Uruguay: la oposición se acerca al referéndum para anular una ley neoliberal de Lacalle Pou
El Frente Amplio tiene tiempo hasta el 9 de julio para conseguir las firmas de un 25 por ciento del padrón electoral y despejar el camino hacia la consulta popular.
El Frente Amplio tiene tiempo hasta el 9 de julio para conseguir las firmas de un 25 por ciento del padrón electoral y despejar el camino hacia la consulta popular.
Uruguay está atravesado por la grieta que abrió la Ley de Urgente Consideración. Más conocida por el acrónimo de LUC, la norma aprobada el 8 de julio de 2020 es como la Hidra de Lerna. No tiene múltiples cabezas, pero sí lleva en sus entrañas propuestas surtidas de ajuste, la reglamentación del derecho de huelga, el fortalecimiento del aparato represivo y la degradación de la educación pública. Desde su concepción, es para el gobierno de Luis Lacalle Pou la madre de todas las normas posibles. Para la oposición, básicamente el Frente Amplio, se trata de una ley ómnibus, neoliberal y por eso va por su anulación. Tiene tiempo hasta el 9 de julio para conseguir las firmas de un 25 por ciento del padrón electoral y despejar el camino hacia un referéndum. Si lograra su cometido – al que se acerca a paso acelerado – sería un retroceso evidente para la coalición de cinco partidos de derecha que lidera el presidente.
«Esencia del neoliberalismo»
La campaña que busca habilitar la consulta popular llevaba hasta el martes 22 de junio 572.551 firmas para derogar 135 artículos de la LUC sobre un total de 476. Son la parte nodal de un paquetazo de temas que ya se hacen sentir en la sociedad uruguaya. Uno es el acortamiento del plazo para los desalojos. Ahora se redujo a 30 días y ya “hay niños viviendo en carpas”, le dice a PáginaI12 el ingeniero Manuel Ferrer, representante por Montevideo en el Plenario del Frente Amplio. No es la única crítica que le hace a la ley fetiche del gobierno aprobada hace casi un año. “Representa la esencia del neoliberalismo actual y nosotros debemos anteponerle la serena rebeldía uruguaya que hoy significa firmar” explica el militante que participa en la Comisión por la derogación de esta norma que lleva el número 19.889.
La oposición debe juntar al menos 675 mil adhesiones en un ejercicio complejo de convalidación que se extiende más allá de las fronteras. Los requisitos para participar son tener credencial cívica vigente, estar en el padrón, firmar la papeleta oficial, tomarse las huellas digitales y ante cualquier problema posterior, escribir con lápiz en el reverso del comprobante el teléfono del firmante para ubicarlo en caso de que hubiere una anulación.
Recolección de firmas en Argentina
Argentina tiene la mayor colectividad de uruguayos en el exterior y acompaña la recolección de firmas. La CTA hizo punta en la tarea junto a varios sindicatos. Si se habilitara el mecanismo del referéndum, lo más probable es que se convoque para 2022 y la Corte Electoral de nueve miembros es la que definirá si se cumplieron los requisitos para llamar a consulta sobre la LUC. Llegada esa instancia, el gobierno tiene mayoría con cinco integrantes contra cuatro del Frente Amplio.
El joven senador Alejandro Sánchez integra el Movimiento de Participación Popular (MPP) en el FA y reemplazó en su banca al expresidente José Mujica en octubre de 2020. Desde Montevideo le cuenta a este cronista que “la LUC modificó 220 leyes y es un abuso de poder. Pepe utilizó este mecanismo de emergencia contemplado en la Constitución pero para tratar la crisis habitacional, no para meter adentro un programa completo de gobierno”.
El legislador enumera algunos de los puntos álgidos de la ley: “Tiene un componente central y es que va contra las movilizaciones o estimula la represión social con la figura de la resistencia al arresto o con el agravio a la policía que después lo sacaron. Señala que los piquetes atentan contra la libre circulación de bienes y servicios, además de que reglamenta el derecho de huelga”. Cuando la LUC se aprobó con 18 sobre 30 senadores el 8 de julio del año pasado, Lacalle Pou festejó con un tuit que decía: “un instrumento necesario, justo y popular”.
Sánchez le atribuye la arquitectura de la ley “al poder ejecutivo de la República que se centra en la mesa chica de Lacalle Pou, con el secretario de la presidencia y el prosecretario; y también podría agregar al ministro de Educación y Cultura. Éste último, Pablo Da Silveira, dijo en un programa de radio el viernes 25 que el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, fue una obra fundamentalmente dañina para el país justo cuando se cumplen 50 años de su aparición”.
En la Comisión pro referéndum coexisten con los partidos del Frente Amplio otros sectores de la sociedad toda. La Intersocial Feminista tiene como representante a la politóloga Soledad González. Nos dice que “todo el país está juntando firmas, inclusive han adherido expresiones del Partido Nacional en Tacuarembó y del Colorado en Paysandú. El gobierno, mientras tanto, no debate ni habla del tema. Nos ignoran. Si llegamos a juntar las firmas, yo creo que la votación la ganamos. Esta campaña ha generado mucho debate en la militancia. Se ha incrementado notoriamente la cantidad de adhesiones y aunque están prohibidas las manifestaciones y no hay actos para buscar votos, mantenemos puestos fijos en la avenida 18 de julio, entregamos kits para que firmen, y vamos a lograrlo. Porque esta ley avasalla la democracia”.
Los derechos de los más vulnerables son suprimidos en un tramo de la norma que estará vigente al menos hasta que se vote en el referéndum, si se obtienen las 675 mil firmas. Aquel que ocupe espacios públicos “acampando o pernoctando en ellos”, será intimado a irse. Si eso no sucediera, se lo castigará con una pena de siete a 30 días de trabajo comunitario. En otro artículo se establece: “el que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a policías” será castigado con 3 a 18 meses de prisión. La militante feminista González agrega que “la educación pública ya no se definirá de ese modo, sino educación a secas”, poniéndola a la altura de la privada como una sola unidad de sentido.
La Ley de Urgente Consideración es una herramienta constitucional establecida en la reforma de 1967 a la que no han apelado con frecuencia los diferentes gobiernos. El actual hizo que ella se transformara en una legislación multipropósito, con consecuencias que ya se perciben en la vida cotidiana. Pese a que hoy está vigente, Ferrer sostiene que “si se anulara, todos los actos basados en ella serían anulados. La LUC no tiene quién la defienda, nadie del gobierno está yendo a los programas de TV a acompañarla y existe una complicidad del cerco mediático que invisibilizó la junta de firmas para el referéndum”.
A 48 años del Golpe
Uruguay cumple hoy 48 años del golpe de Estado. El 27 de junio de 1973, una entente cívico-militar se apoderó del gobierno, disolvió el parlamento y con Juan María Bordaberry al frente, se extendió hasta 1985. Hoy los herederos de ese pensamiento integran uno de los partidos que refuerzan la identidad derechista del gobierno. Cabildo Abierto, del exgeneral y actual senador Guido Manini Ríos, ha intentado ponerle una lápida encima a los crímenes del Terrorismo de Estado con la ley de Pretensión Punitiva del Estado que pretende reinstalar. La norma fue declarada inconstitucional en 2009 y anulada en 2011.
