En febrero la Legislatura Cordobesa aprobará ley de pago sociales que exigen los municipios
La Ley que modifica los pagos de los programas sociales de Niñez y Ancianidad será aprobada en febrero.
El proyecto de ley que acelera la forma de abonar los gastos sociales en Niñez y Ancianidad tendrá el aval de las principales bancadas.
En la segunda o tercera sesión ordinaria de febrero la Legislatura de Córdoba aprobará con el voto favorable de las bancadas de Unión por Córdoba, la UCR y el Frente Cívico el nuevo sistema de rendiciones de cuenta y de pago de los programas sociales de Niñez y Ancianidad que implementan los 427 municipios y comunas de Córdoba.
El Ministerio de Gobierno diseñó el nuevo sistema con el fin de evitar las justificadas quejas de los intendentss.
Fuentes legislativas confirmaron a LA MAÑANA que a fines de diciembre ingresó el proyecto de ley enviado por el Ministerio de Gobierno y Seguridad por el cual se intentará dar una respuesta definitiva a las justificadas quejas que desde hace años presentan los intendentes por las crónicas demoras que registra la Provincia para abonar estas millonarias erogaciones sociales.
El ministro de Gobierno Walter Saieg se encargó el año pasado de discutir personalmente con los intendentes de la Mesa Provincia Municipios el contenido de la nueva legislación social y luego planteó el pedido de una rápida aprobación a los bloques legislativos de la UCR, UPC, Frente Cívico y Frente para la Victoria, obteniendo una respuesta favorable.
Como antecedente debe recordarse que desde que el ex gobernador radical Ramón Mestre transfirió a los municipios la prestación de los servicios de alimentación a todos los niños y ancianos de escasos recursos económicos que asisten diariamente a las diferentes guarderías y hogares, los jefes comunales siempre han tenido que esperar meses y meses para lograr que la Provincia les pague lo que gastan con estos programas sociales y solidarios.
Es que el sistema que por ahora se implementa a través del Ministerio de Desarrollo Social contempla que los pagos se realicen simultáneamente por tandas de ciudades o pueblos según las diferentes regiones. Si un intendente se atrasa en presentar la documentación rindiendo cuenta de lo gastado en un trimestre, se atrasan los pagos para todas las poblaciones que integran la misma área territorial.
A partir del nuevo sistema que se aprobará por ley el mes próximo, cada municipalidad rendirá sus gastos en forma individual y cobrará de inmediato la suma correspondiente a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
En cambio el Ministerio de Desarrollo Social seguirá controlando la ejecución del plan, verificando la cantidad de beneficiarios y que los alimentos que se brindan diariamente reúnan los requisitos de calidad y valor nutritivo.
Los funcionarios consultados aseguraron que una vez que se promulgue la Ley, a partir de marzo o a más tardar abril, el gobierno pondrá en marcha el nuevo sistema reclamado desde hace años por distintas generaciones de intendentes.
Además existe la promesa de parte del gobierno de abonar dentro de los próximos tres meses la millonaria deuda que quedó del año pasado por este mismo concepto tanto para municipios radicales como justicialistas, kirchernistas y del Frente Cívico.
Por el desigual y burocrático sistema imperante, a algunas intendencias se les debe un trimestre de rendiciones, a otras un semestre y en los casos más extremos hasta un año, con cl consiguiente perjuicio para las arcas municipales.
Las fuentes consultadas no pudieron confirmarlo pero seguramente la Provincia actualizará el valor mínimo que se paga por día y por persona en concepto de estos planes alimentarios. La suma hasta el año anterior era de apenas 6 pesos por cápita.
Este escaso aporte provincial obliga obviamente a cada intendencia a sumar aportes propios para lograr adquirir los alimentos y pagar los salarios de quienes se encargan de atender a los niños y abuelos, brindándoles desayunos y almuerzos, además de la necesaria contención social.
Mientras en algunas pequeñas localidades los beneficiarios de estos programas sociales constituyen apenas una decena, en otras ciudades la cifra final supera con creces el centenar y medio, impactando fuerte el gasto en los respectivos presupuestos que administran los intendentes en cada una de las poblaciones del interior cordobés.
