Entre el Mundial de Qatar y la escalada de precios: del político «que paguen los que la fugaron» a la urgencia redistributiva
La inflación, el principal problema. Reuniones de empresarios y sindicalistas, una fórmula usada. Una mesa incompleta. Hipótesis del Gobierno, en debate. Aumentos en carpeta. El proyecto del Senado: la fuga y el lavado de dinero en primer plano. Dos crisis sucesivas, problemas excepcionales.
La inflación, el principal problema. Reuniones de empresarios y sindicalistas, una fórmula usada. Una mesa incompleta. Hipótesis del Gobierno, en debate. Aumentos en carpeta. El proyecto del Senado: la fuga y el lavado de dinero en primer plano. Dos crisis sucesivas, problemas excepcionales.
Se sorteó el fixture del Mundial que comenzará en noviembre, horizonte remoto en un país donde la gente vive al día, cuando puede. La certidumbre incuba bromas o proyectos: en Twitter hay quien se imagina comprando medialunas el 26 de noviembre a la mañana cuando Argentina juegue con México. Nadie sabe cuánto costarán las medialunas o el kilo de pan para aquel remoto entonces. La inflación anual estará “jugada”, es más grato hacer vaticinios sobre la Scaloneta que sobre los porcentajes del índice de precios al consumidor.
A fin de noviembre habrán recalado en la Argentina dos misiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la tercera estará llegando o al caer.
Todo parece largo plazo, la inflación de marzo superará algún récord. Es el principal problema de los argentinos. Se la describe como multicausal, enfoque correcto: también es multifactorial. Se conjuga con el bajo poder adquisitivo de los sueldos, la concentración económica, desde hace poquito el impacto de la guerra y una pila de etcéteras, a menudo estructurales.
El Gobierno ensaya sucesivas tácticas y reuniones que parecen parches. En la Casa Rosada prevalece una idea evolutiva, discutible: el desarrollo de la recuperación económica seguirá sustentando crecimiento y mejora en indicadores económicos.
Para la contingencia inmediata, el corto plazo, se imaginan aumentos jubilatorios y eventualmente salariales. El método elegido para negociar con las patronales y los formadores de precios es básicamente acuerdista, una seguidilla de reuniones. Hasta ahora, no rindió frutos.
El presidente Alberto Fernández anunció la guerra contra la inflación con dos días de adelanto y le respondieron remarcando. En esta semana incurrió en otro traspié verbal proponiendo “terapia de grupo”, una expresión importada del psicoanálisis poco proyectable a la conflictividad entre clases o entre especuladores versus ciudadanos-consumidores.
El ejemplo del Ejecutivo inspira al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien se mueve como pez en el agua proclamando la necesidad de amplios consensos. En estos días se valió de la tópica alusión a “La Moncloa”. Este cronista es devoto de la libertad de expresión, reacio a promover prohibiciones. Solo como sugerencia no vinculante, propone suspender por dos años las menciones huecas a La Moncloa. Ni el Pacto original fue progresista, ni favoreció a los trabajadores, ni es extrapolable en el tiempo y en el espacio… Se trata de un significante vacío, una consigna que remite a vagarosas intenciones y no a contenidos. La ardiente interna del Frente de Todos (FdT) inspira a Massa para levantar su perfil. Es “políticamente incorrecto” reconocer que se piensa en las elecciones de 2023 porque la gente común detesta esa temática. De cualquier modo, la “campaña permanente” existe. La hace cualquier dirigente o facción sin meter ruido y sin privarse de pedir o espiar encuestas.
Massa atisba que tiene un resquicio para colar, es hábil su desempeño en la Cámara. Por ahora le faltan votos pero la voluntad está, “instalarse” es el primer paso.
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Aumentos y proyecciones: El Gobierno analiza un incremento de emergencia para millones de jubilados, posiblemente para cobrarse a principios de mayo. A la vez se conversa sobre un plus salarial, por única vez. La colosal inflación del primer trimestre determina la necesidad y la urgencia.
La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) cabildean convocados por el Ejecutivo. El bonus salarial es imprescindible, sería deseable concretarlo. Históricamente la UIA se ha mostrado remisa a concertar ese tipo de medidas aduciendo falta de representatividad además de dificultades económicas. Habrá que ver.
Los cónclaves se proponen un temario vasto, ligado a la magnitud de crisis acumulativas. En un bienio, dos catástrofes convulsionaron al mundo: la pandemia y la guerra en Europa. Ambas fortalecieron a sectores poderosos: los financieros, los grandes laboratorios, ahora los traficantes de armas.
