El 4% de las villas miseria del país están en Córdoba
Un relevamiento del Gobierno provincial indica que la capital cordobesa concentra el 67% de los asentamientos precarios. Se puso en marcha un registro de barrios populares para mejorar las condiciones de vida.
Un relevamiento del Gobierno provincial indica que la capital cordobesa concentra el 67% de los asentamientos precarios. Se puso en marcha un registro de barrios populares para mejorar las condiciones de vida.
“Cuando se habla de pobreza no sólo se hace referencia a la alimentación. La falta de infraestructura es un factor degradante. No tener servicios, no poder acceder a una vivienda digna es parte del contexto de pobreza. A 20 minutos del Centro de la ciudad de Córdoba, hay gente que vive en casas de madera, techos de nailon y pisos de tierra”.
Quien habla es Silvia Quevedo, coordinadora en Córdoba de Barrios de Pie, una de las organizaciones sociales que participaron del relevamiento nacional que motivó la creación de un registro de barrios populares que se encuentran en pleno proceso de integración urbana.
El Gobierno nacional anunció ayer que entregará a los habitantes de villas, asentamientos y urbanizaciones informales de todo el país el Certificado de Vivienda Familiar, que les servirá para acreditar la existencia y veracidad del domicilio, y solicitar la conexión a servicios públicos, como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas.
Así lo estableció el decreto 358/2017 publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio.
La ministra Stanley precisó que el relevamiento arrojó unos 4.100 asentamientos precarios y barrios populares, de los cuales 167 están en Córdoba y 112 en la capital provincial.
Las provincias de Santa Fe y Mendoza tienen más villas miseria: 303 y 205, respectivamente.
De cualquier manera, los 1.612 asentamientos precarios de la provincia de Buenos Aires representan el 40 por ciento del total del país. El conurbano bonaerense y La Plata concentran el 74 por ciento de las villas. La ciudad de Buenos Aires, en tanto, tiene 55 sectores vulnerables.
Funcionalidad
Con el certificado de vivienda, que será emitido por la Anses, también se podrá tramitar Cuit, Cuil, realizar peticiones ante los organismos públicos y solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas.
Stanley agregó: “Pudimos hacer encuestas sobre 402 mil familias, aproximadamente 1.350.000 personas que tenemos censadas y que van a poder retirar un certificado de vivienda de cualquier oficina de la Anses a partir del 8 de junio”.
Sobre la utilidad de ese instrumento, detalló: “Les va a permitir avanzar sobre la regularización de servicios que están llegando a los distintos barrios a través del programa de agua potable y cloaca que se está haciendo en todo el país”.
En el decreto, el Ejecutivo crea, en el ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el denominado Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap).
Su función principal será la de inscribir los bienes inmuebles, ya sean de propiedad fiscal o de particulares, sus construcciones y los datos de las personas que los habitan, al 31 de diciembre de 2016.
En el Registro figurarán “aquellos barrios populares que se encuentren integrados con un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad del suelo ni con acceso regular a, al menos, dos de los servicios básicos”.
Además, la ministra de Desarrollo Social señaló, sobre la base de los datos proporcionados por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010: “Más de 500 mil hogares se encuentran en una situación de tenencia irregular de su vivienda, lo que involucra a más de dos millones de personas”.
En ese marco, Silvia Quevedo, de Barrios de Pie Córdoba, indicó: “Es un reconocimiento para mucha gente que no tiene chances de tener servicios. Es un avance del Gobierno nacional en conjunto con organizaciones sociales. Pero eso no implica que dejemos de reclamar por las cosas que faltan. Estamos peleando para que se declare la emergencia alimentaria”.
Un documento útil. El certificado legaliza el domicilio y reconoce el derecho a acceder a la red pública de agua, electricidad y cloacas y permite exigir transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos.
