Una ilegalidad estructural para la liberalización
Hace 46 años, un 14 de febrero de 1977, de manera ilegítima bajo la dictadura genocida se sancionó la “ley de entidades financieras”, previo desarme de la “nacionalización de los depósitos bancarios”.
Hace 46 años, un 14 de febrero de 1977, de manera ilegítima bajo la dictadura genocida se sancionó la “ley de entidades financieras”, previo desarme de la “nacionalización de los depósitos bancarios”.
La ley 21.526, de entidades financieras, es una legislación vigente en el presente, a 40 años de gobiernos constitucionales (1983-2023).
Se trata de uno de los instrumentos que el entonces ministro de la dictadura genocida, José Alfredo Martínez de Hoz, reivindicó al hacer el balance de gestión como el “más revolucionario” de su función entre 1976 y 1981.
Al momento de la fundamentación, el gran empresario devenido en funcionario señalaba que era necesaria la concentración y liberalización de la banca.
Objetivos y realidades
El razonamiento apuntaba a la sobredimensión de la estructura del sistema financiero y que, de unas 800 entidades, luego de aplicada la ley se debía arribar a unas 80 entidades.
Un objetivo para articular un sistema financiero moderno acorde a la lógica inaugurada en pos de la liberalización económica. Se apuntaba al libre movimiento de capitales y a la banca como instrumento de la liberalización.
Confirmando el objetivo buscado, a casi medio siglo de formulado el propósito, el BCRA informa la existencia de 78 entidades a octubre del 2022. De ellos, 63 son bancos y 15 son compañías financieras.
Entre los primeros, se reconocen 13 bancos públicos y 50 privados. De estos 50, 35 son bancos locales de capital nacional; 9 son bancos locales de capital extranjero y 6 son sucursales de entidades financieras del exterior.
La información surge del sitio en internet del BCRA, en: https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Entidades_financieras_informacion_estructura.asp?bco=AAA00&tipo=1&Tit=1
El banco con mayores activos a octubre 2022 sigue siendo el Banco de la Nación (5.742 millones de pesos), seguido del Banco de la Provincia de Buenos Aires (2.439 millones), dos importantes entidades que eludieron la lógica privatizadora de los 90 del siglo pasado.
Les siguen 4 privados: Galicia, Santander, Macro, BBVA, sumando activos por 8.262 millones, un poco más que la suma del BNA y el Provincia de Bs. As.
El séptimo lugar es para el único banco cooperativo, el Credicoop con activos por 1.666 millones.
Las entidades cooperativas merecen párrafo aparte, ya que el proyecto legislativo excluía la forma cooperativa.
Una gigantesca lucha del movimiento cooperativo en tiempos de auge represivo, liderada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, permitió la forma organizativa cooperativa en la reforma legal, para lo cual se impuso un plazo de un año para transformar centenares de cooperativas en bancos cooperativos. De aquellos solo resta el Credicoop.
Concentración y liberalización financiera y económica
La consecuencia de la reforma de 1977 apuntó a la concentración y liberalización financiera, coherente con la lógica de política económica y financiera anunciada en abril de 1976, asociada a la lógica del creciente endeudamiento público.
Aquellos años constituyeron la base estructural de cambios profundos en las relaciones económico sociales que explican las tendencias regresivas en la reestructuración de las relaciones laborales, el cambio de funciones del Estado y el aliento a la liberalización de las relaciones comerciales y financieras internacionales.
La reforma financiera y el endeudamiento externo marcharon de la mano en la política de la dictadura. Ambos aspectos constituyen elementos esenciales de transformaciones que condicionaron las últimas cuatro décadas y el presente.
Resulta necesario un amplio debate para revertir sustancialmente las regresivas consecuencias derivadas de aquellos propósitos dictatoriales y construir otros instrumentos legales y políticos en materia financiera y económico social.
Por Julio Gambina
