Violencia: al menos 196 defensores ambientales fueron asesinados en 2023
Un nuevo informe de Global Witness documenta la violencia a la que se enfrentan quienes luchan contra las industrias extractivas
Un nuevo informe de Global Witness documenta la violencia a la que se enfrentan quienes luchan contra las industrias extractivas
Al menos 196 defensores de la tierra y el medioambiente fueron asesinados el año pasado mientras intentaban proteger el planeta de las industrias extractivas, según revela un nuevo informe de la ONG británica de derechos humanos Global Witness. El 85% de estos asesinatos se produjeron en América Latina, sobre todo en Colombia, México y Honduras, y afectaron especialmente a los pueblos indígenas, sobre los cuales se ejerce violencia.
Las nuevas cifras elevan el número total de asesinatos desde que Global Witness comenzó a informar sobre los defensores ambientales en 2012 a 2.106 en todo el mundo. Es probable que se trate de una subestimación de lo que ocurre en el terreno, afirma Laura Furones, autora principal del informe. «Los datos están dispersos, son insuficientes, inaccesibles y a veces faltan por completo», afirma.
Titulado «Voces silenciadas: la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente», el informe identifica a Colombia como el país más peligroso del mundo para este tipo de activistas, con al menos 79 asesinatos registrados en 2023. Se trata de la cifra anual más alta documentada por Global Witness. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes colombianas se vieron desproporcionadamente afectados, representando casi el 40% de estos asesinatos.
En agosto, Colombia se convirtió en el último país en ratificar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado medioambiental regional de Latinoamérica, que pretende proteger a los defensores, permitir el acceso a la información medioambiental y garantizar la participación en la toma de decisiones que afectan al ambiente. Con Colombia, ya son 17 los países de la región que han ratificado el tratado.
«El Estado colombiano ha incumplido su deber constitucional de proteger a los defensores. Estas cifras deberían avergonzarnos», afirma Astrid Torres, directora de la ONG colombiana Somos Defensores. «El aumento de los asesinatos está directamente relacionado con el modelo económico extractivista del país. Tenemos cientos de conflictos sociales y medioambientales en todo el territorio».
En México y Honduras se observan tendencias similares, con 18 defensores asesinados en cada país el año pasado. En México, más del 70% de las personas asesinadas eran indígenas. En Brasil, el número de asesinatos descendió de 34 en 2022 a 25 en 2023. Más de la mitad eran indígenas. El informe destaca los avances en la protección medioambiental que se han producido bajo la presidencia de Lula da Silva, que asumió el cargo en enero del año pasado.
«En toda la región, los gobiernos crean narrativas estigmatizadoras contra los defensores, culpando a las comunidades y a las familias y no investigando a las empresas que operan en las regiones donde los defensores son asesinados o amenazados», afirma Alejandra Gonza, fundadora y directora de Global Rights Advocacy, una ONG que trabaja con defensores en Latinoamérica.
Aunque es difícil establecer una relación directa entre el asesinato de un defensor y los intereses de una empresa concreta, el informe señala a la minería como la industria que más muertes provoca. Veinticinco defensores asesinados el año pasado se habían opuesto públicamente a operaciones mineras y el 92% procedía de América Latina, una región con una elevada concentración de minerales fundamentales para la transición energética.
