Palos, balas, heridos y detenidos para inaugurar la Constitución de Gerardo Morales
La jura de la nueva carta magna provincial, que tuvo un debate exprés y cercena el derecho a la protesta, desató manifestaciones de trabajadores estatales, docentes, movimientos sociales y pueblos originarios.
La jura de la nueva carta magna provincial, que tuvo un debate exprés y cercena el derecho a la protesta, desató manifestaciones de trabajadores estatales, docentes, movimientos sociales y pueblos originarios. El gobierno del radical Morales respondió con una represión salvaje, que dejó al menos 170 heridos y 69 detenidos. Los operativos policiales incluyeron vehículos sin identificación y persecuciones en casas y barrios.
Gerardo Morales estrenó su nueva Constitución con la provincia incendiada. Gremios estatales y docentes, movimientos sociales y pueblos originarios rechazaron en las calles de San Salvador de Jujuy la reforma con la que el gobernador limitó el derecho a protestar, y a la que se acusa de preparar el terreno para un avance del negocio del litio sin cuestionamientos ni oposición. La jura de esta reforma constitucional, que fue aprobada de apuro en tres semanas, y a la que Morales intentó el lunes volver a cambiar como si el texto constitucional dependiera sólo de su voluntad, derivó en fuertes protestas. La respuesta fue una represión salvaje. Durante cuatro horas la ciudad quedó envuelta en disturbios, y al terminar el día había 69 personas detenidas, unas arrestadas en la manifestación y otras en posteriores redadas policiales por los barrios. El mensaje disciplinador dado por estos operativos, en los que se utilizaron vehículos sin identificación, fue reforzado anoche con una orden de la Justicia Federal de desalojar los cortes de ruta en las localidades de Purmamarca, Libertador (Ledesma) y San Pedro.
«Tenemos unos 170 heridos por las manifestaciones y enfrentamientos, uno de los cuales es de gravedad», informó a la agencia Télam Pablo Jure, director del servicio de emergencias Same en Jujuy. Una persona debió ser operada por el impacto a quemarropa de un cartucho de gas y por lo menos otras dos habían recibido perdigonadas en los ojos. El clima en la provincia es de mucha tensión ante la posibilidad de nuevos operativos represivos en la Quebrada y la Puna.
Gremios, movimientos y comunidades
Como suele suceder cuando todo está a punto de saltar por el aire, el día arrancó con una extraña calma. Que era, en realidad, producto de la confusión: nadie sabía si este martes la reforma constitucional iba a ser jurada -lo que parecía una locura, dado que unas horas antes el gobernador había dado marcha atrás con varios de sus artículos-. Tampoco estaba claro si iba a haber un acto oficial para presentar el nuevo texto en un teatro del centro, como circuló durante el fin de semana. Lo único seguro era que una intersindical de gremios iba a hacer un banderazo y que, en caso de que la Constitución fuera tratada -o en caso de que Morales realizara un acto para presentarla en sociedad-, los sindicatos y movimientos concentrarían en el lugar donde esto sucediera, para repudiarlo.
La Legislatura jujeña amaneció vallada, y desde las once de la mañana los manifestantes se empezaron a movilizar hacia la zona.
La columna gremial más numerosa estuvo integrada por docentes. El sector marchó con su repertorio de cantos: «Morales, gato / sos un ladrón, le robaste a la educación / has mentido has engañado / a todo el pueblo ¡Morales gato!», coreaban las maestras. Otro muy repetido fue: «Paso paso paso, se viene el jujeñazo».
Los docentes están de paro por tiempo indeterminado en reclamo de un aumento salarial. Si bien el gobernador argumenta que les hizo una buena oferta, que lleva su piso salarial a 179 mil pesos, los maestros plantean que están por debajo de la línea de pobreza. «Queremos 200 mil pesos de básico», dijo en la protesta Silvia Vélez, la titular del gremio Adep. Los maestros denuncian que por la precarización del sector tienen trabajadores de la educación que están cobrando 45 mil pesos.
También había en la columna de municipales del SEOM, trabajadores de la salud y estatales la provincia. Los gremios avanzaron hasta donde los dejó el vallado, a una cuadra de la Legislatura. Detrás de las rejas se había desplegado un impresionante operativo policial.
