«Es un problema, están cobrando cualquier cosa»
Con autoridad delegada por el presidente, cada localidad empezó a inspeccionar. Y descubrieron enormes diferencias de precios.
Con autoridad delegada por el presidente, cada localidad empezó a inspeccionar. Y descubrieron enormes diferencias de precios.
Las ocho personas que aguardan en fila para entrar al Changomás frente a la estación de San Martín se remueven con nerviosismo mientras los inspectores de la municipalidad entran y salen del comercio. «¿Pasa algo?», pregunta una mujer joven, con su voz amortiguada por la tela del tapaboca. «Nada grave, encontramos dos productos que estaban por arriba de los precios máximos», responde uno de los inspectores. La chica asiente con seriedad e insiste: «¿No pueden ir a revisar los almacenes de barrio de acá a unas cuadras también? Están imposibles». El inspector de la Dirección de Defensa al Consumidor de la municipalidad de San Martín le sonríe a través del barbijo reglamentario y le indica el número al cual tiene que enviar el reclamo para que vayan a inspeccionarlo. «Es terrible la cantidad de denuncias que hay, me paso el día respondiendo mensajes. La problemática se hizo muy grande, están cobrando cualquier cosa», explica.
La escena se repite todos los días en diferentes localidades de la Provincia de Buenos Aires. El aumento de los precios en alimentos y productos de limpieza se elevó exponencialmente durante la crisis sanitaria por la expansión de la covid-19 y llevó a que Alberto Fernández firmase, hace dos semanas, el decreto 351/2020, el cual autoriza a los intendentes a involucrarse en el cierre de comercios si encuentran precios que estén por encima de los máximos. A través de esta resolución, las autoridades municipales -que ya venían realizando tareas de «flexibilización y control» de precios en sus territorios- sumaron respaldo y poder para hacer cumplir la exigencia de retrotraer los precios máximos a su valor del 6 de marzo.
Inspecciones y clausuras
«Nos entran alrededor de cien denuncias por día. A partir de ahí, nosotros hacemos una limpieza e investigamos. Y hemos detectado grandes infracciones, con corrimientos de precios que van desde un dos a un treinta por ciento», señala Adrián Ganino, director de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de San Martín. Los productos de primera necesidad -como leche, arroz, azúcar, harina y alimentos envasados- son los que registran una mayor diferencia de precios. En los productos de limpieza, como lavandina y detergente, también se detectaron mayores sumas y, en muchos casos, se apuntó que había faltantes. «Es abusivo», agregó Eduardo López, uno de los cuarenta inspectores que llevan a cabo las fiscalizaciones diarias en San Martín.
Al igual que la mayoría de las localidades, el principal problema son los almacenes de barrio y los chinos, que es en donde los inspectores registran más especulaciones con los precios. Desde el 27 de marzo, la municipalidad de San Martín realizó un total de 81 inspecciones y labró 57 actas de infracción, de las cuales más de la mitad provinieron de supermercados chinos. Las multas van desde los 25 mil hasta los cien mil pesos, dependiendo del tamaño del comercio, la cantidad de infracciones y si son reincidentes. Sin embargo, por orden del intendente Fernando Moreira, en San Martín hay una política de no realizar clausuras para evitar generar trabas al abastecimiento de los vecinos y vecinas.
El sistema de control de precios, sostenido sobre las resoluciones 100/20 y 102/20 de la Secretaria de Comercio Interior de la Nación, es muy similar en todos los municipios. La primera resolución es la que determina que cada comercio debe retrotraer sus precios máximos al valor que cada producto tenía el 6 de marzo; la segunda es la que establece que cada negocio debe contar con una declaración jurada que atestigüe qué valores tenían sus productos en aquella fecha. De esta manera, cuando los inspectores e inspectoras llegan al comercio, lo primero que hacen es exigir el listado de referencia -de no encontrarse se labra un acta- y después pasan a hacer una fiscalización de una veintena de productos para comparar con los precios de referencia.
Por lo general, si los inspectores encuentran que hay subas, labran un acta y los hacen comprometerse a bajar los montos. Ahora, si realizan una segunda visita y descubren que no se adecuaron los valores de los productos, se clausura el comercio o se impone una multa económica. Según cálculos del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, en la última semana se realizaron un total de 600 fiscalizaciones en el territorio bonaerense, de las cuales 190 terminaron con la clausura preventiva del negocio. Durante la clausura preventiva, los supermercados o comercios de barrio pueden hacer su descargo frente a la Secretaría de Comercio de la Nación, que será quien, en última instancia, determinará la multa o la pena.
Experiencia municipios bonaerenses
Con el decreto 351/2020, Alberto Fernández delegó en los y las intendentes la tarea de controlar el persistente incremento de precios en los comercios de cercanía. «Nosotros hace varios años que veníamos haciendo control de precios y de abastecimiento en el municipio, pero el decreto presidencial nos permitió volver a salir con mucha más fuerza», indicó el intendente de Morón, Lucas Ghi. «En la última semana realizamos 40 actas de infracciones y dos clausuras. Tenemos un equipo de treinta personas que, a partir de las denuncias que nos llegan a un 0800 que habilitamos para este efecto, salen todos los días a controlar decenas de comercios a lo largo del territorio», explica Ghi.
«Nosotros estamos llevando adelante operativos en todo el distrito para controlar que no haya precios excesivos. Desde que se dictó el aislamiento social obligatorio, en Quilmes hemos realizado un total de 250 relevamientos», comenta, por su parte, la intendenta Mayra Mendoza. En estos 250 relevamientos, sin embargo, se detectaron sólo 21 infracciones, aunque 18 casos terminaron con clausuras. En Quilmes, los productos que más aumentaron fueron las verduras, frutas, alcohol en gel, carne, huevos y artículos de limpieza.
En el caso de Hurlingham, el municipio ya realizaba operativos de control de precios junto a la Secretaría de Comercio de la Nación desde principio de año, en el marco del relanzamiento del programa de Precios Cuidados. A partir de la expansión de la pandemia, y especialmente a partir del establecimiento del aislamiento social obligatorio, las inspecciones en comercios y farmacias se ampliaron, causando varias infracciones y clausuras. Específicamente, desde el 20 de marzo se realizaron un total de 120 inspecciones y se labraron más de veinte actas de infracción, en su mayoría por culpa de sobreprecios en los casos de verduras, frutas y carnes.
«El problema con las verdulerías y las carnicerías es que no tienen precios máximos. No exhiben los precios, te cobran cualquier cosa y no tenés manera de controlarlo», explica Ricardo Mineo, inspector de San Martín, en donde están realizando un relevamiento pormenorizado por kilo de los valores de algunos productos para poder establecer algunos precios de referencia. El caso del municipio de San Martín es particular también porque allí, además de hacer control de precios máximos, los inspectores realizan ya hace varios años un control de góndola-caja. Con esta fiscalización, los inspectores controlan que el precio señalado en los carteles de las góndolas sea el mismo que aparece en la caja a la hora del cobro. Muchas veces, se encuentran diferencias «desastrosas»: «La última vez fuimos a chequear la denuncia de una señora que había comprado un detector de gas señalado como que salía 238 pesos y que en la caja se lo cobraron a 1700 pesos. No creíamos que fuera posible. Fuimos al día siguiente a inspeccionar y en la caja no nos apareció 1700 pesos, nos apareció que salía 2400 pesos», finaliza, entre indignado y risueño, Ricardo.
