Un freno al acuerdo con el FMI
Desde el bloque del FpV-PJ solicitarán ante la Justicia que el Poder Ejecutivo se abstenga de suscribir un programa de ajuste y deuda con el Fondo sin que antes sea tratado por el Parlamento, tal como dispone la Constitución.
Desde el bloque del FpV-PJ solicitarán ante la Justicia que el Poder Ejecutivo se abstenga de suscribir un programa de ajuste y deuda con el Fondo sin que antes sea tratado por el Parlamento, tal como dispone la Constitución.
La pretensión del gobierno de Cambiemos de firmar un acuerdo con el FMI sin el visto bueno del Congreso, que este martes trataría el tema en una sesión especial, también será objeto de análisis en la Justicia. El diputado Martín Doñate, del Frente para la Victoria–PJ, presentará hoy una acción de amparo preventivo para que el Poder Ejecutivo se abstenga de suscribir un programa de ajuste que “cede parte de la soberanía nacional” sin dar intervención al Poder Legislativo, como exige el artículo 75 inciso 7 de la Constitución. “La intervención judicial es imprescindible no para extraer el asunto de la política, sino para restituirlo a su ámbito natural, en este caso el Congreso”, destaca el escrito.
Impulsada por el bloque del FpV-PJ, la oposición buscará el martes habilitar una sesión especial para que el Gobierno envíe el acuerdo que el directorio del FMI prevé aprobar el Día de la Bandera. Los cuestionamientos a la intención de Mauricio Macri de ignorar la facultad constitucional de “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”, que pertenece al Congreso, ya se tradujeron en proyectos para declarar inconstitucional la Ley de Administración Financiera –en la que el Ejecutivo busca ampararse para no abrir el juego a diputados y senadores–, que además del FpV-PJ suscribieron el Frente Renovador, el Movimiento Evita y Libres del Sur.
La presentación del diputado rionegrino, centrada en la exigencia constitucional, pedirá a la Justicia una medida cautelar que le ordene al Ejecutivo no firmar el acuerdo sin previa intervención parlamentaria, y otra que advierta al directorio del FMI la ilegalidad del eventual acuerdo. “Para el funcionamiento de la democracia y de las instituciones republicanas, sustraer del ámbito legislativo la decisión sobre el endeudamiento público es idéntico a impedir a un legislador participar de una votación sobre este asunto”, graficó Doñate.
El amparo no busca impugnar una ley sancionada por el Congreso sino restituirle competencias propias, señala Doñate, y contrapone la situación con la presentación del diputado cobista Enrique Thomas, quien a fines de 2009 logró bloquear durante dos meses la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual gracias al amparo que le concedió la jueza Olga Pura de Arrabal y que la Corte Suprema denegó seis meses después.
El legislador solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, de 1992, que permite como excepción al Ejecutivo realizar operaciones de crédito público sin pasar por el Congreso “con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forme parte”, como el FMI. “No es posible que el Congreso, a través de una ley, abandone una competencia que le es asignada constitucionalmente”, destaca, y agrega que “una ley posterior deroga a una anterior”, más aún si la última es la Constitución, reformada en 1994.
Pide también la inconstitucionalidad del artículo 32 de la ley de presupuesto, de 2017, que al autorizar a la administración central a realizar operaciones de crédito público establece límites en cuanto a “montos, especificaciones y destino del financiamiento” pero omite explicitar precisamente la identidad del acreedor. En caso de que la Justicia lo considere constitucional, el escrito cuestiona el uso que el Gobierno hace de tal delegación. “A lo que allí se autorizaría es a contraer deuda monetaria pero en ningún caso a comprometerse a cumplir otras obligaciones”, que además “pueden afectar gravemente los derechos humanos”, destaca. Cita como fundamento el memorándum con los objetivos que el Gobierno se compromete a alcanzar, que incluyen reducción de subsidios, “racionalización” del empleo público, postergación de obras públicas y modificaciones del régimen jubilatorio.
