Ajuste general que castiga a los más débiles
El Presupuesto 2019 incluye recortes en programas sociales, despidos de empleados públicos, disminución de dinero para planes de ayuda alimentaria, eliminación de la cobertura de compra de leche para bebes pobres, poda del Progresar y menos fondos a provincias y a hospitales.
El Presupuesto 2019 incluye recortes en programas sociales, despidos de empleados públicos, disminución de dinero para planes de ayuda alimentaria, eliminación de la cobertura de compra de leche para bebes pobres, poda del Progresar y menos fondos a provincias y a hospitales.
El programa de ajuste que prepara el Gobierno en el Presupuesto 2019 golpea especialmente a los sectores más humildes, al punto de recortar programas sociales, ayuda alimentaria y eliminar la compra de leche para los bebes pobres con problemas de lactancia. Mientras, Mauricio Macri se comprometió a continuar con la rebaja de retenciones y aportes patronales, incrementando la intensidad del ajuste de ingresos sobre la mayor parte de la población. A continuación, se publica un anticipo exclusivo del ajuste que quiere impulsar el Gobierno para el año próximo, en base al proyecto de Ley de Presupuesto.
Despidos y salarios
El gasto estimado para atender los salarios de los empleados públicos es de 385.162 millones de pesos para 2019, lo cual implica un incremento del 17,2 por ciento respecto del cierre del corriente ejercicio y una estimación de reducción del 2 por ciento en la planta de personal. Siguiendo la práctica habitual, el gobierno presentará oficialmente un aumento del 7,3 por ciento, manteniendo el 7,5 restante (32.581 millones) como reserva de paritaria escondido en alguna cuenta sin finalidad específica. Los salarios de los empleados públicos aumentan al ritmo de la proyección oficial de inflación que se ubica por debajo de las estimaciones privadas. De ahí que se anticipen pérdidas en el poder adquisitivo de los salarios estatales.
Los más vulnerables
Si bien la Carta de Intención presentada al FMI señalaba que se dispondrían medidas para “protección de los más vulnerables”, en los despachos oficiales se barajan otras cartas. El borrador del Presupuesto 2019 plantea recortes sobre programas sociales, alimentarios y hasta de abastecimiento de leche para madres y niños. La partida Ayudas Sociales a Personas sufrirá el próximo año un recorte nominal por 1700 millones de pesos lo cual se traduce en un ajuste real de 7094 millones (-22 por ciento) con respecto a 2018. Se prevé una disminución del 10 por ciento en la cantidad de beneficiarios de los distintos programas sociales.
El Plan Alimentario Nacional (Ministerio de Desarrollo Social) y Compra de Leche del Plan de Madre y Niño (Ministerio de Salud), a los que hoy se destinan 12.890 millones de pesos, busca ser reducido nominalmente a 4146 millones en 2019, un recorte del 74 por ciento nominal y del 91 por ciento en términos reales. Algunas partidas de los programas tienen reducciones, pero en lo que respecta a la compra de leche directamente se elimina con el argumento de incluirlo en Transferencias para las provincias.
También se planea reducir la partida para jóvenes humildes que estudian en el marco del Progresar. El próximo año se espera una rebaja del 5 por ciento del monto nominal respecto a 2018, debido a una rebaja en la cantidad de becas que se otorgarán. El ahorro para el Estado es de 460 millones de pesos en términos nominales y en términos reales el ajuste asciende al 22 por ciento del financiamiento del programa.
Provincias
Se prevé recortar un 35 por ciento en términos nominales, es decir, que el recorte en términos reales supera el 50 por ciento. En el caso de algunos programas, las partidas para las provincias son directamente eliminadas, como en el mencionado Plan Alimentario Nacional (Ministerio de Desarrollo Social) y Plan de Madre y Niño (Ministerio de Salud) y el Programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, Compensaciones Salariales y Ex Fondo Compensador sufre un recorte del 92 por ciento, eliminándose la totalidad de las transferencias a las provincias excepto en lo que hace a universidades (que se reduce nominalmente un 75 por ciento). Para 2018 se estima gastar 23.938 millones de pesos y para 2019 sólo 1928 millones. Las provincias tendrán que hacerse cargo de los aproximadamente 2420 pesos que cobran por mes los docentes con dos cargos. Es importante este concepto porque llega a representar entre 6 y 11 por ciento del sueldo de bolsillo de un docente, que para las arcas provinciales será una pesada carga. Por ejemplo, en 2018, Santa Fe destinará más de 4500 millones de pesos en concepto de Incentivo Docente.