Contra un segundo vallado concentraron los movimientos sociales y los partidos de izquierda, incluidos los congresales convencionales del PTS, que días atrás, durante el tratamiento inicial de la reforma de la Constitución, se retiraron denunciando que les había sido imposible debatir.
La represión
Antes del mediodía empezó a correr la noticia de que la Constitución había sido jurada. «La juraron, Morales la hizo jurar y se fue», era la frase repetida. Entonces, un grupo de manifestantes tiró abajo las rejas y avanzó camino hacia la Legislatura.
En la represión que le siguió se vieron dos cosas. Una, que la policía estaba decidida a una reacción sin freno: de nuevo hubo personas que recibieron disparos de postas de goma en sus ojos. Otro hecho saliente fue que se llevaron a los arrestados en autos sin identificación y hubo detenidos al voleo. En medio de la refriega, un manifestante, que luego sería identificado como Nelson Mamani, quedó tirado sobre el asfalto, sobre un charco de sangre. Ayer lo operaron y permanecía internado.
La segunda cosa evidente fue que las organizaciones que estaban en la calle tenían una decisión de permanecer. Así, mientras en un primer círculo pegado a la Legislatura grupos de manifestantes tiraban piedras, encendían neumáticos, recibían los gases lacrimógenos y balas de goma y daban vuelta vehículos -en un momento incluso ingresaron al edificio de la Legislatura-, en los bordes, a distancia del efecto de los gases, las columnas más gruesas de manifestantes se mantuvieron, sosteniendo su presencia. Por eso los disturbios y la represión duraron tanto: más de cuatro horas.
Pero incluso una vez dispersada la protesta la represión no cesó. La policía entró con camionetas sin patente a los barrios, donde grupos de efectivos ingresaron en las viviendas e hicieron nuevos arrestos. Por eso al penal de Alto Comedero siguieron llevando detenidos hasta entrada la tarde. Para los abogados de las organizaciones, la impresión fue que, si pararon, fue por falta de lugar.
En la Quebrada y la Puna
Entre quienes protagonizaron las protestas, la opinión extendida es que la nueva Constitución fue redactada, básicamente, para profundizar un modelo extractivista manteniendo disciplinada a la población. «El objetivo es fijar un nuevo orden, apto para una nueva ola de negocios», aseguró en la protesta Nando Acosta, histórico dirigente de los trabajadores estatales de Jujuy y uno de los que recibieron perdigones de goma en la cara. Como se sabe, uno los artículos de la nueva Constitución prohíbe los cortes de ruta y la toma de edificios públicos. Otro veda el indulto a los condenados «por corrupción», lo que hace pensar en la intención de mantener presa a Milagro Sala. El rechazo social, sin embargo, va mucho más allá de la limitación del derecho a reclamar.
Así lo plantearon las comunidades de los pueblos originarios, que aunque Morales les «concedió» borrar los artículos impugnados por ellos (la reforma los dejaba en riesgo de ser desalojados por carecer de títulos de propiedad comunal), decidieron mantener los cortes de ruta en la Quebrada y la Puna.
En la protesta hubo representantes de estas comunidades. Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya, aseguró el principal motivo por el que la rechazan es que se trató de una reforma inconsulta, y por eso hay un convencimiento de estar hecha «para el despojo». Entre los pueblos originarios circula la idea de hacer un Tercer Malón de la Paz que lleve sus reclamos a la Ciudad de Buenos Aires.
La amenaza de represión se trasladará ahora a sus cortes de ruta. El juez federal Diego Matteuci dictó a última hora una orden de desalojo de los piquetes que mantienen en las localidades de Purmamarca, Libertador (Ledesma) y San Pedro, también en rechazo a la nueva Constitución.
Los detenidos permanecían anoche en Alto Comedero. Al cierre de esta edición, en la puerta del penal decenas de personas con familiares que no habían podido ubicar esperaban tener alguna noticia sobre si estaban detenidos. La abogada Lorena Mamani, que junto a otros colegas se quedaron en el lugar para asistir a los detenidos, señaló que algunos de los presos fueron imputados por los delitos de resistencia a la autoridad, daños a los bienes públicos y por impedimento a las tareas de los funcionarios públicos, en grado de tentativa. Una acusación que derrocha cinismo, como quien dice al preso por reclamar «así y todo, no pudiste».
