Negociado de los peajes: «Los beneficiarios son Mauricio Macri y su familia»
En la causa por las irregularidades en las concesiones de los peajes durante el gobierno de Macri, el juez Rodolfo Canicoba Corral considera acreditado que "existió un acuerdo de naturaleza clandestina" entre empresarios y funcionarios para favorecer a las empresas, en una de las cuales era accionista el Grupo Socma.
En la causa por las irregularidades en las concesiones de los peajes durante el gobierno de Macri, el juez Rodolfo Canicoba Corral considera acreditado que «existió un acuerdo de naturaleza clandestina» entre empresarios y funcionarios para favorecer a las empresas, en una de las cuales era accionista el Grupo Socma.
Dolarización de tarifas, condonación de multas y sanciones, un pago millonario sin justificación técnico-económica, afectación del interés general, negociaciones «espúreas», «complejo engranaje de maniobras delictivas». El combo de irrregularidades descriptas en el expediente que investiga las concesiones de los peajes (durante el gobierno de Mauricio Macri) para beneficiar a las empresas (vinculadas al Grupo Macri) no dejó ni un solo condimento afuera.
Para el juez Rodolfo Canicoba Corral está acreditado en esta instancia del proceso que «existió un acuerdo previo de naturaleza clandestina» entre funcionarios y empresarios del ámbito privado para beneficiar a Autopistas del Sol S.A. –cuya accionista era la empresa del entonces presidente Mauricio Macri– y al Grupo Concesionario del Oeste. Es decir, que la demanda ante el CIADI contra la Argentina que había presentado Abertis –la controlante de ambas compañías– fue una gran puesta en escena para simular una negociación y lograr que el Estado les pague 499 millones de dólares sin ninguna justificación técnica. El Estado «terminó abonando sumas millonarias, que ni a través de un informe técnico especializado como tampoco de la parte resolutiva o fundamentos del Acuerdo surgen justificadas». En palabras de Canicoba Corral, el dinero fue entregado «bajo la supuesta presión de un trámite arbitral ante el CIADI que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable (por no haberse dado cumplimiento al agotamiento de la instancia de jurisdicción local) y cuyos montos resultaban excesivos».
La conclusión se desprende del fallo de 161 páginas en el que el magistrado procesó al ex director de Viialidad Nacional Javier Iguacel y al exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. El escrito afirma que los funcionarios macristas «actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas», lo que «a su vez generó un perjuicio económico al erario público, producto de un actuar doloso».
Según la resolución, «existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes –públicas y privadas– (…) que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso (tratativas para la renegociación del contrato) que tuvo como fin la firma de los Acuerdos de Renegociación Integral (…) los que resultaron contrario a las normativas vigentes y perjudicial para la arcas del Estado».
«Engranaje de maniobras»
El fallo hace hincapié en varias oportunidades en que no puede soslayarse que uno de los accionistas de Ausol era, nada menos, que el entonces Presidente de la Nación. Para el juez se trató de «un complejo engranaje de maniobras (…) que a todas luces tuvo como única motivación, los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes (entre las que se encontraba la firma Sideco Americana S.A. en la que el presidente Mauricio Macri y sus familia tenía acciones», afirma. Por ese motivo, concluye que «los funcionarios no obraron en defensa de las arcas del Estado» y que dichas maniobras estuvieron «destinadas a direccionar interesadamente la recontratación de las concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios».
El escrito destaca, además, que dentro del paquete de beneficios las empresas obtuvieron la dolarización de las tarifas y «no conformes con ello, las partes acordaron condonar la deuda de las multas y sanciones aplicadas a la empresa (por incumplimiento del contrato)».
La venta de las acciones
Como adelantó en su momento este diario, la venta de las acciones que Socma tenía en Ausol S.A. también está en la mira de los investigadores. El fallo describe cómo los papeles subieron sideralmente su cotización con la llegada de Macri a la Rosada: las acciones venían devaluadas porque supuestamente el contrato vencía al año siguiente, sin embargo «el 10 de diciembre del 2015, la acción de Ausol había trepado a pesos catorce con cincuenta ($14,50), evidentemente ya se perfilaba la eventual renegociación del contrato, en los términos que finalmente se acordaron», es decir, la prórroga de los pliegos por diez años más, sin licitación. «Esto permitió que la empresa Sideco vendiera sus acciones en Ausol a pesos setenta y cinco con cincuenta ($75,50) cada acción». La compradora fue Natal S.A., una Pyme sin experiencia en el rubro. Según la resolución judicial, «claramente, no podemos mantener estas cuestiones ajenas al resto de las negociaciones, ya que formaron parte de las ganancias que la renegociación generó para los empresarios. Con la salvedad que en este caso los beneficiarios son Mauricio Macri y su familia, quien en ese momento desempeñaba el máximo cargo del Poder Ejecutivo de la Nación».
Laura Alonso
La investigación también apunta al rol de la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso, quien, con su accionar, dejó al descubierto el evidente el conflicto de intereses. Para el juez, «buscaron una solución casi burlesca que consistió en la presentación de una declaración jurada y que la firma del decreto» de renegociación del contrato de Ausol «sea firmado por la vicepresidenta, Gabriela Michetti en lugar del Presidente como ocurrió con el 607/17 de aprobación de Acuerdo de Renegociación del Acceso Oeste».
Funcionarios y empresarios
Para la Justicia, «cada uno de los imputados realizó, en el marco de las respectivas competencias funcionales que ostentaban, el aporte necesario para que la maniobra se desarrollara del modo planeado».
En el caso de Iguacel, fue quien «acordó junto a los empresarios el inicio de trámite de Aprobación del Acuerdo». Mientras que Saravia Frías, «no solo fue quien confeccionó y rubricó los dictámenes que permitieron la Aprobación de los Acuerdos (…), refiriendo que resultaban jurídicamente viables, sino que también fue quien representó al Estado (…) ante el CIADI» y avaló el curso de ese expediente «pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida a las empresas o un test de razonabilidad económica y de conveniencia y oportunidad política de este acuerdo.
Embarrar la cancha
Tras haberse negado a declarar y recusar a Canicoba Corral, Iguacel y Saravia Frías se defendieron públicamente de las imputaciones y acusaron al juez de no haberles dado acceso al expediente y de supuestas vulneraciones al derecho a la defensa. En el mismo fallo en el que los procesó, el magistrado afirmó que todo se dio bajo «las normas procesales y garantías presonales» correspondientes. La recusación será resuelta este jueves por la Sala 2 de la Cámara Federal, cuyo titular es Martín Irurzun. Mientras tanto, este viernes está citado a declarar Guillermo Dietrich y el lunes será el turno de Nicolás Dujovne.
