AFIP descubrió cuentas de argentinos en el exterior sin declarar por más de u$s2.600 millones
La OCDE había entregado esta información al gobierno de Mauricio Macri en 2017. Sin embargo la gestión Cambiemos no intimó a ninguno de ellos y no hizo nada para frenar la evasión.
La OCDE había entregado esta información al gobierno de Mauricio Macri en 2017. Sin embargo la gestión Cambiemos no intimó a ninguno de ellos y no hizo nada para frenar la evasión.
La Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP) descubrió que un pequeño grupo de contribuyentes oculta al fisco más de 2.600 millones de dólares en 950 cuentas radicadas fuera del país, gracias a un acuerdo de intercambio de información tributaria con los estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las cuentas tienen un mínimo de un millón de dólares cada una y no fueron declaradas. De esos contribuyentes, según consignó BAE Negocios a partir de fuentes del organismo recaudador, 700 no admitieron poseer activo alguno en el extranjero o directamente no presentaron liquidación de Bienes Personales como si no llegaran al mínimo para su pago.
El periodista Alejandro Bercovich reveló además que los inspectores de la Subdirección General de Fiscalización de la AFIP empezaron a evaluar antes de la cuarentena un paquete de información sobre cuentas financieras al que tenían acceso desde 2017 pero que la administración de Mauricio Macri había decidido no utilizar. El objetivo era ampliar la base imponible del impuesto a los Bienes Personales, el único tributo vigente que grava la riqueza. Ahora los dueños de esas cuentas podrían quedar alcanzados y hasta pagar penalidades por haber evadido sus responsabilidades.
Solo en la primera etapa de trabajos para desencriptar y procesar las bases de datos recibidas, el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont identificó 950 colocaciones financieras de argentinos con altos patrimonios que presentan saldos por más de 1 millón de dólares y que no fueron declaradas por sus beneficiarios finales en las declaraciones juradas de Bienes Personales. Aunque los informantes del organismo aseguraron no conocer la identidad de sus titulares, celosamente guardada bajo secreto fiscal, otras fuentes oficiales dijeron a ese medio que en la lista «está todo el establishment» .
Según consta en el Anuario Estadístico 2017, el último con datos anuales consolidados, apenas 32.484 contribuyentes admitieron acumular riquezas por más de 1 millón de dólares, incluyendo inmuebles, vehículos y activos líquidos tanto en Argentina como en el exterior. Entre todos reunían cerca de 104 mil millones de dólares, según sus presentaciones de Bienes Personales. El lote se disparó después del último blanqueo de capitales. En 2015, los millonarios declarados como tales ante el fisco eran menos de 10 mil y la riqueza que admitían no llegaba a los 35 mil millones de dólares.
Entre los titulares de las 950 cuentas que ahora descubrió la AFIP hay tres grupos: los que declararon bienes en el exterior en sus presentaciones de Bienes Personales por un monto inferior al que figura en la información recibida, los que no declararon bienes en el exterior y los que directamente no presentaron liquidación de Bienes Personales, como si sus patrimonios no llegaran a dos millones de pesos.
Según explicó Bercovich quienes ocultaron a la AFIP la existencia de cualquier colocación en el exterior (los integrantes del segundo y el tercer grupo) son 700 argentinos con altos patrimonios. Sus tenencias suman 2.000 millones de dólares. Lo que debieron pagar por Bienes Personales solo en el último año fiscal equivale a 50 millones de dólares, un monto con el cual podrían haberse comprado 5.000 respiradores artificiales al precio al que los vende el mayor fabricante nacional, con planta en Córdoba.
Durante su último año, el gobierno de Macri no solo decidió no utilizar la información que puso a su disposición la OCDE para fiscalizar presuntas maniobras de evasión sino que ni siquiera procesó los paquetes de archivos recibidos.
Ahora la AFIP se propone fiscalizar a todos los contribuyentes para que rectifiquen sus declaraciones juradas y paguen los impuestos adeudados, aunque también podrían aplicárseles las nuevas tasas extraordinarias por la crisis, si se aprobaran.
