La doctrina Michetti
Primero pensé que sólo cabía un artículo humorístico frente a una declaración tan absurda, después comprendí que había que tomarlo más en serio porque, aunque cueste admitirlo, la persona que lo dijo es vicepresidenta de la Nación
Primero pensé que sólo cabía un artículo humorístico frente a una declaración tan absurda, después comprendí que había que tomarlo más en serio porque, aunque cueste admitirlo, la persona que lo dijo es vicepresidenta de la Nación y, además, –con la sinceridad que evitaron personajes más avezados– Gabriela Michetti había resumido con precisión la doctrina que orienta al Gobierno: “el beneficio de la duda es siempre para la fuerza de seguridad”.
Patricia Bullrich había afirmado lo mismo cuando se negó a cuestionar a la Gendarmería por su actuación en el caso Maldonado. En opinión de la ministra, quitarle a la Prefectura la investigación de un caso en el que sus integrantes aparecían, en principio, como los más sospechables, hubiera sido un acto demagógico e injusto con la fuerza, sólo destinado a quedar bien con la opinión pública. Bullrich eligió creerle a los gendarmes, Michetti dio un paso más convirtiendo esa elección en principio jurídico incontestable.
La vicepresidenta evidenció aún más la irrazonabilidad de su afirmación cuando señaló que ese beneficio de la duda correspondía a las fuerzas de seguridad del Estado porque es éste quien ejerce el monopolio de la fuerza. Precisamente por ello, porque son la fuerza pública, su control estricto y las garantías que se otorguen a los ciudadanos frente a ella son condiciones necesarias para una sociedad democrática. De lo contrario, la policía podría agredir a un ciudadano que transita pacíficamente sin necesidad de demostrar los motivos de peligro que la llevaron a intervenir, se invertiría -de hecho- la carga de la prueba, ya que creeríamos siempre la versión de la fuerza de seguridad, salvo que se haya demostrado acabadamente lo contrario. No hay que ser muy imaginativo para advertir las consecuencias que tendría la plena adopción de la doctrina Michetti.
Menos audaz que ella para formular doctrinas jurídicas, pero más encendido y agresivo en su retórica, el gobernador de Río Negro acusó a los mapuches de poner en discusión no sólo la organización del Estado sino también la Patria, la Bandera y el Himno. Tan preocupante como la declaración de la vicepresidenta, la de Weretilneck es por cierto menos original. Desde el general Roca, la invocación a los símbolos patrios no ha sido más que un modo de preparar a la opinión pública para la agresión contra los pueblos originarios. En la mejor tradición del racismo oligárquico, el gobernador olvida que desde hace décadas estos reclaman ser respetados en sus tierras, que la demanda tiene sustento constitucional y que amplios sectores de la sociedad están sensibilizados y son solidarios con esta reivindicación. Además, no puede ser tan inocente como para no advertir que esa tarea de construcción del enemigo interno es el primer paso para justificar el giro autoritario que se consolida cada vez con más fuerza en la política oficial.
Hay que escuchar a los funcionarios de Cambiemos. Porque, más allá de que no es precisamente la densidad argumental lo que caracteriza sus discursos, nos dicen mucho sobre un proyecto que, sorprendidos por la liviandad con que se expresa, todavía nos cuesta tomar en serio. Días pasados, Mauricio Macri se preguntaba porque tantas críticas contra las empresas grandes, cómo si acaso las pequeñas y medianas fueran mejores. “¿Cómo explicar ese temor a crecer?”, decía con alarma el presidente. Esta invocación a que nos arrojemos sin miedo al vértigo de la competencia para llegar a ser tan grandes como los más grandes parece una banalización intolerable: no deja de ser, por ello, una formidable defensa de la concentración económica y de los monopolios, la que, por otra parte, no es hoy tan rechazada como en una sociedad democrática es razonable imaginar.
Tal vez aún nos quede mucho para terminar de entender esta mezcla de elusión sofisticada y franqueza brutal constitutiva del discurso macrista. De todos modos, esto no es una mera discusión sobre retórica sino un trance decisivo para la democracia argentina: sólo la movilización social y la unidad más amplia para enfrentar el proyecto regresivo puede evitarnos este futuro que, cada uno a su manera, nos anuncian los portavoces del oficialismo.
Por Eduardo Jozami
* Integrante de Carta Abierta y de Participación Popular.
