Más debates, más democracia
El próximo martes es el último día de sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados y la oportunidad final para tratar algunos de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo.
El próximo martes es el último día de sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados y la oportunidad final para tratar algunos de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Juntos por el Cambio viene oponiéndose a varias de esas iniciativas. Entre ellas, el proyecto de ley de regularización de aportes previsionales, que busca resolver la situación de desamparo de alrededor de 800 mil argentinos y argentinas que han llegado a la edad de jubilarse, pero no cuentan con los aportes suficientes para hacerlo. Es uno de los dos temas, junto a la digitalización de las historias clínicas en el orden nacional, que se tratarían este 28 de febrero, si la oposición finalmente da quórum.
El argumento por el que se han negado hasta ahora a tratar las iniciativas propuestas por el Poder Ejecutivo nacional para las sesiones extraordinarias es que no están de acuerdo con el tratamiento del juicio político a la Corte Suprema de Justicia. El resultado es el bloqueo del funcionamiento del Parlamento. Pero, ¿por qué habría que vincular el no tratamiento de un proyecto previsional con alto impacto en la sociedad con otro proyecto con el que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo pero que no tiene ninguna vinculación con el primero? No parece muy democrático como procedimiento: como se oponen a un proyecto, impiden el tratamiento de la totalidad de los proyectos restantes.
Además, en el caso de la ley de regularización de aportes previsionales, se oponen porque están en contra de la iniciativa. Hagamos un poco de historia. En el Senado, cuando se trató este proyecto, los senadores y senadoras de Juntos por el Cambio se abstuvieron o votaron en contra. Cuando lo tratamos en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados ocurrió lo mismo. Argumentaron que contribuía a aumentar el gasto público cuando ellos insisten en que es necesario reducirlo drásticamente. Se escucharon planteos como “porqué toda la sociedad tiene que hacerse cargo de un costo por aquellos que no hicieron los aportes en el momento en el que deberían haberlos hecho”. Es decir: describían el problema como si se tratara de una mala administración personal y no de la existencia de empleadores que decidieron no contratar en blanco a sus trabajadores y trabajadoras. La mayoría de las personas que se encuentran en esta situación son mujeres y, muchas de ellas, mujeres que han estado trabajando en casas particulares.
Lo que se discute son dos modelos de país opuestos. En uno de ellos, las inversiones sociales son consideradas un gasto; en el otro, son políticas para proteger a los sectores más vulnerables. Esos dos modelos también se diferencian en otros aspectos: por ejemplo, en el tema de las regulaciones. Hay quienes no quieren regular porque creen que no necesitan hacerlo, porque parten del supuesto de que su poder les permite lograr todo lo que se proponen; y hay quienes consideran imprescindibles las regulaciones porque entienden que la mejora en las condiciones de vida depende de cuánto se intervenga en cómo se acumula y cómo se distribuye la riqueza entre los distintos sectores de la sociedad. Los primeros apuestan por conservar, los segundos por modificar.
En otro orden de cosas, hay una cantidad de temas trascendentes que el Parlamento debería tratar, como por ejemplo todo lo vinculado al litio. Este mineral es y será cada vez más un recurso estratégico para el desarrollo de nuevas tecnologías y para la transición energética. Por ello, su valor en el mercado y su demanda es creciente.
En nuestro país tenemos una de las mayores reservas de litio del mundo. De allí que es indispensable avanzar en una legislación que proteja este recurso, privilegie sus procesos de industrialización, fomente a las empresas de capitales nacionales, y garantice su uso sostenible en el tiempo, con los menores impactos ambientales y sociales, entre otras cuestiones.
Con estas premisas, el entonces diputado nacional Juan Carlos Junio y quien escribe, como representantes del Partido Solidario, junto con otros diputados de lo que hoy es el Frente de Todos, en 2014 presentamos un proyecto que apuntaba a la orientación mencionada en el párrafo anterior. La tarea a encarar es tan relevante que requiere de la participación del Estado Nacional para establecer los instrumentos para la exploración, explotación, industrialización y comercialización del litio y sus derivados. Aquella propuesta reconocía los derechos de las provincias, y proponía incorporarlas en la gestión nacional de los recursos litíferos, de tal forma que no se vean alterados los beneficios económicos que éstas perciben.
La existencia de más del 60% de las reservas mundiales de este mineral en Chile, Bolivia y Argentina habilita a pensar en emprendimientos conjuntos. Será necesario generar los consensos para que nuestro país cuente con una ley que regule el fuerte crecimiento de la explotación del litio y todos sus derivados y para que la mayor parte de los recursos generados queden en nuestro territorio.
La semana pasada se cumplieron 46 años de la promulgación de la ley de Entidades Financieras lanzada por José Alfredo Martínez de Hoz. El 14 de febrero de 1977, cuando realizó su presentación, el ministro de la dictadura afirmó que esta ley estaba llamada a ser la más importante de su gestión y a perdurar por mucho tiempo. Lamentablemente tuvo razón. Se trata de una ley de bancos, mientras que hoy habría que avanzar hacia una ley de servicios a los usuarios para regular y proteger sus derechos. La ley vigente parte del concepto de que los bancos podrán hacer todo aquello que no está expresamente prohibido. Por el contrario, el proyecto de Ley de Servicios Financieros que elaboramos hace más de una década, y que tuvo el apoyo de más de un millón de firmas, establecía que los bancos sólo podrían hacer aquello para lo que están expresamente autorizados, a partir de la idea de que son prestadores de servicios a los usuarios. Estos son sólo un par de ejemplos de grandes temas que deberían estar en el debate parlamentario y, más en general, en la discusión programática con vistas a las próximas elecciones. El proyecto de país que expresa el Frente de Todos está en condiciones de proponerle a la sociedad estos grandes debates estratégicos, entre muchos otros.
Juntos por el Cambio intenta bloquear y llevar a su mínima expresión los espacios institucionales de debate. Por el contrario, el Frente de Todos busca ampliarlos y profundizarlos. Es la diferencia entre achicar y profundizar la democracia.
Por Carlos Heller
* Diputado nacional por el Frente de Todos y presidente del Partido Solidario.
