33,5 y emergencia laboral
El informe de FIEL conocido esta semana sobre la evolución de precios de las canastas de consumo dejó en ridículo a aquellos que decían que había una campaña del miedo cuando se advertía sobre las consecuencias de las políticas económicas que proyectaba implementar Cambiemos.
El informe de FIEL conocido esta semana sobre la evolución de precios de las canastas de consumo dejó en ridículo a aquellos que decían que había una campaña del miedo cuando se advertía sobre las consecuencias de las políticas económicas que proyectaba implementar Cambiemos. El estudio de la consultora ultraliberal determinó que la canasta básica total (CBT), que incluye alimentos y servicios, aumentó un escandaloso 33,5 por ciento en apenas seis meses, al pasar de 7927 pesos para una familia con cuatro integrantes en octubre del año pasado a 10.580 pesos en abril. En valores absolutos, en seis meses hicieron falta 2653 pesos más para cubrir la misma canasta. La CBT marca el límite de la pobreza por ingresos. Aquellas familias que estaban en el umbral de 7927 pesos en octubre y no lograron aumentar sus recursos en esa proporción, 33,5 por ciento hasta abril, pasaron a ser pobres. Esto explica por qué para la Universidad Católica Argentina, otra fuente insospechada de enemistad hacia el macrismo, la pobreza subió del 29 al 34,5 por ciento solo en el primer trimestre de este año, lo que equivale a 1,4 millón de nuevos pobres. También revela por qué hay un derrumbe generalizado del consumo. Una enorme mayoría de trabajadores estuvo lejos de recuperar ingresos en un 33,5 por ciento los últimos seis meses, diluyendo aceleradamente el poder de compra de sus salarios.
Para tomar dimensión del salto inflacionario corresponde comparar esos valores con lo que ocurría antes de noviembre, cuando Alfonso Prat-Gay anunció con liviandad que un probable gobierno de Cambiemos –a esa altura ya era favorito para el ballottage– aumentaría el dólar oficial en busca de una unificación cambiaria. El economista desafió que una devaluación no afectaría a nadie porque los precios ya estaban fijados al valor del dólar ilegal, en torno a 15 pesos. Era mentira. Eso se observa con claridad al analizar la evolución de precios de la CBT de FIEL entre abril y octubre de 2015. El aumento en ese semestre fue del 6,0 por ciento, de 7475 a 7927 pesos. Es decir, 452 pesos más. En cambio, en los seis meses que siguieron a la promesa de Prat-Gay de liberar la compra de dólares el incremento de la CBT fue del 33,5 por ciento, 2653 pesos más, hasta 10.580 pesos. De 6 a 33,5 por ciento. Los datos corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, adonde el impacto por el aumento de tarifas de electricidad, agua y transporte fue mayor. Curiosamente es el distrito donde se encuentra una de las mayores bases electorales de Macri, quien obtuvo 64,8 puntos en el ballottage de noviembre, contra 35,2 de Scioli. Otra comparación posible para asimilar la magnitud del ajuste de Cambiemos es con todo el año 2014, el peor del kirchnerismo en materia inflacionaria luego de la devaluación de enero de ese año. La misma canasta básica de FIEL registró entonces un alza del 35,0 por ciento, de 5236 a 7070 pesos (1834 pesos más). El nuevo gobierno provocó 33,5 por ciento en solo seis meses.
Un incremento de la CBT superior a 30 puntos en un semestre no significa necesariamente que vaya a ser mayor a 60 por ciento en un año. Es probable que la abrupta caída del consumo que está provocando la estampida inflacionaria desacelere los aumentos en la segunda mitad de 2016. Sin embargo, el arranque de mayo confirma la tendencia que se instaló desde que el ahora ministro de Hacienda y Finanzas sostenía que no había riesgos con la devaluación. La cámara de supermercados de origen chino que conduce Yolanda Durán denunció que esta semana se presentaron nuevas listas de precios con aumentos del 10 al 12 por ciento en harinas, del 5 al 10 en lácteos y de más del 15 en verduras, a lo que se suma el ajuste del 10 por ciento en combustibles y el 60 por ciento en cigarrillos. La suba en las naftas, el gasoil y el GNC dará lugar a otra ronda de remarcaciones por el impacto de ese costo sobre la industria y los fletes. Esos incrementos fueron la respuesta del Gobierno a la masiva concentración de las centrales obreras de la semana pasada, junto con la férrea resistencia al proyecto de ley que declara la emergencia laboral y un paquete de medidas para profundizar la desregulación financiera, que incluyó la autorización para la compra de divisas hasta 5 millones de dólares mensuales, en lugar de los 2 millones decretados en diciembre. Seguramente serán grandes empresas y fugadores de divisas a guaridas fiscales quienes más aprovechen el nuevo permiso.
