El debate alrededor de la ley
El Gobierno trabaja en modificaciones a la norma que regula alquileres. Posturas encontradas entre inquilinos e inmobiliarias.
El Gobierno trabaja en modificaciones a la norma que regula alquileres. Posturas encontradas entre inquilinos e inmobiliarias.
Las críticas y apoyos a la ley de alquileres sancionada en junio del 2020 ocuparon gran parte de la agenda del año pasado y tomaron más fuerza cuando la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró a fines de noviembre que el Gobierno estaba pensando en una modificación. A la espera de una definición, propietarios e inquilinos, con diagnósticos totalmente opuestos, se preparan para dar pelea en el Congreso, aunque en principio el debate no se daría en las próximas sesiones extraordinarias.
Fuentes legislativas adelantaron a PáginaI12 que preparan una propuesta de conformación de una comisión especial de opositores y oficialismo para avanzar en un proyecto «superador a lo que está». Desde la agrupación Inquilinos Agrupados aseguran no haber sido convocados.
Ambas partes admiten que los efectos de la ley no fueron los deseados. Mientras que desde las inmobiliarias atribuyen a las regulaciones de la ley la falta de oferta que presiona a la suba los precios de los alquileres y por ello piden derogarla, los inquilinos aseguran que el verdadero problema está en la falta de regulación del precio de los nuevos alquileres.
Inquilinos
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Inquilinos y uno de los principales defensores públicos de la ley, respondió tajantemente ante la consulta de PáginaI12: «No es la ley de alquileres, sino lo que falta regular. Falta regular el precio de los alquileres al inicio del contrato. Y como el mercado inmobiliario sabe que es el próximo paso, necesita derogar la ley ya, de manera urgente», aseguró. «La ley fue un avance y ahora es el momento de regular lo que falta, que es el precio inicial e implementar un fuerte impuesto a la vivienda ociosa», agregó.
Muñoz adjudica al Estado la responsabilidad de esta falta de control: «Mientras los alimentos representan un 10 por ciento de los salarios, el alquiler representa, sobre los 9 millones de inquilinos, entre el 40 y 50 por ciento de los ingresos. El Estado tiene que recuperar su rol en la medición y control del mercado del alquiler de vivienda», planteó tras una reunión con el secretario de Comercio, Roberto Feletti, donde intercambiaron ideas sobre el mercado del alquiler de vivienda y la situación de los inquilinos. Gervasio Muñoz, indicó que, como los alimentos, el precio del alquiler representa un gasto fundamental entre los inquilinos y por lo tanto tiene que ser parte de la agenda de la Secretaría de Comercio.
Dueños
Desde las inmobiliarias atribuyen a la ley un desestímulo sobre la oferta que presiona a la suba los precios de los alquileres. Un informe realizado por el portal privado Zonaprop asegura que hay 15 por ciento menos de avisos de alquiler que en 2020, y 25 por ciento menos que en 2019. Las quejas de los propietarios son sobre todo los plazos de duración del contrato, aunque también en segundo plano critican la flexibilidad de presentación de garantías y la obligatoriedad de presentar los contratos en AFIP. Con este diagnóstico, presionan para derogar la norma, lo que significaría volver a la situación anterior, sin regulaciones.
La ley vigente aumentó de dos a tres años el plazo mínimo de alquiler y estableció mayores restricciones para que los propietarios rescindan el contrato. Estas condiciones generaron que una de las principales demandas de los dueños sea volver a los contratos de dos años. Para la Federación de Inquilinos, los tres años fueron un avance.
Con la nueva ley, el inquilino debe otorgar hasta dos posibles garantías, que también puede ser un aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o una garantía personal del inquilino como el recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio. Finalmente, la normativa establece que todos los contratos deben ser declarados ante la AFIP, hecho que denuncian los propietarios como un «nuevo obstáculo administrativo a la hora de alquilar».
