Lector adolorido con Paraná, Canal y Decreto
Un ex marino, conductor de máquinas navales formado en dragas y ya nonagenario, envía a esta columna fotografías como la que ilustra esta nota con un texto sobrecogedor: "Con extrema tristeza –dice– sólo esto queda de la draga 259 'Buenos Aires', que hoy en día está esperando quién sabe qué: desguase o que se hunda, o ambas cosas.
Un ex marino, conductor de máquinas navales formado en dragas y ya nonagenario, envía a esta columna fotografías como la que ilustra esta nota con un texto sobrecogedor: «Con extrema tristeza –dice– sólo esto queda de la draga 259 ‘Buenos Aires’, que hoy en día está esperando quién sabe qué: desguase o que se hunda, o ambas cosas. Está abandonada en el puerto de Mar del Plata y yo navegué en ella». Y sigue su texto, adolorido: «Yo estudié en la Escuela Nacional Fluvial, desde los 14 hasta los 18 años y me recibí de conductor de máquinas navales. En esa escuela el destino de los cadetes eran estas embarcaciones, y era una inmensa alegría que el destino nos llevara a trabajar en una draga argentina. Pero hoy en día no queda nada y lo triste es ver el capital que se abandonó. Lo triste es contratar terceros. Lo triste es mirar hacia afuera…»
Paralelamente, y revisando apuntes sobre la época en la que se firmaron las concesiones de la mal llamada Hidrovía, que en los hechos fue más que una concesión –más bien fue una privatización– la entrega del río Paraná a capitales y empresas extranjeras todavía depara sorpresas. Desagradables todas, claro está, como las que esta columna viene denunciando desde hace más de un año.
Y es que no son pocas las sorpresas que todavía pueden encontrarse y que llevan a redoblar la necesidad –y la urgencia–de la derogación inmediata del Decreto 949/2020 del Ministerio de Transporte, que está basado en leyes y concesiones de Menem y Cavallo, hoy intolerables, sobre todo cuando se constatan el estado agónico que atraviesa la economía argentina y el calamitoso e indigno presente en que vive más de la mitad del pueblo argentino.
Ese decreto –firmado el 25 de noviembre de 2020– autoriza el llamado a licitación pública nacional e internacional para adjudicar la concesión de obras “para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable», lo cual no fue sino un vil ejercicio retórico para encubrir la renovación de la entrega a las dos empresas que explotaron (en todo sentido) el río durante un cuarto de siglo. Lo cual queda en evidencia porque en los considerandos del decreto se citan –como antecedentes– resoluciones, decretos y leyes surgidos bajo la inspiración de la legislación impuesta por lo que entonces se llamaba «Consenso de Washington» y que fue el modo imperial de reorientar el Mercosur hacia una integración neoliberal y privatizadora tanto para la Argentina como para Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay.
Curiosamente, revisitado hoy, es este mismo Decreto 949/2020 el que rememora su perversa y antinacional prosapia: fue por la Ley 24.385, de 1994, que se aprobó el «Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto de Cáceres-Puerto de Nueva Palmira)» que habían suscrito esos cinco países el 26 de junio de 1992.
Se aprecia hoy, cabe subrayarlo, que no casualmente los dos puertos nombrados no eran argentinos sino uno paraguayo y el otro uruguayo. Argentina sólo ponía el río, al que le cambiaban el nombre. Y para comprender todo mejor debe recordarse quiénes eran por entonces los gobernantes que parieron esa maligna criatura: Fernando Collor de Mello en Brasil; el general Andrés Rodriguez en Paraguay, en Uruguay Luis Alberto Lacalle (padre del actual presidente), y en Bolivia el multiacusado de corrupción y narcotráfico Jaime Paz Zamora. El ideólogo del engendro fue argentino: Domingo Felipe Cavallo, por entonces ministro de Economía de Carlos Menem.
De ahí que 30 años después, y a contramano del sometimiento que insiste en preservar el neoliberalismo vernáculo, resulta imperativo subrayar las razones para oponerse a ese Decreto 949/2020, que es imprescindible y urgente derogar para recuperar el Paraná y hacer operativo el canal Magdalena, y así la Argentina restablecer la soberanía.
La primera razón es que la Hidrovía no existe; se llama Río Paraná. Cambiarle el nombre y haberlo machacado durante 25 años fue una vil estrategia tramposa que esta columna viene denunciando. Porque la Hidrovía no existe. Nuestro rio se llama Paraná, como las Islas Malvinas se llaman Malvinas y no Falkland.
La segunda es subrayar lo que muchísimos compatriotas, quizás la gran mayoría del pueblo argentino, ignora: que el «comercio exterior argentino» del que siempre se habla, no existe. Porque no es argentino; es de las corporaciones que lo fugan. Y a nosotros, como pueblo, no nos queda nada.
Y encima evaden impuestos. Como ha señalado el diputado santafesino Carlos del Frade, «paga más impuestos un kiosquero rosarino que un barco de 20.000 toneladas».
Y en tercer lugar hay que decir que los agroexportadores no pesan lo que sale de nuestros puertos. Sacan todo al mar mediante «declaraciones juradas» truchas.
Es así como las grandes multinacionales se llevan al extranjero todo lo que produce la Argentina: productos mineros, industriales, automotrices, etc. Y encima contaminan y dragan sin importarles cuánto dañan al río. Y en muchos casos están asociadas al narcotráfico que prácticamente cogobierna la segunda provincia del país.
Y una cuarta razón para exigir la derogación de este Decreto 949/2020 es que permite que los entre 5.000 y 6.000 grandes barcos que cada año transportan prácticamente todo lo que se produce en nuestro país, lo saquen al mar y al mundo por el puerto transnacional de Montevideo, cuando la Argentina tiene su propia salida al Océano Atlántico: el Canal Magdalena, que por eso mismo es urgente y es clave rehabilitar.
Cabe recordar, además, que nuestro país tiene una historia naviera riquísima, que arranca a fines del siglo 19 y es plenamente recuperable en muy corto plazo, lo que no sólo será rentable sino que dará trabajo a decenas de miles de compatriotas. Sólo hay que acelerar la recuperación de los grandes astilleros Río Santiago y Tandanor, que hoy ya dan trabajo a miles de técnic@s argentinos bien capacitados. Por eso el Paraná es sinónimo de Soberanía y de paz, pan y trabajo.
Por todo lo anterior es imperativo que, como nación soberana, recuperemos el pleno y exclusivo control y cuidado sobre el río PARANÁ y el Canal Magdalena, que es un canal natural y tiene muchísimas ventajas sobre el hoy exclusivo canal montevideano.
Hay un clamor que viene creciendo desde hace un año y medio: la soberanía sobre el río Paraná no es negociable, y el canal Magdalena tampoco. Sobre todo, y léase bien, porque son el mejor y más veloz camino para la recuperación económica del país, el rápido pago de toda deuda externa, el pleno empleo y la restauración de nuestra dignidad como nación. Es por eso que en las siete provincias ribereñas, donde habitan entre 12 y 14 millones de argentin@s, el clamor soberano no deja de crecer.
Si el empeño en insistir con este nefasto decreto no es escandaloso, digan l@s lector@s qué lo sería. Esta columna afirma que es imperativo acabar con este antinacional decreto, y reencauzar todos los rumbos hacia la restauración de la plena Soberanía Nacional sobre nuestro río y su continuidad, también nacional, hacia el mar.
Por Mempo Giardinelli
