Casi todos los contratos que vencen en la Provincia de Córdoba, con “paraguas”
Hoy caducan 10.150 convenios. Pero el padrinazgo político o el aval gremial harán que la mayoría se renueve. Schiaretti recriminó a los ministros que el listado de no renovaciones sea ínfimo.
Hoy caducan 10.150 convenios. Pero el padrinazgo político o el aval gremial harán que la mayoría se renueve. Schiaretti recriminó a los ministros que el listado de no renovaciones sea ínfimo.
El gobernador Juan Schiaretti golpeó la mesa y señaló con el dedo a cada ministro en la última reunión de gabinete, la semana pasada, en Río Cuarto. Les reprochó, admitieron participantes del encuentro, que ninguno haya elevado la lista de contratados a los que no tiene sentido mantenerles el vínculo porque su función no es relevante o porque no hacen tarea alguna.
Mañana vencen 10.150 contratos de empleados de la Provincia –algunos con hasta siete años de antigüedad– y el Gobierno mantiene total hermetismo sobre la cantidad de agentes que continuarán y la cantidad de convenios que no se renovarán.
Fuentes oficiales descuentan que la mayoría de los 10.150 agentes contratados –muchos de ellos rindieron concurso– seguirán en sus puestos.
Para leer el mapa de los contratados hay que entenderlo en clave de la interna peronista y de la relación del Gobierno con los gremios estatales.
Con un año electoral a la vuelta de la esquina y con un gobernador que ya piensa en su reelección, el acuerdo Schiaretti-José Manuel de la Sota sigue siendo clave para la gobernabilidad. Con lo cual, cada contratado que tenga el padrinazgo de alguno de los referentes del PJ cordobés y los que tengan la protección de alguno de los gremios de la administración pública provincial no debería tener problemas para seguir.
¿Quiénes quedan afuera de todos esos paraguas? Un puñado irrelevante en la masa de más de 10 mil contratados.
Según dicen en el Centro Cívico de manera informal, habría bajas para empleados cuyas funciones se extinguieron o para los que vienen percibiendo una remuneración sin realizar ninguna tarea, conocidos como “ñoquis”.
De acuerdo con la ley 7.233, que rige a los empleados de la administración pública provincial, ese personal tiene “una relación laboral regida por un contrato de plazo determinado y para realizar trabajos que a juicio de la autoridad no puedan ser ejecutados o no convenga que sean realizados por el personal permanente”.
No obstante, las distintas administraciones provinciales han distorsionado esa figura, ya que la mayoría de los transitorios realizan tareas habituales y, en muchos casos, acumulan años de antigüedad.
Herencia
Según fuentes del Centro Cívico, la antigüedad promedio de la mayoría de los contratados es de cuatro años y medio, lo que indica que la mayoría ingresó cuando iniciaba el anterior gobierno de De la Sota.
Schiaretti les ha pedido a sus ministros que le comuniquen a la secretaria General de la Gobernación, Silvina Rivero, el listado de agentes a los que no se les debe renovar el contrato.
En las últimas horas, según una fuente gremial, Rivero habría manifestado que no tenía novedades significativas sobre la baja de contratos.
El 40,5 por ciento de los agentes contratados pertenecen a Salud y se descuenta que en esa área no habrá ninguna reducción, según les habría asegurado el ministro de Salud, Francisco Fortuna, a las agrupaciones gremiales del sector.
El Ministerio de Desarrollo Social sería el área donde podría haber una mayor caída de contratos.
Fuentes próximas al Panal aseguraron que no habría bajas masivas de contratos y no habría renovaciones solamente para aquellos empleados cuyas funciones desaparecieron por los nuevos esquemas de los ministerios o de los programas que concluyeron.
El viernes pasado, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) –que encabeza el delasotista José Pihen– realizó una marcha hasta el Centro Cívico que reunió a alrededor de medio millar de manifestantes para reclamar por la continuidad de todos los empleados contratados y por la reapertura de paritarias.
Pihen reclamó “por todos y cada uno de los precarios para que no se caiga un solo contrato”.
Dos días antes de la movilización del SEP, la Coordinadora de Gremios Estatales había llevado adelante una marcha al Centro Cívico que sumó alrededor de ocho mil personas, según fuentes periodísticas, o poco más de cinco mil, según la Policía, bajo la consigna de rechazar cualquier armonización del sistema previsional provincial con el nacional.
11.150 contratos
Cómo se reparten. No hay contratados en áreas como docencia o seguridad.
6.475 son convenios laborales a plazos establecidos en la administración central del Estado.
4.523 son convenios de personas que trabajan en el área de Salud. Otros 152 son de otros regímenes.
