Polémica aprobación de convenio urbanístico en el Concejo de Córdoba
Sin el apoyo de los bloques de la oposición, el radicalismo aprobó ayer la ratificación de un convenio entre Migare Urbanizaciones SA y la Municipalidad de Córdoba. Desde las distintas bancadas aseguraron que la UCR no cumplió con las normativas vigentes, y que el acuerdo benefició a la privada en desmedro del municipio.
El concejal oficialista, presidente de la comisión de Desarrollo Urbano, Alberto Guzmán, justificó el proyecto: “Esta iniciativa es el fraccionamiento de 22 hectáreas, 17 son fraccionables: 2,67 para espacios verdes y 15 es para viviendas.
El beneficio en dinero para el municipio son 7 millones, con lo que se realizará la red troncal de gas para barrio Coronel Olmedo, ya que hace 12 años que en esta zona no hay obras de envergadura, además el emprendimiento deberá dejar listo todos los servicios para esa zona”.
Sin embargo, para la titular del bloque Eva Duarte, Olga Riutort, los convenios urbanísticos que se aprueban en el Concejo Deliberante “están saliendo todos incumpliendo las ordenanzas de Banco de Inmuebles y la de Convenios Urbanísticos, en donde el valor del metro2 de tierra y del metro2 de construcción lo fijan de acuerdo a la cara del cliente, y no como lo indica la norma, respetando lo establecido por la Dirección de Catastro y la de Estadísticas Provincial, en el segundo caso”.
Por su parte, el concejal del Frente Cívico Esteban Dómina objetó también que la determinación de la compensación para la Municipalidad no se tuvieron en cuenta las nuevas condiciones de ocupación del suelo (Factor de Ocupación Total), y el consiguiente aumento de la superficie edificable que habilita el Convenio.
“Este ítem, obviado por el municipio en el Convenio, genera un beneficio estimado de 62.452 m2 para el desarrollista, correspondiéndole en consecuencia 6.245 m2 al municipio (10%), que a razón de $ 6.102.- el m2 implica una suma de $ 38.106.990.- que el municipio deja de percibir”.
Señaló que tampoco se consideró que una parte de las 22,5 hectáreas se encuentran en zona no urbanizable con fines residenciales “aplicándose para el cálculo del beneficio un porcentaje del 10% de la mayor cantidad de lotes resultante del cambio normativo, cuando a esta porción de la superficie le corresponde el 15%”.
