Ley de envases: peligra su tratamiento
El proyecto plantea la "responsabilidad social extendida" del productor, y es pionero en incluir a la economía social en la solución al problema mundial de la basura. Todo indica que el martes no habría sesión para tratarlo.
El proyecto plantea la «responsabilidad social extendida» del productor, y es pionero en incluir a la economía social en la solución al problema mundial de la basura. Todo indica que el martes no habría sesión para tratarlo.
Impulsado desde el Poder Ejecutivo y presentado con la firma del Presidente, elaborado por el Ministerio de Ambiente junto a una gran cantidad de organizaciones sociales, vinculadas tanto a la defensa cartonera como del medio ambiente, el proyecto de Ley de Envases con Inclusión entró al Congreso con gran apoyo institucional y social, y la «marcha cartonera más grande del mundo» bancando también en la calle. Pasó un mes y el trabajo parlamentario avanzó rápido, el proyecto superó dos comisiones, la de Recursos Naturales y la de Presupuesto, consiguió dictamen. Pero en el medio el lobby multinacional metió la cola, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) se hizo visible con un comunicado que calificaba a la propuesta de «anacrónica», y Juntos por el Cambio montó una «audiencia no oficial» para denunciar un «impuesto disfrazado». Con números y ejemplos de otros países (donde las mismas empresas que reclaman aquí asumen una tasa como la que prevé la ley), los impulsores del proyecto responden que la Ley de Envases no impactaría en el precio de los productos, y en cambio crearía miles de puestos de trabajo de la economía social. Al cierre de esta nota, la ley tenía casi nulas chances de tratarse finalmente en el Congreso, antes de que cambie su composición.
Por qué molesta la Ley de Envases
Lo que básicamente plantea este proyecto de ley es que el productor que pone un envase en el circuito de consumo tiene una responsabilidad social extendida sobre eso que está lanzando al mercado. Porque siempre hay un costo, no menor, una vez que ese envase es desechado por el consumidor. La basura es al mismo tiempo un «gran negocio» para algunas pocas empresas subsidiarias del Estado, y un costo alto para ese Estado que también tiene que gestionar todo eso que «sobra». Reciclarlo, o terminar tirándolo en un basural a cielo abierto, con todas las posibilidades que hay en el medio. Todas salen plata, y mucha. Los recicladores suelen decir que hacen gratis una parte o toda del trabajo: concientizar al consumidor, juntar, separar, organizar o vender luego cada material para que siga su circuito, reciclar, volver a insertar luego ese producto en el mercado apostando a la economía circular.
«Hoy el costo lo están pagando los cartoneros y cartoneras con su trabajo gratis, los ciudadanos con sus impuestos municipales y las generaciones futuras con la contaminación ambiental», resumen desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), una de las organizaciones que impulsó la iniciativa.
Entendiendo entonces la responsabilidad extendida de los productores sobre ese costo que hoy trasladan, el proyecto establece que paguen una tasa de hasta el 3 por ciento del valor del producto, de acuerdo a diversas variables, entre ellas cuán reciclable es el envase: cuanto más «amigable con el ambiente» es, menor es la tasa que se le aplica.
La recaudación se destinaría a fortalecer las cooperativas de cartoneros, crear más plantas de reciclaje y tratamiento de residuos, abaratar la logística y comercialización, sacar a más cartoneros de la informalidad. Para administrarlo se plantea la creación de un fideicomiso, con participación del Ministerio de Ambiente y representantes de los distintos actores (productores, cooperativas cartoneras).
También se caracteriza como “servicios públicos esenciales” a todos los sistemas de gestión de envases.
El grito empresarial y opositor apunta ahora a un supuesto «efecto inflacionario» de la inciativa. «No compartimos que la forma de implementarlo consista en la aplicación de un impuesto que se suma a la ya insostenible carga tributaria que tenemos”, sumaron desde Bodegas de Argentina, la cámara del sector del vino. «No votaremos la creación de un impuesto disfrazado que afectará a los consumidores», concluyó Mario Negri en uno de sus últimos discursos (fuera del recinto) como presidente del interbloque de Juntos por el Cambio.
«La Tasa Ambiental es un costo insignificante para las grandes empresas multinacionales que año a año aumentan sus ganancias y nunca se responsabilizaron por los daños ambientales que generan», responden desde la Federación de Cartoneros. Y ponen algunos ejemplos sobre el ínfimo impacto que significaría: Si se obtiene una buena calificación por material reciclado contenido y ecodiseño, la tasa de un envase de una gaseosa de litro y medio sería de un 0,55 % de su precio. Para un paquete de yerba de medio kilo, sería el 0,026 % del precio. Y en una lata de cerveza tendría un impacto del 0,063 % del precio. En una caja de zapatillas, sería de sólo el 0,002 %.
Qué pasa en el mundo
En Uruguay y Chile, también en varios países de Europa, hay sistemas similares al que plantea este proyectos de ley, pero diferentes en un punto central. Todos aplican una tasa ambiental, pero allí los mismos productores que tributan son los que manejan luego los fondos recaudados.
«Queda claro que la disputa es por la matriz de distribución de esos recursos», sintetiza Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop) y uno de los creadores de la cooperativa Creando Conciencia, en la que ex cartoneros trabajan fabricando bancos, pérgolas, útiles escolares, a partir del reciclado.
El sistema llega al absurdo, describe Martínez, en modelos como el uruguayo: con lo que se recauda de la tasa ambiental las cámaras empresarias compran las maquinarias, manejan las plantas de reciclado, convenian con los trabajadores de las cooperativas de cartoneros. Imponen los valores a pagar por el material que reciben y las reglas, al punto de limitar la cantidad de trabajadores que pueden sumarse. El sistema transforma así al reciclado en una fuente de ganancia más para el empresariado, sujeta al mismo modelo de producción.
«Son modelos basados únicamente en el cuidado ambiental, que no tienen en cuenta la organización del trabajo de la economía popular, la visión social de la inclusión y la generación de trabajo genuino. De hecho nuestros compañeros cooperativistas de Uruguay, con quienes también estamos en red, nos están pidiendo asesoramiento para reformar la ley que tienen allá», cuenta Martínez.
«En España está Ecoembes desde hace quince años, es un sistema interesante, eficaz, ambientalmente sustentable, pero no tiene nada que ver con nuestra pertenencia y el trabajo que venimos haciendo desde la economía social. Es otra realidad que no nos incluye. La concepción de la ley argentina es pionera, por eso también es tan fuerte el lobby», concluye.
Lucha cartonera
«Los cartoneros y cartoneras sabemos luchar, nunca nada fue fácil para nosotros», marca Natalia Zaracho, la primera cartonera que ocupará una banca desde el 10 de diciembre. «La gente tiene que saber que nuetro trabajo es muy importante para el cuidado del medio ambiente. Cada cartonero y cartonera recicla unos 100 kilos de material por día, evita que esos residuos vayan a basurales a cielo abierto o a entierro. Eso contamina mucho. Y trabajamos trabajamos en las peores condiciones. Sin derechos. Esta ley va a mejorar mucho las condiciones de trabajo de quienes hacemos reciclado y recuperación de material. Queremos dignidad para los nuestros y un ambiente sano», pide.
«Es tiempo y es ahora», dice sobre el momento en que debería sancionarse esta ley. «No podemos seguir esperando porque el planeta que tenemos es uno y lo estamos destrozando. No podemos seguir dejando que las empresas contaminantes hagan lo que quieran y se llenen de plata. Tampoco podemos dejar que los de abajo trabajen en tan malas condiciones. Esta ley tiene que salir ya. Antes de fin de año».
