Los acusados siguen ganando tiempo en el escándalo del Curreo
Pese a que el ministro Aguad y otros funcionarios imputados fueron indagados hace siete meses, el juez federal Ariel Lijo recién ahora solicitará un estudio contable sobre el perjuicio que le generaría al Estado el acuerdo propuesto por la familia presidencial para saldar una deuda millonaria.
Pese a que el ministro Aguad y otros funcionarios imputados fueron indagados hace siete meses, el juez federal Ariel Lijo recién ahora solicitará un estudio contable sobre el perjuicio que le generaría al Estado el acuerdo propuesto por la familia presidencial para saldar una deuda millonaria.
La causa penal sobre el acuerdo del Correo de la familia Macri tiene todo dado para llegar a fin de año sin resolución alguna a pesar de que los imputados, con el ministro Oscar Aguad a la cabeza, fueron indagados hace siete meses y medio. El juez federal Ariel Lijo firmará en las próximas horas, según informaron allegados al expediente, un pedido para que la Dirección Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo) haga un estudio contable del perjuicio generado al Estado por el pacto firmado en junio de 2016, en el que la Nación aceptaba una oferta del Correo para saldar su vieja deuda millonaria, denunciado por ruinoso y abusivo por la fiscal comercial Gabriela Boquín. Este análisis fue anunciado a comienzos de septiembre, incluso en varios medios, pero aún no fue encomendado. Hasta que no esté el resultado, el juzgado no definiría si procesa, sobresee o dicta falta de mérito a nadie.
Además del actual ministro de Defensa, Aguad, responsabilizado en este caso por hechos de su período como ministro de Comunicaciones, están imputados quien era su director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, el presidente del Correo, Jaime Cibils Robirosa, y el apoderado Jaime Kleidermacher. Fueron indagados en marzo, después de que impulsara interrogarlos el fiscal Gerardo Pollicita, quien dictaminó que el acuerdo para el pago de la deuda que el Correo arrastra desde hace 18 años había sido “espuriamente concebido”, con una negociación previa dirigida a “beneficiar a la empresa”. Y señalaba que lo que se había acordado como pago estaba por debajo de un mínimo legal. Se basó en el análisis que había hecho la fiscal ante la Cámara Comercial –fuero donde tramita el concurso de acreedores–, quien concluyó que se licuaba el 98,87 por ciento de la deuda con pagos hasta 2033.
Pese a que, ante el escándalo, Mauricio Macri anunció que se daba marcha atrás con ese acuerdo, para Pollicita el hecho delictivo se había concretado y sostuvo que hubo administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
La causa se había iniciado en 2017, cuando el tema se hizo público, y el primer fiscal fue Juan Pedro Zoni. Después de que imputó a Mauricio Macri, entre otros, el procurador interino lo sacó del cargo. Días atrás un fallo del fuero contencioso administrativo dio pie para su posible regreso. Pollicita fue el colega que lo sucedió, y también dejó el caso luego de dictaminar. Ahora es Eduardo Taiano.
El 21 de agosto la Cámara Federal rechazó los pedidos de nulidad de las indagatorias y cuestionamientos por inexistencia de delito. Se suponía que era el paso que faltaba para que Lijo resolviera las situaciones procesales de los implicados, pero los camaristas Martín Iruruzun y Leopoldo Bruglia dejaron entrever la conveniencia de hacer un peritaje o estudio contable, pese a que el potencial perjuicio económico no es lo único que está en juego, sino si los funcionarios buscaron favorecerse a sí mismos o a terceros. Después vinieron los anuncios de que se haría el análisis contable y todo sigue en veremos. Desde el fallo de la Cámara hasta ahora, los imputados hicieron nuevos planteos para participar de la pericia, e incluso el fiscal hizo un extenso pedido. Lijo resolvió finalmente entregarle el asunto a la DajuDeCo, la dependencia de la Corte Suprema que en sus orígenes era una oficina de escuchas telefónicas y ahora además ejerce tareas de investigación. La dirige Juan Rodríguez Ponte, que fue secretario de Lijo, y por encima está Irurzun. En cierta medida, no es un órgano externo.
Todo indica que Lijo pedirá que no se reproduzca lo que ya analizó la fiscal Boquín, recogido por Pollicita. Habrá que ver qué queda por analizar. Se supone que este tipo de estudio no debería durar tanto como una pericia, que el juzgado considera innecesaria. La estimación es que para fin de año debería estar. Para entonces, Aguad ya no será funcionario. El expediente comercial también sigue en veremos. La deuda, si se toman los intereses, crece. Supera, según calcula Boquín, los 4500 millones de pesos.
