Representantes de cooperativas pidieron retirar un artículo de la «Ley Hojarasca» que las afectaba
Fue en el marco de una reunión informativa de la Comisión de Asuntos Cooperativos de Diputados donde referentes del sector abordaron la situación actual y plantearon las consecuencias que traería la derogación de la Ley 11.380.
Fue en el marco de una reunión informativa de la Comisión de Asuntos Cooperativos de Diputados donde referentes del sector abordaron la situación actual y plantearon las consecuencias que traería la derogación de la Ley 11.380.
En la antesala al debate de la denominada «Ley Hojarasca» que envió el Poder Ejecutivo al Congreso la cual busca derogar normas «obsoletas», el tema se coló en la reunión de este martes de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales de Diputados, que preside el diputado Aldo Leiva, donde representantes de cooperativas apuntaron contra el proyecto de ley y pidieron que no se derogue un artículo de la Ley 11.380.
Al respecto, el diputado formoseño Atilio Basualdo (LLA) anticipó que en nombre del bloque eliminarán de la redacción del texto ese artículo en particular. «Quiero adelantarles en nombre del bloque que esta Ley Hojarasca se la va a sacar como ustedes la piden, pero la verdad es que hoy tenemos un presidente que va a escuchar a todos los sectores que trabajan por el bien de la República Argentina. También tenemos que entender que esta herramienta que son las cooperativas han sido utilizadas por políticos para manejar mal», argumentó.
Al exponer, desde la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas Eléctricas y otros Servicios Públicos (Conaice), el secretario de la entidad, Bruno Rodríguez, se refirió a uno de los puntos contenidos en la Ley Hojarasca, precisamente el inciso b) del artículo 5º, el cual exime de impuestos a los edificios y construcciones de cooperativas.
En ese sentido, pidió que «se tenga en consideración la exención que plantea la Ley 11.380 sobre la contribución solidarias para formación cooperativa y que se quite del proyecto actual, por el perjuicio que generaría en las cooperativas porque los montos de la contribución de los mínimos no imponibles se van a multiplicar y van a poner a las cooperativas en una situación de quebranto».
«Solicitamos que se ponga en resguardo a nuestras entidades cooperativas de esta nueva imposición tributaria. El perjuicio sería nefasto desde el punto de vista económico para las entidades solidarias», señaló y planteó: «Pedimos que pongan a resguardo las entidades cooperativas de esta nueva imposición tributaria que sería gravosa».
Agricultores Federados Argentinos, el secretario Claudio Mafud, mostró preocupación por el inciso que toca la Ley Hojarasca que «afecta terriblemente al sector cooperativo, principalmente la de servicios porque se va a ver diezmado la parte social que cumple la cooperativa. Muchas veces donde el Estado no pudo llegar, primero estuvieron las cooperativas haciendo el trabajo. Hay una necesidad de plantear esta situación y alertar el daño que esto pueda provocar. Tomen conciencia».
En nombre de Conarcoop, Sebastián Ramos manifestó que la Ley Hojarasca: «Viene a destruir el trabajo solidario que vienen desarrollando las cooperativas en el territorio. Vienen por el entramado económico que llevamos a cabo. Vienen por lo que nosotros podemos plantear cuando el Estado está ausente». «Estamos en contra de este proyecto porque esto no es una cuestión económica, es una cuestión destructiva», cerró.
En tanto, Mario Raiteri, de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), explicó que «nosotros estamos exentos del impuesto a las ganancias, pero tenemos un fondo para la educación y promoción cooperativa que hace que tengamos que aportar en la diferencia de activos y pasivos. Estas exclusiones están referidas en el artículo 8 inciso b de la ley del Gobierno que refiere a la Ley 11.380 artículo 5», por lo que pidió la supresión de ese artículo y mostró preocupación en «todo lo que se refiera al cooperativismo», al resaltar que «es una herramienta extraordinaria que va más allá de las ideologías».
Por su parte, Néstor Fiumano, representante de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC), también consideró que la derogación de la Ley 11.380, «implicaría un costo muy adicional al impuesto que se llama Fondo de educación y capacitación cooperativa».
En la misma línea, Pablo Rodofili, de la Federación Argentina de Entidades de la Salud Solidaria (Faess), se manifestó a favor de «discutir el régimen tributario cooperativo», pero solicitó «hacerlo con seriedad y no derogando una norma, sin cambiarla por otra».
Asimismo, Juan Carlos Junio, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, valoró la tarea que realizan, al sostener que «el cooperativismo funciona». «Nosotros también nos modernizamos, capacitamos a nuestros recursos humanos, y brindamos servicio con toda eficiencia y calidad», detalló.
También participaron desde la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, Federación de Cooperativas Federadas, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones, Cooperativa de Servicios Públicos Winifreda, y Unión Nacional de Cooperativas de Vivienda.
Al inicio del encuentro los miembros de la comisión eligieron autoridades pendientes, y en ese sentido, la diputada Florencia Carignano (UP) quedó designada para ocupar la vicepresidencia 2°, mientras que el diputado Abel Chiconi (LLA) quedó a cargo de la secretaría 1°.