Una agenda pública tiene que registrar los descalabros acumulativos que hacen altamente probable que “todo” esté peor cuando empiece a rodar la pelota en Qatar. Por lo pronto, será distinto al presente y al remoto 2019. Los cambios cualitativos están de moda y todo indica que las instituciones existentes no alcanzarán para encararlos.
El amplio piso de protección social que dejó el kirchnerismo sobrevivió, herido, a las agresiones de la gestión macrista. He ahí una superioridad congénita de las instituciones respecto de los paliativos coyunturales que son la receta predilecta del oficialismo.
Por eso, entre otros motivos, parece chueca la mesa que se convoca ahora. No participan organizaciones sociales ni las dos CTA sin ir más lejos. Representan a millones de laburantes, de variada condición. Muchos de sus dirigentes promueven alguna variante de Ingreso o de Salario Básico Universal. El gobierno no las tiene en agenda. En un reportaje respetuoso y agudo (exótico para la jungla mediática) realizado en el programa “Desiguales” el presidente desechó la innovación con argumentos poco convincentes. Adujo que se superpondría con otros planes e incurrió en ciertos errores conceptuales entreverando trabajo informal, cuentapropismo y economía popular. Son categorías diferentes. El llamado “trabajo informal” suele ser sinónimo del “no registrado” que es una relación de dependencia en la que la patronal evade cargas sociales y niega derechos a sus empleados. Volveremos sobre la evasión líneas abajo, vale la pena.
La conformación de la clase trabajadora desde hace décadas excede a la relación de dependencia en la actividad privada y al empleo público. Nada indica que esa tendencia sea reversible en años inmediatos.
Otra afirmación voluntarista cunde en el discurso oficial: “transformar los planes en empleo”. La expresión “planes” es polivalente e imprecisa. La perspectiva de un tránsito fluido de millones de trabajadores a otras formas de organización laboral una hipótesis de muuuy difícil concreción por decirlo con delicadeza.
Los crecientes problemas globales (tal como sucede con la inflación) se potencian en la Argentina. Apremia la necesidad de nuevas herramientas. Se debate, por cierto, si es mejor innovar con alguna variante de Ingreso o Salario universal o reconvertir mediante ampliaciones o reformas profundas a las instituciones socio económicas ya existentes. No innovar, en un planeta convulsionado, da la impresión de ser una opción inviable.
Una leve digresión. El Secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz publicó en el diario Perfil semanas atrás una nota proponiendo un “Ingreso básico universal” pagadero en criptomonedas.
La sofisticada iniciativa abarcaría a la población infantil mundial. Sería engorroso resumirla acá. Llama la atención la sugerencia tanto como el silencio que la siguió aún dentro del elenco oficial. Quedó picando un propósito al cierre de la columna: “esta temática merece el análisis y trabajo conjunto de todos los actores en el ámbito del Consejo Económico y Social”, entidad que preside el propio Beliz.
Volvamos al núcleo, a la búsqueda de nuevas herramientas para políticas públicas.
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Fugadores y lavadores, come back: Los proyectos de ley presentados por el bloque de senadores del FdT patean avisperos, renuevan el escenario. La idea central, “la deuda deben pagarla los que se llevaron la plata”, sintoniza con amplias capas de la opinión pública. La correlación de fuerzas en el Congreso y la obstinada postura cambiemita dificultan que llegue a ser ley. El Poder Judicial suele ser amigable con reclamos del establishment, siempre dispuesto a promover medidas cautelares capciosas. Calcular las perspectivas recaudatorias excede las competencias de este cronista. Todas esas cuestiones se abordan en otras notas de este diario.
Esta columna hará centro en las virtudes políticas de la movida. Enfila contra delincuentes económicos de guante blanco: evasores y lavadores de dinero. Propone nuevas herramientas para ampliar la capacidad de los organismos de control y de recaudación. Entre otras: levantar la obligación del secreto bancario, de la confidencialidad. Expande la figura del “colaborador” que, con alguna variante, fue usada en causas penales contra exfuncionarios kirchneristas o empresarios supuestamente “K”: El firmante de esta columna tiene reservas respecto de la “delación premiada” pero perdió esa discusión años ha. Dado que está vigente y se aplica a diario considera equitativo expandirla a la corrupción privada cuya mera existencia es negada por la Vulgata de derecha.