Los aumentos de precios, como se mencionó más arriba, están forzando un recorte del consumo. Para el tercio de los hogares de menores ingresos eso afecta directamente la compra de alimentos para la familia. De acuerdo a una investigación del economista Sergio Rosanovich, de la UBA y Unsam, en base a la encuesta nacional de gastos de los hogares del Indec de 2012-2013, el decil más pobre de la población destinaba entonces el 51,5 por ciento de sus recursos a ese fin. Esa proporción era del 47,1 por ciento para el segundo decil y del 44,2 para el tercero. Con esos patrones de consumo, los aumentos en las góndolas dejan a ese amplio sector social prácticamente sin margen para evitar menores compras de alimentos. El “sinceramiento económico” que tanto le duele a Macri recae sobre las espaldas y los estómagos de los sectores más humildes.
La emergencia laboral que el Gobierno desconoce, a su vez, se agravó en abril. La consultora Tendencias Económicas presentó ayer su informe sobre lo ocurrido el mes pasado: se sumaron 12.252 trabajadores despedidos, un nivel 9,7 veces superior al de abril de 2015. Algunos ejemplos son 40 cesantías en Acindar (que además suspendió a 100 trabajadores); 250 en la fábrica de electrodomésticos BGH; 300 en la metalúrgica Brighstar; 1500 en la Red de Cooperativas Textiles CABA que trabajaban para el Estado, cuyos contratos no fueron renovados; 60 en la textil Felsum; 60 en la autopartista Motorarg; 9 en la alimenticia Nestlé; 20 en la compañía de móviles Nextel; 90 en la productora televisiva PPT; 28 de Editorial Atlántida; 120 en la petrolera Perterser; 120 en la productora de acoplados Petinari; 180 en la planta de Siderar en San Nicolás; 15 en la metalúrgica Tenaris Siat, y 65 de estaciones de servicios de San Juan. El listado es mucho más amplio y engloba despedidos de la construcción (que son mayoría), gastronómicos, comercio, del sector transporte, de la salud, de prensa, vitivinícola, otros metalúrgicos, textiles y petroleros, entre otros. A eso hay que agregar lo que ocurre en el sector público, tanto nacional como provincial y municipal, donde también se multiplicaron las desvinculaciones. Por ejemplo, 119 de Tecnópolis; 200 de la ex Afsca; 86 de la Secretaría de Agricultura Familiar de Corrientes; 35 del mismo organismo en San Juan; 110 de Cancillería; 74 del Centro Cultural Kirchner; 18 de la Dirección de la Niñez del Municipio de Morón; 230 de Migraciones; 160 del Ministerio de Hacienda y Finanzas; 270 del Ministerio de Trabajo; 5 del Ministerio de Trabajo de La Rioja; 10 del Municipio de General Villegas, y 120 de la Secretaría de Asuntos Malvinas, entre otros. De acuerdo a este relevamiento, los despedidos en cuatro meses de 2016 suman 139.396. De ese total, 99.247 se desempeñaban en el sector privado y 40.149 en el público. En cuanto a las suspensiones, fueron 10.513 en abril, 35 veces más que un año atrás, y 38.101 en lo que va del año, 3,3 veces más que en igual período de 2015. Como era esperable, esto provocó un aumento de 12 veces en los paros respecto de abril de 2015.
La sangría laboral y la escalada inflacionaria son las más altas desde la crisis de 2001-2002. Así arrancó el cambio.
