Un torniquete al gasto público
El proyecto de ley de estabilidad o blindaje fiscal consagra el ajuste como valor supremo del rol del Estado
El proyecto de ley de estabilidad o blindaje fiscal consagra el ajuste como valor supremo del rol del Estado
Milei incluyó en el temario de sesiones extraordinarias el proyecto con el que busca “blindar” el equilibrio fiscal y establecer penas de prisión para funcionarios y legisladores que aprueben gastos sin financiamiento. La decisión aparece en paralelo al tratamiento del Presupuesto 2026 y suma una nueva capa de tensión política, porque el Ejecutivo pretende fijar una regla permanente de déficit cero que condicione el margen de acción del Congreso y del propio Gobierno. La iniciativa reactiva un debate que había quedado frenado en Diputados y que ahora el oficialismo intenta retomar con una correlación de fuerzas más favorable.
El proyecto, denominado por el Gobierno como “Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, fue presentado por cadena nacional en septiembre, en medio de las discusiones sobre leyes para financiar universidades, el Hospital Garrahan y programas de discapacidad, que el oficialismo rechazó por no especificar fuentes de recursos. En ese contexto, y tras perder control de la agenda parlamentaria, la Casa Rosada lanzó esta iniciativa que busca convertir en norma estructural la prohibición de aprobar leyes que impliquen déficit. El llamado a sesiones extraordinarias vuelve a colocar ese texto en el centro del debate junto al Presupuesto 2026, la reforma laboral y el proyecto sobre el llamado “dólar colchón”.
El primer capítulo del proyecto define que el Presupuesto debe proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario. El artículo 1 establece de manera explícita que queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto con déficit. Se trata de una regla rígida que intenta elevar la disciplina fiscal a un principio permanente, independientemente del ciclo económico o de las necesidades de inversión pública. El planteo también tiene un efecto político inmediato: limitar de antemano cualquier iniciativa que implique expansión del gasto.
Para sostener ese equilibrio, el texto faculta a la Jefatura de Gabinete a aplicar las medidas necesarias si durante la ejecución se verifica una caída de recursos o un aumento de gastos que ponga en riesgo la meta. La jefatura de ministros se convierte así en responsable directa de corregir cualquier desvío fiscal.
La propuesta avanza luego sobre el Congreso. Plantea que cualquier ley que establezca gastos no previstos solo podrá entrar en vigencia cuando las partidas correspondientes sean incorporadas expresamente en el presupuesto del año siguiente. La única excepción serán las leyes que definan una fuente de financiamiento concreta que no altere el equilibrio fiscal.
Además, el texto establece que todo proyecto que implique erogaciones deberá incluir un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo como condición previa para su tratamiento en comisiones. El Gobierno incorpora también una autorregulación: ningún funcionario podrá asumir compromisos no autorizados en la ley de presupuesto y el Ejecutivo deberá abstenerse de pedir adelantos transitorios al Banco Central para financiar gasto primario.
El capítulo más polémico del proyecto es el que propone modificar el Código Penal. Allí se incorpora una pena de prisión de 1 a 6 años e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena para el funcionario que dicte, apruebe, autorice o ejecute normas que impliquen un incremento del gasto sin contar con recursos acreditados. Se trata de una figura inédita en democracia, porque convierte en delito decisiones políticas sobre financiamiento estatal.
La iniciativa endurece aún más el castigo para funcionarios del Banco Central. El artículo correspondiente establece penas de 3 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble del plazo para quienes autoricen o ejecuten emisión monetaria en violación de la Carta Orgánica.
En la ocasión de la presentación del presupuesto, sectores opositores advirtieron sobre la gravedad institucional del enfoque. Carlos Heller, entonces diputado de Unión por la Patria, fue uno de los primeros en cuestionarlo públicamente. Según expresó en la emisora radial AM 750, el proyecto “convierte en delito cualquier ley que se aprobara que pusiera en riesgo el déficit fiscal” y “pone al déficit al nivel de un delito de lesa humanidad”. Para Heller, es “absolutamente imposible que pueda prosperar” un esquema que somete la tarea del Congreso a reglas penales. Considera que la iniciativa desconoce la naturaleza del presupuesto, que “presupone cosas” y se basa en proyecciones que pueden o no cumplirse.
Heller también destacó contradicciones en el discurso presidencial. Milei sostuvo que los países con déficit no pueden prosperar. Heller, en cambio, subrayó que muchos de esos países alcanzan equilibrio fiscal gracias a sistemas tributarios muy robustos y altos niveles de gasto público. Es decir, modelos opuestos al planteo de reducción del Estado que impulsa el Gobierno. A la vez, recordó que economías centrales como Estados Unidos, China, Japón o el Reino Unido operan con déficit sin que eso determine su imposibilidad de crecer.