La fuga de capitales da de comer a estudios jurídicos y contables VIP. Se consuma mediante mecanismos sutiles, difíciles de investigar: subfacturaciones, sobrefacturaciones, pagos entre empresas vinculadas, contrabando de mercaderías y otras trapisondas.
El lavado de dinero, el reingreso de la plata negreada a los circuitos formales, es una de las tareas constantes de los evasores quienes no suelen resignarse a cobrar una rentita en guaridas fiscales. Entidades financieras relumbrantes cooperan gustosas, mordiendo tajada.
La crisis de 2008-2009 desnudó la bulimia del mundo de las finanzas, que emergió triunfador del desquicio que generó. El historiador Eric Hobsbawm describe la cruel paradoja: pudo ser para ese sector como la caída del Muro de Berlín para los socialismos reales… pero la taba se dio vuelta agregamos en nuestra jerga.
La Argentina se unió a la OCDE durante los gobiernos kirchneristas. El organismo hizo llegar nutrida información sobre cuentas de argentinos en guaridas fiscales durante el mandato del presidente Mauricio Macri. Se cajoneó, sin más trámite. Fue sacada a la luz a partir de 2019. El Banco Central y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) iniciaron investigaciones. La AFIP lleva recaudados cientos de millones de pesos de contribuyentes detectados en orsai que prefirieron ponerse al día para no afrontar demandas penales.
Alberto Fernández promovió una querella para investigar la forma supuestamente ilegal en que se contrajo la deuda con el FMI y las fugas de divisas. Los actores en esos pleitos juegan de visitante. Los tribunales concernidos suelen ser “market friendly”, hay Fueros colonizados por grandes estudios que también dominan academias del derecho.
Promover la búsqueda de delincuentes, fortalecer los recursos técnicos del Estado, es un buen comienzo. Tanto como avivar el debate sobre esas cuestiones. Los Pandora Papers probaron que millonarios argentinos ocupan el podio entre tenedores de cuentas en el extranjero. Posición descollante considerando que no somos una potencia económica.
La magnitud estimativa de las cifras fugadas debilita un sonsonete de la crema de la clase dominante argentina. Si tienen gran parte de sus capitales “ocultos” o “negreados” no es tan potente la presión impositiva sobre ellos.
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Excepcionalidades: El domingo pasado, el periodista Néstor Espósito reveló en Tiempo Argentino que el vicepresidente de la Corte Carlos Rosenkrantz transfirió 650.000 dólares a una cuenta en Estados Unidos al día siguiente de realizarse las Primarias Abiertas (PASO) para presidente y legisladores nacionales. La operación es lícita, chocante la cifra. Sobre todo porque el propio Supremo demoró su ingreso a la Corte para “terminar” de cobrar honorarios profesionales. Y porque, una vez instalado vitaliciamente en su cargo, no paga impuestos. Los Supremos y la mayoría de los jueces nacionales gozan de la franquicia fundándose en un fallo del tiempo de ñaupa dictado por un tribunal de Primera “B”. Al retirarse cobran jubilaciones de privilegio.
Dos catástrofes imprevisibles se sucedieron y ahondan esas y tantas otras inequidades. En una comunidad (se supone que la Nación lo es) las cargas deberían redistribuirse para mitigar las consecuencias de las tragedias.
Tendrían que aumentar las retenciones a las exportaciones agrícolas, de cajón. Sería válido un nuevo aporte extraordinario porque hay otra hecatombe ulterior a la peste sanitaria. Juntos por el Cambio se ha juramentado para impedir cualquier “impuesto nuevo”. La aritmética parlamentaria es adversa al oficialismo.
En los casos mencionados los cambiemitas pueden escudarse en la defensa de la producción, la necesidad de tutelar a quienes crean riquezas y trabajo. Quedarán flojitos de papeles, huérfanos de argumentos dignos, si se obstinan en bancar a fugadores o lavadores de dinero, delincuentes.
También sublevan los privilegios de la corporación judicial que embolsa fortunas y se permite dar lecciones de republicanismo.
El Gobierno dispone de pocas chances para concretar esas leyes. Pero todavía cuenta con medios e instancias para intervenir en la formación de precios y en la pugna salarial, facetas de la puja distributiva. No como un contertulio más, ni como un paciente en la terapia grupal, sino como el poder político cuya misión es combatir las desigualdades, la explotación, la innoble desigualdad.
