Unquillo: despidieron por decreto a 182 trabajadores municipales
En medio de una grave crisis institucional, el intendente Fabrissín decidió echar a casi 200 estatales. La Municipalidad ayer permaneció con presencia policial todo el día. Los despedidos planeaban anoche el plan de lucha y algunos denuncian persecución política, además de sentirse rehenes de la disputa entre las dos gestiones.
Luego de unos días de marcada incertidumbre para los trabajadores municipales en Unquillo, el intendente Jorge Fabrissín confirmó lo que se venía diagramando desde hace algunos días en el Ejecutivo local y decidió despedir -por decreto- a 182 empleados. La jornada, que estuvo marcada por la permanente presencia policial de la Infantería en el edificio comunal, comenzó con la notificación para cada uno de los trabajadores que anoche, a última hora, definían el plan de lucha a seguir. Sosteniendo que tanto el Ministerio de Trabajo de la Provincia como así también la Federación de Sindicato de Empleados Municipales están al tanto de la situación y se espera por la presencia de estos últimos para el próximo lunes en la localidad de las Sierras Chicas.
Consultada por LA MAÑANA acerca de lo sucedido, Nora Figueroa, la referente sindical, sostuvo: “Se empezó a notificar a los empleados cerca del mediodía” con custodia policial y “en muchos casos, no nos dejaban ni siquiera entrar a la Municipalidad a buscar las cosas”. “No querían ni siquiera que entráramos a buscar lo nuestro, tuve que insistir para que me dejaran entrar a buscar mi cartera y mi computadora”.
Al mismo tiempo, hubo trabajadores que afirmaron que el intendente “se había enojado porque nos decía que nos aferrábamos a lo laboral, algo que es totalmente lógico”. Y agregan en cuanto a la disputa entre la gestión que asumió el pasado 10 de diciembre y la anterior, encabezada por Germán Jalil, que “quedamos en medio de una bronca en medio de los dos mandatos”. “Con Jalil la relación no era excelente pero había diálogo, en este caso no”.
Anoche, los trabajadores decidieron que habrá una movilización al mediodía en la ciudad a la espera de una marcha atrás en la grave decisión que tomó el Gobierno municipal.
El argumento de la “herencia”
Ayer, al mismo tiempo que los trabajadores eran despedidos, el Ejecutivo encabezado por Fabrissín -gobierna en una alianza entre UPC y el vecinalismo- lanzó un comunicado a los medios explicando la situación con la que se encontró el municipio. Allí, se plantea una diferencia entre lo que dijo dejar en las arcas el Gobierno anterior y lo que había realmente según lo señalado por el Gabinete actual. “Es completamente diferente”, dice el comunicado oficial y sostiene que el saldo en la cuenta del Banco Nación es de $ 36.363,16.
“Si seguimos como hasta ahora, para enero de 2016 sólo en el rubro egresos personal (sueldos de planta política, planta permanente, contratados y monotributistas) el municipio necesitara el 105% de sus ingresos para pagar a los empleados (ósea más de lo que ingresa), repetimos solo para los empleados. No queda nada para combustible, papelería, pintura, seguros, materiales de construcción e iluminación, el área social, salud, deportes, cultura, mantenimiento de la pileta; y menos aun para pagar la deuda”.
Además, en el comunicado se lo cruza a Jalil por “haber dictado en 2015 cuatro decretos de recategorización y tres para pasar a planta permanente a 64 colaboradores”. “Todo eso implica aumento de sueldo para muchos empleados”, sostiene el escrito, denunciando además que los mismos coinciden con la campaña provincial donde Jalil figuraba como candidato a legislador de la alianza Juntos Por Córdoba, compuesta por radicales, juecistas y macristas.
En contrapartida, el exjefe comunal salió hace unos días a plantear que “el problema es financiero y no económico”.
“La deuda global supera los 12 millones de pesos, pero sólo representa un 11 por ciento del presupuesto anual municipal, cifra inferior al 43 por ciento que representó el compromiso de deuda dejado en la anterior gestión comunal” reconoció Jalil y agregó: “La deuda consolidada al finalizar el mandato 2011-2015, es de 648 mil pesos, por diferimento de descuentos de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, a devolver en 6 cuotas; más 1.630.000 pesos por adelanto de Coparticipación, a devolver en 24 cuotas. Ambas son fruto de acuerdos del Gobierno de la Provincia con los Municipios de Sierras Chicas”.
Jalil expresó que se debieron enfrentar dificultades tras la inundación del pasado 15 de febrero, donde se plantearon una serie de situaciones de emergencia que se debieron atender, a pesar de lo cual “se abonaron todos los compromisos, incluyendo los sueldos en tiempo y en forma”. Puntualizó que la única deuda exigible real a diciembre de 2015 era el pago de salarios de noviembre y aclaró que en una reunión 30 días antes de asumir se había manifestado esa situación al intendente electo.
La sesión del fin de semana
El domingo por la mañana se llevó a cabo una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante donde se trataron el presupuesto, la ordenanza impositiva municipal, y la emergencia económica, financiera y administrativa. Sin embargo, la sesión especial del cuerpo legislativo se suspendió, luego que la Policía ingresara al recinto en medio del reclamo de los trabajadores municipales por querer participar, anticipando lo que se vendría.
Ya en aquella ocasión, los empleados municipales dijeron sentirse “rehenes de una puja política”. Aunque ayer manifestaron también que los números dados a conocer por el actual intendente “están inflados”. “Uno firma y sabe con lo que se va a encontrar cuando asume”, señaló a este diario uno de los empleados despedidos.
Anoche, a última hora, un letrado se reunió con el grupo de trabajadores para definir también la estrategia legal a seguir en un conflicto que entra en otra etapa pero parece estar lejos de concluir.
