4 de junio está integrada por representantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales como el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Correpi y el FOL. El informe final fue presentado este martes en la sede de ATE en la ciudad de Buenos Aires, el mismo día en que miles de manifestantes volvieron a copar pacíficamente las calles colombianas.
El enemigo interior
En una «reversión» de la doctrina de seguridad nacional, el Estado colombiano consideró «enemigo interior a su población civil indefensa y descargó sobre ella una violencia represiva propia de una confrontación bélica» durante casi dos meses de protestas, porque la fuerza pública «incumplió con los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho respetuoso de los derechos humanos», remarca el informe.
«Trilogía del terror»
Marianella Navarro sostiene «sin lugar a eufemismos» que en Colombia «se vive el terrorismo de Estado y se violan sistemáticamente los derechos humanos de la población en general: los jóvenes de la primera línea, las mujeres que sufren abusos y violaciones por parte de agentes de la fuerza pública, las comunidades afrodescendientes e indígenas que padecen el racismo y el despojo territorial». Para Ismael Jalil, en el país latinoamericano existe «una trilogía del terror» entre la policía, el ejército y los paramilitares, «todos actores guionados por un mismo autor que es el Estado».
En sintonía con los pedidos de los manifestantes, la misión argentina le exige al Estado colombiano que desmantele el cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y cumpla con los Acuerdos de Paz firmados en 2016 con las exFARC. Además plantean en el documento que cese la «sistemática persecución, desaparición y asesinato de los/as firmantes de esos acuerdos y de líderes y lideresas que expresan la genuina representatividad del pueblo».
Los casos testigo
El documento es fruto de un trabajo de campo intenso realizado por el colectivo argentino durante su estadía en Colombia. Recorrieron distintas regiones del país recogiendo de primera mano los testimonios, pruebas y denuncias sobre las violaciones a derechos humanos por parte del Estado colombiano: visitaron ámbitos sociales, religiosos y culturales, hospitales y hasta los propios domicilios de las víctimas y/o sus familiares y allegados.
De esa forma se toparon con casos testigo como el de Alexander Ascué Medina, joven indígena reportado como desaparecido el 12 de mayo que reapareció al día siguiente con contusiones en ambas rodillas y traumatismos múltiples en la cabeza a manos del Esmad. O el homicidio de Brayan Niño el primero de mayo en el parque Pedro Fernández de la localidad de Madrid, departamento de Cundinamarca. Padre de 24 años, Brayan recibió el impacto en el rostro de un proyectil disparado desde una tanqueta de la fuerza antidisturbios que terminó con su vida.
Otra muerte trágica es la de Alison Lizeth Salazar Miranda, de 17 años. El 12 de mayo fue detenida ilegalmente en Popayán, departamento del Cauca, por agentes del Esmad mientras filmaba con su celular la represión a una de las tantas manifestaciones. Según denunció la menor, fue levantada del suelo bruscamente por cuatro agentes y trasladada a una Unidad de Reacción Inmediata (URI). Durante el trayecto, Alison llegó a contar que la desvistieron y le dieron un golpe a la altura del tórax, causándole múltiples hematomas. Luego de permanecer casi dos horas detenida fue entregada a su abuela. Al día siguiente de la agresión apareció sin vida en su hogar. Horas antes del suicidio y a través de su perfil de Facebook, Alison relató de manera escalofriante los hechos de los cuales había sido víctima: «Me manosearon hasta el alma».
El papel de la justicia
A la luz de las pruebas que demuestran el feroz despliegue represivo estatal, la delegación argentina repudia el rol del Poder Judicial «en función del encubrimiento y eventual impunidad de los responsables políticos y materiales a través de la inoperancia en algunos casos y de sus iniciativas en clave de la elaboración de los falsos positivos judiciales en muchos otros». Esa situación se evidencia en los avances prácticamente nulos en las causas judiciales que involucran a funcionarios públicos colombianos como posibles autores de daños a personas desarmadas en el marco (o no) de las protestas.
Sobre ese punto Jalil advierte: «Todo lo que recolectamos fue tan circunstanciado, meticuloso, incluso avalado por prueba audiovisual en muchos casos… Sería el colmo que los que estén en condiciones de juzgar esto no lo hagan». Sin ocultar su indignación, el abogado y dirigente de la Correpi remarca que el informe final de la delegación argentina «tiene un doble valor porque por un lado da testimonio y deja registrado todo lo que vimos, y por otro lado es un material más que rico para poder abrir la jurisdicción universal y someter a juzgamiento a cada una de estas violaciones a los derechos humanos».
