La Emergencia Alimentaria ya se cocina en el Congreso
La iniciativa propone aumentar la AUH un 15 por ciento y crear un millón de puestos de trabajo. Macri adelantó que podría vetarla.
La iniciativa propone aumentar la AUH un 15 por ciento y crear un millón de puestos de trabajo. Macri adelantó que podría vetarla.
El Senado le dio media sanción ayer a la ley de Emergencia Social, impulsada por un amplio grupo de movimientos sociales y de organizaciones de trabajadores informales. La iniciativa contó el apoyo de practicamente toda la oposición. A favor votaron 45 senadores, incluidos el Frente para la Victoria-PJ, parte del peronismo federal, el GEN, el Movimiento Popular Neuquino, Proyecto Sur y hasta Magdalena Odarda, de la Coalición Cívica. En contra, once senadores de Cambiemos y dos peronistas disidentes. El proyecto, que entre otras cosas establece el aumento del 15 por ciento en la Asignación Universal por Hijo y de la asignación por embarazo, pasará ahora a la Cámara baja, donde el oficialismo aprovechará la cercanía con el fin de las sesiones ordinarias para obstaculizar su sanción. De aprobarse, en el Gobierno ya especulan con la posibilidad de un segundo veto del presidente, Mauricio Macri, al igual que ocurrió con la ley antidespidos.
Casi sobre el cierre del año legislativo y con la situación económica y social en estado crítico, la Cámara alta avanzó con una iniciativa para paliar el ajuste sufrido por los sectores más vulnerables. La declaración de Emergencia Social y Alimentaria se extendería por el plazo de un año en todo el país. Se promueve la creación de un millón de nuevos empleos bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo y se constituye el Consejo de la Economía Popular que intervendrá en la fijación de un salario social complementario. Además se creará el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP) bajo la órbita del Ministerio de Trabajo en el cual deberán inscribirse todos los trabajadores de la Economía Popular como requisito para percibir el salario social complementario.
“Aquellos que realizan un trabajo deben ser considerados trabajadores y el camino que estamos haciendo con la media sanción de esta ley, es avanzar hacia ese lugar de una sociedad más justa, más igualitaria y más integrada”, aseguró ayer el senador Juan Manuel Abal Medina, uno de los firmantes de la iniciativa junto a Teresita Luna (Movimiento Evita) y Jaime Linares (GEN). Abal Medina calificó la ley como “histórica” ya que representa “un paso muy importante para salir de la idea de los planes sociales y pasar a la idea del trabajo”.
Según cálculos estimativos, el costo fiscal de la propuesta es de mil millones de pesos para diciembre y de aproximadamente otros once mil millones para el 2017. Para desactivar una de las críticas que se le realizan desde el macrismo respecto del impacto negativo en las cuentas públicas, se presentó en Diputados un proyecto de ley que busca gravar los plazos fijos, la minería y el juego. De todas maneras, esta medida no avanzó aún en la Cámara baja y el tiempo legislativo para su aprobación se achica cada vez más.
Desde Cambiemos el radical Luis Naidenoff salió al cruce: “Generar expectativas de crear un millón de puestos de trabajo no podemos hacerlo sólo con el objeto de conseguir un título de la emergencia”, disparó el senador formoseño y dijo que la iniciativa es “un catálogo de buenas intenciones”. “Se puede decir que Diputados avance en impuestos al juego y a los plazos fijos o el giro de utilidades de empresas al exterior. Me parece bien, pero es el reino del revés”, agregó y le apuntó al kirchnerismo, al decir que “nunca, en doce años, se quiso gravar al juego o a los plazos fijos”.
La senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado, sugirió que la iniciativa responde a la búsqueda de apoyo de algunos senadores por parte de las organizaciones sociales. “Tenemos que gobernar no sólo para aquellas organizaciones sociales que nos acompañan y nos apoyan políticamente. Las leyes tienen que ser universales”, señaló Rodríguez Machado, quien sostuvo que las personas deben “tener un trabajo digno y no esperar el apalancamiento del Estado”. “¿Antes no había pobres acá? Lo que no había eran estadísticas oficiales”, agregó el salteño Juan Carlos Romero, uno de los dos peronistas disidentes que junto a Roberto Basualdo votó en contra.
Detrás del proyecto se encuentra un importante colectivo de agrupaciones sociales que incluyen a la Confederación de la Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Estas organizaciones, junto a la CGT y otros sectores sindicales y políticos como el Movimiento Evita encabezarán mañana una manifestación frente al Congreso para reclamar que se avance con la sanción definitiva en la Cámara de Diputados (ver nota aparte). Además, el proyecto cuenta con el aval de la Iglesia Católica. Varios de sus impulsores mantienen un fluído vínculo con el Papa Francisco y participaron del último Encuentro Internacional de Movimientos Populares organizado en el Vaticano.
De hecho, ayer varios senadores tomaron las palabras de Jorge Bergoglio en el cierre de aquel encuentro para fundamentar su posición favorable a la iniciativa. La peronista federal, Liliana Negre de Alonso, leyó en el recinto parte de aquel discurso con las consignas tierra, techo y trabajo. “¿Qué tiene de malo que el Congreso legisle sobre políticas públicas sociales?”, preguntó Negre, en clara respuesta a las críticas de Rodríguez Machado. Fernando “Pino” Solanas, de Proyecto Sur, calificó el proyecto como “absolutamente necesario” y cuestionó a los que plantearon que el Estado no puede enfrentar el costo de la medida. “Es falso que no tenemos recursos, lo que tenemos es una grandísima insensibilidad social”, completó. Desde el kirchnerismo, la senadora Virginia García también acompañó la iniciativa para reivindicar “la lucha de las organizaciones sociales que lo promovieron”. Sin embargo, advirtió que la propuesta “considera a nuestros compatriotas como beneficiarios y no como sujetos de derecho”. Otros senadores como José Mayans o Graciela De la Rosa detallaron el fuerte impacto negativo de las políticas adoptadas por Mauricio Macri en estos 11 meses de gestión.
Será ahora el turno de la Cámara baja. Según su reglamento tiene hasta el 20 de noviembre para emitir dictamen, por lo que los plazos están más que ajustados. La atención estará depositada en la actitud que tomen el massismo y el Bloque Justicialista, que han actuado como aliados del oficialismo en varias oportunidades.
