El gobierno de Macri tuvo que defender ante la CIDH, los cambios en la Ley de Medios
Denunciaron en la CIDH el desguace de la Ley de Medios y la violación de facto de derechos humanos
Representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil y autoridades del gobierno argentino participaron ayer de una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y titulada «Derecho a la libertad de expresión y cambios a la ley de servicios de comunicación audiovisual en Argentina».
En una audiencia que se realizó en Estados Unidos convocada para explicar la situación de la libertad de expresión en Argentina y los cambios realizados vía decreto a la ley que regulaba a los grandes medios de comunicación, varias asociaciones civiles denunciaron el «desguace» de la ley de medios, derogada por Mauricio Macri mediante un decreto en diciembre pasado.
El Estado argentino tuvo que explicar sus medidas. Sin embargo, se centró en criticar al kirchernismo.Los funcionarios macristas no respondieron los cuestionamientos.
Los representantes de organizaciones sociales encabezados por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) exigieron en Washington al gobierno de Macri que “repare los aspectos del derecho a la comunicación ya vulnerados” por los decretos que anularon parte de la normativa y “garantice la transparencia, participación plural y representación sectorial en la elaboración de toda norma relativa al derecho a la comunicación”.
El gobierno de Macri tuvo que defender los cambios en la Ley de Medios mediante DNU y sin consenso
El gobierno de Macri defendió ante la Comsión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la decisión de derogar por decreto aspectos de la Ley de Medios, la cual había sido aprobada por mayoría en el Congreso y debatida con amplios sectores de la sociedad.
La medida de derogarla de hecho mediante decretos y no a partir de debate con los involucrados fue criticada por referentes de la comunicación durante una audiencia realizada en Washington en la que criticó políticas de los gobiernos anteriores.
Por el Gobierno nacional llevaron adelante esa posición el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Miguel de Godoy, junto con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; así como el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón. Además, también estuvo presente Silvana Giudici, directora del ENACOM, que no hizo uso de la palabra.
Avruj afirmó que el presidente Mauricio Macri está comprometido con “el pleno ejercicio de la libertad de expresión” en el país, aunque hasta el momento no haya ninguna medida que haya ido en esa dirección. Además, agregó que Argentina vivió una “grave situación” durante los últimos seis años en esa materia, al tiempo que cuestionó distintas acciones del gobierno anterior, como la forma de distribución de pauta oficial.
También dijo que se había montado un “enorme montaje de propaganda política” y advirtió que “durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la política de medios y relación con la prensa estuvo dirigida a la hegemonía comunicacional por sobre la libertad de voces”.
Avruj destacó que “el presiente Mauricio Macri ha dejado de usar la cadena nacional como una herramienta política” y destacó que brinda entrevistas a periodistas, a diferencia de su antecesora. Por su parte De Godoy se mostró de acuerdo con “reunirse con cada uno de los peticionarios para escucharlos” y señaló que en la gestión de Mauricio Macri ningún funcionario “va a romper un periódico en una conferencia de prensa”.
Derecho a la información
Del lado querellante, las entidades de la Sociedad Civil, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (Redcom) y algunas otras organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), cuestionaron duramente las políticas de medios del Gobierno.
Por su parte, los peticionarios afirmaron que la derogación en parte de la Ley favorece a los grandes grupos y viola los estándares internacionales de libertad de expresión y derecho a la información.
Aseguraron que se avanza hacia la “concentración” de medios privados a partir de las políticas actuales y advirtieron que no era motivo de la audiencia discutir las acciones del gobierno anterior.
Hablaron de “efectos regresivos de la política dispuesta por el actual gobierno y que es preocupante porque agrava la concentración y con la creación del ENACOM completa una gubernamentalización de las políticas con discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo”, según indicó el experto Martín Becerra.
En la audiencia, el titular del CELS, Horacio Verbitsky señaló que las políticas actuales “benefician a las grandes empresas en detrimento de las derechas” y “dejan como principales protagonistas a los grandes medios y el gobierno de turno”.
En tanto, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, advirtió que el ENACOM tal como funciona y fue creado a su juicio no respeta “estándares” adecuados en materia de libertad de expresión. Reiteró sus “preocupaciones sobre medidas ya adoptadas” y pidió realizar “modificaciones” y “construir una regulación en línea con los estándares interamericanos”.
Por último, Lanza advirtió que “como está hoy diseñado el organismo regulador no cumpliría con los estándares” pautados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
