Una visita de los inquilinos
Los Inquilinos Agrupados acordaron con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad un plan de visitas a inmobiliarias. Los inquilinos denuncian que no se cumple la reciente ley, que deben pagar comisiones y otros rubros.
Los Inquilinos Agrupados acordaron con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad un plan de visitas a inmobiliarias. Los inquilinos denuncian que no se cumple la reciente ley, que deben pagar comisiones y otros rubros.
A cincuenta días de haber entrado en vigencia la ley que prohíbe cobrar comisiones a los inquilinos a la hora de alquilar, y del incumplimiento de las inmobiliarias para aplicarla, la organización Inquilinos Agrupados (IA) logró acordar con los responsables del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) un plan conjunto, que arranca hoy, para controlar la aplicación de la norma. El titular de IA, Gervasio Muñoz, explicó a PáginaI12 que “desde que se votó la ley los controles por parte del gobierno fueron nulos y la oposición del Colegio Inmobiliario fue rotunda. Al principio empezaron a cumplirla hasta que vieron que no había control, hoy la ley no se cumple y tenemos cada vez más denuncias. Por eso veníamos exigiendo que el gobierno tuviera un rol más activo, como lo tiene para otras cosas” y remarcó que “para alquilar hay que destinar cada vez más salario y hay cada vez más inquilinos en la ciudad. El crédito hipotecario no cambió la tendencia”.
La ley 5859, que comenzó a regir el 18 de septiembre pasado, ordena que el pago de las comisiones sea responsabilidad del propietario y no del inquilino. Además, establece que en los trámites de gestión los inquilinos deberán abonar: 360 pesos por el pedido de informe de propiedad inmueble y otros 450 pesos por la certificación de firma, que son las tarifas oficiales que estipula el Registro de la Propiedad Inmueble, y que al día de hoy no se cumplen. Según Muñoz, por estas gestiones las inmobiliarias llegan a cobrar entre tres mil y cinco mil pesos. La ley también le dio competencias al IVC para llevar a cabo el control de su aplicación.
La campaña que se lanza incluirá publicitar los derechos de los inquilinos en páginas web del gobierno y en la línea telefónica de atención al ciudadano 147, en la que hasta hace poco sus operadores no estaban capacitados para responder sobre el tema.
Cinco días después, el 13, se entregarán calcos con información sobre la ley al Colegio de Corredores para que lleven adelante la fijación en todas las vidrieras de las inmobiliarias, como estipula la norma. Además, se harán operativos sorpresa para verificar el cumplimiento.
El referente de los inquilinos detalló que el plan conjunto con el IVC incluye “nuestra participación en los operativos y, además, vamos a contar con una mesa bimestral para hacer el seguimiento de las denuncias que nos acercan. Hasta ahora las inmobiliarias hicieron lo que quisieron, en una clara señal política al gobierno que se los permitió”.
Muñoz advirtió que presentarán también un “proyecto para que se le saque el poder de policía al Colegio Inmobiliario porque no cumple con sus funciones, que es controlar que la ley se cumpla. No sólo no lo hacen sino que además operaron para que la ley se caiga marchando, como lo hicieron, a la Legislatura y a la quinta presidencial”.
El 24 de agosto, los inquilinos porteños –un 35 por ciento de los habitantes de la Ciudad, según estadísticas oficiales– festejaron cuando la Legislatura porteña aprobó, por 51 votos a favor y 2 abstenciones, la modificación de la ley 2.340 y estipularon que son los propietarios quienes deben pagar la comisión de los contratos de alquiler. Sin embargo, un día después de la aprobación, las inmobiliarias salieron al cruce y anunciaron desde la judicialización de la medida hasta que los propietarios iban a preferir vender los inmuebles antes que alquilarlos.
Para Muñoz, el avance de las inmobiliarias estuvo relacionado con la inmovilidad de un gobierno que está muy ligado al sector inmobiliario –el ministro de Modernización Innovación y Tecnología, Andy Freire, fue CEO del grupo IRSA– y al que se le generó contradicciones a la hora de avanzar, luego de haber impulsado la norma en la Legislatura.
“Desde que comenzó a regir la ley el gobierno nos dijo que llevaba tiempo implementarla. Pero no creemos que sea una cuestión de tiempo sino de voluntad, por eso le exigimos fecha y plazos al IVC. Sin fechas, todo queda en una cuestión abstracta. La novedad en todo este proceso es que los inquilinos tienen voz, y es nuestra tarea controlar la actividad inmobiliaria y lograr que se pueda acceder a un alquiler de forma justa en la ciudad porque no es la lógica del mercado la que va a arreglar el tema de la vivienda”, remarcó Muñoz, y adelantó que insistirán para que se sancione la ley votada en el Senado y frenada en Diputados que establece un índice para regular el precio de los alquileres en todo el país.
