Autovía de Punilla: asambleas ambientalistas presentan denuncia contra tres intendentes cordobeses
Es la primera de varias acciones judiciales que se preparan con la intención de frenar el proceso de licitación del segundo tramo, que Ambiente de la Provincia ya autorizó.
Es la primera de varias acciones judiciales que se preparan con la intención de frenar el proceso de licitación del segundo tramo, que Ambiente de la Provincia ya autorizó.
Las asambleas ambientales de Punilla presentaron una denuncia penal contra tres intendentes, por la autorización municipal dada a la obra de la nueva autovia que la Provincia proyecta construir en esa región.
Se trata de la primera acción judicial, de una serie que habían anticipado que evaluaban presentar, con la finalidad de frenar el avance del proyecto oficial.
Hace dos semanas, la Secretaría de Ambiente de Córdoba habia firmado el aval (la «licencia ambiental») del segundo tramo de la obra, entre San Roque y Cosquín, con el que la Provincia queda habilitada para avanzar con el llamado a licitación.
Este lunes, esas agrupaciones ambientalistas presentaron ante la Fiscalía de Instrucción de Cosquin, una denuncia penal por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en contra de los intendentes de las localidades de Bialet Massé (Marcelo Oliva), Santa María de Punilla (Dardo Zanotti), y Cosquín (Gabriel Musso).
Según sostienen, «infringieron la normativa vigente en materia de ordenamiento territorial de uso del suelo (Ley 9841) y Ley Orgánica Municipal (Ley 8102) al prestar conformidad mediante factibilidades al proyecto de autovía». Pidieron a la Justicia que investigue si esas autorizaciones no fueron ilegales. En ese caso, argumentan que también «lo serían el Estudio de Impacto Ambiental, la Audiencia Publica y la Resolución 374 que otorga Licencia Ambiental a la obra».
Los denunciantes sostienen que «los actos jurídicos emitidos por los departamentos ejecutivos municipales autorizando el uso de suelo sin el respaldo de ordenanzas emitidas por los concejos deliberantes son actos nulos que carecen de eficacia jurídica y constituyen flagrantes delitos».
El planteo señala que las factibilidades municipales a la obra fueron refrendadas por los intendentes y no por los concejos deliberantes de cada localidad.
En instancias anteriores del debate por esta obra, los intendentes ya habían replicado que no habia ilegalidad alguna en el procedimiento.
El abogado Carlos González Quintana explicó que no se incluyó por ahora en la denuncia al cuarto municipio involucrado en ese tramo, el de San Roque, porque en ese caso «está prevista una sesión extraordinaria de su concejo deliberante para el 29 de septiembre, que podría revocar la factibilidad otorgada».
Tras esta denuncia, se da como muy probable que se sumen otras, así como acciones de amparo o medidas cautelares.