Salud
En el ámbito del Ministerio de Salud, se planea congelar nominalmente el presupuesto de los cinco hospitales que reciben financiamiento nacional, que incluye al Garraham, El Cruce de Florencio Varela, Cuenca Alta Néstor Kirchner, Dr. René Favaloro y Presidente Néstor Kirchner. El congelamiento presupuestario implica un ajuste real del 17 por ciento en las partidas hacia dichos hospitales. También se prevé un ajuste real del 19 por ciento en el Programa de Desarrollo de Seguros Públicos de Salud.
Ciencia
En el caso del Conicet, se prevé la misma pauta salarial que los empleados públicos con una merma del 2 por ciento en el personal, implicando una caída real del 4 por ciento en las partidas hacia el organismo. Por el lado de las transferencias correspondientes a la Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación se mantienen congelada nominalmente la partida, implicando una reducción real del 17 por ciento.
Tarifazo
Los subsidios al transporte disminuyen nominalmente un 24 por ciento, concentrándose el ajuste en el Fondo Fiduciario del Transporte, parte de los cuales esperan ser sustituidos por inversiones privadas en el marco del PPP (soterramiento del Sarmiento). Aun así, los subsidios al combustible y a Metrovías-Ferrovías crecen nominalmente 5 por ciento, muy por debajo de la inflación (aún de la meta oficial).
Empresas del Estado
En el caso de las empresas públicas, mientras Enarsa y las vinculadas a la gestión y desarrollo de ferrocarriles reciben financiamiento muy por encima de la inflación, otro grupo de empresas ven reducidas drásticamente las transferencias para gastos corrientes. Así, EDUCAR ve disminuir en 100 millones de pesos su presupuesto (-65 por ciento real); Incaa en 400 millones (-117 real); YCRT en 2565 millones (-92 real); Correo Argentino en 2230 millones (-117 real); RTA en 1386 millones (-67 real); Télam en 345 millones (-67 real); Tandanor en 196 millones (-88 real) y Fadea en 92 millones de pesos (-49 por ciento real).
Más recortes
También se planea congelar las jubilaciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Interior. Dentro de los ministerios de Producción y Agroindustria, se eliminan las partidas que implican transferencias para el sector privado o a las provincias, con excepción de los fondos para la Gestión del Riesgo Agropecuario del Ministerio de Agroindustria (caja habitual de la Sociedad Rural). En el gasto en Bienes y Servicios del Estado, se prevé un recorte nominal respecto al ejercicio 2018 del 20 por ciento, teniendo en cuenta una inflación del 17 por ciento, el recorte en términos reales es muy significativo.
Obra pública
Es importante destacar que en el escenario más optimista el Gobierno Nacional estima gastar sólo 90.000 millones de pesos, un 3 por ciento del total, en gastos de capital. El presupuesto para 2018 estipulaba un nivel de gasto de capital en torno al 7,6 por ciento del gasto total, es decir que el próximo año el Estado Nacional tiene previsto invertir en obras menos de la mitad de lo presupuestado este año, en un contexto de un presupuesto más reducido. Si se actualiza el gasto de capital presupuestado para este año por el 17 por ciento de inflación previsto oficialmente para 2019, el gasto de capital debería ser de al menos 246.800 millones de pesos solo para mantener dicho nivel, es decir, el ajuste real sobre la obra pública (y otros gastos de capital) ronda los 156.800 millones de pesos. Desde el oficialismo esperan que las inversiones privadas en el marco del programa PPP reemplacen el menor desembolso público.
Por Andrés Asiain, Celina Calore y Cristian Nieto
* Economistas del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.
