Córdoba: Las expropiaciones para la autovía, un secreto de Estado
El gobernador se quejó porque un par de dueños de campos se niegan a acordar la venta de las tierras. La Provincia no da a conocer -ni siquiera a la Legislatura- cuántas hectáreas se adquirieron, a qué precios ni en qué condiciones. Es un costo fundamental del proyecto, que permanece oculto
El 28 de agosto de 2012, José Manuel de la Sota hizo instalar un palco cerca de la rotonda Wittouck y anunció que comenzaba oficialmente la construcción de la autovía Río Cuarto-Córdoba, una obra largamente postergada.
Sin embargo, a esa altura, con las máquinas ya abriendo caminos, no se habían expropiado los campos por los que debía pasar el trazado. Aún hoy, cuando ya pasaron dos años, la Provincia no sólo no terminó el proceso sino que, además, mantiene la información guardada bajo siete llaves. No detalla a cuántos propietarios les pagó por sus tierras, cuántos recursos destinó, quiénes son los dueños de esos campos ni quiénes son los que, según denunció públicamente el gobernador, se niegan a llegar a un acuerdo por el valor de cada hectárea.
El gobierno no informa a los medios, pero tampoco a la Legislatura. Sólo existen una ley genérica, que habilita a la Provincia a expropiar todos los terrenos que sean necesarios, y un puñado de párrafos de De la Sota, quien en su última visita a Río Cuarto expresó su malestar porque un par de propietarios se niegan a llegar a un acuerdo.
“La vamos a terminar antes de que finalice mi gobierno, a pesar de que algunos propietarios linderos me están haciendo doler la cabeza. Les estamos ofreciendo 10 mil dólares por cada hectárea para que nos desocupen el pedazo de campo que necesitamos para construir pero no quieren vender”, dijo el mandatario y amenazó con tomar las tierras y forzar un litigio judicial que podría durar 20 años.
Después de las palabras de De la Sota, este diario se comunicó con dos ministerios cordobeses para conocer detalles de la información: cuántas hectáreas se habían expropiado hasta ahora, cuánto se gastó y quiénes son los propietarios que están complicando la ejecución de la obra. Sin embargo, la respuesta fue negativa. Desde la cartera de Infraestructura que dirige Hugo Testa señalaron que, por expresa instrucción de De la Sota, sólo el gobernador o el fiscal de Estado pueden hablar públicamente de ese tema.
Posteriormente, se le requirió al Ministro de Comunicación, Jorge Lawson, información oficial sobre las expropiaciones. “No va a haber datos al respecto. Sólo deben saber que la decisión política del gobernador es avanzar y hacer todo lo que esté a su alcance para terminar la autovía”, indicó el funcionario.
Desde noviembre del año pasado, cuando las expropiaciones se trataron en la Legislatura, este diario comenzó a pedir datos específicos sobre el costo que tendrían las adquisiciones. Ni en la Legislatura ni en el gobierno hubo información precisa a pesar de que el valor de esas tierras no será un ítem menor a la hora de calcular la inversión realizada en la autovía y de establecer cuánto se gastó por cada kilómetro construido.
El 3 de abril de este año, la Provincia dio a conocer el costo oficial que tendrá la obra. El dato fue significativo porque evidenciaba un aumento del 73 por ciento en sólo un año.
Según la información que dio el gobierno, en abril de 2013 el costo de la duplicación de calzada de la ruta 36 era de 1.238 millones de pesos; 12 meses después, la cifra ascendió a 2.150 millones, 912 millones más.
Pero a ese monto le falta una porción no desdenable: hay que agregarle el precio que está pagando el Estado por las tierras que debe expropiar a lo largo de 177,25 kilómetros.
En la Legislatura cordobesa, donde se aprobó una ley para autorizar las expropiaciones, tampoco conocen los detalles.
En noviembre de 2013, fue aprobado el proyecto de ley Nº 12927 que consta de sólo tres artículos. El primero señala, sin precisiones, la necesidad de obtener las tierras para la traza de la autovía: “Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles necesarios o convenientes para la ejecución de las obras comprendidas en la Red de Accesos a Córdoba, correspondientes a la Ruta Nacional Nº 36, en el tramo comprendido entre el cruce Altos Fierro y la rotonda ubicada en su intersección con la Ruta Nacional A005 -acceso a la ciudad de Río Cuarto-”.
En ese artículo se menciona un anexo en el que debería aparecer los campos declarados de utilidad pública. Pero no. En realidad, es sólo un croquis muy rudimentario sobre el recorrido de la autovía. Ni una mención a las tierras a expropiar.
Sigue la indefinición
Cuando se aprobó ese proyecto la oposición cuestionó las imprecisiones; sin embargo, hasta el día de hoy, siete meses después, siguen en la misma indefinición.
El presidente del bloque radical, Eduardo Yuni, presentó el año pasdado un pedido de informes que, como ocurre con la mayoría de esos proyectos, no prosperó.
El radicalismo había requerido que el gobierno informara la cantidad de hectáreas totales involucradas en la expropiación y las que correspondían a cada frentista, los datos concretos de cada una de las propiedades y las condiciones establecidas por los frentistas.
Sin esa información sobre la mesa, cuando se trató el proyecto de ley en el recinto, Yuni señaló: “Conozco muy bien la necesidad de tranformar la ruta 36 en una vía rápida y segura y reconozco los beneficios que traerá su construcción a mi ciudad, al departamento y al sur provincial (…) No obstante, tenemos un par de objeciones a la metodología utilizada para el tratamiento del proyecto; no podemos aceptar que una obra tan importante y de tanta envergadura se lleve adelante de manera apresurada y anormal”.
Y cuestionó las expropiaciones tal como habían sido impuestas por el oficialismo: “El instrumento legal adolece de falta de precisión y de determinación de los inmuebles a expropiar porque surge claramente del proyecto que se refiere a todos los inmuebles necesarios o convenientes. Nos resulta imposible saber de qué inmuebles se trata”.
Yuni además señala que la ley 6394 exige que las expropiaciones sólo sean adoptadas por la Legislatura sobre bienes previamente determinados y especificados en planos detallados y en informes técnicos.
Ricardo Fonseca, vicepresidente primero de la Unicameral y legislador por el Frente Cívico, anticipó que mañana presentará un pedido de informes para requerir datos sobre las expropiaciones.
“No se conoce cuánto es lo que hace falta y dónde hace falta expropiar. Un tema fundamental es que si hubiera una traza definida y un proyecto elaborado, se sabría dónde se necesitan las tierras. Pero este gobierno ya lo hizo en el Camino del Cuadrado, donde fueron expropiando a medida que hacían la obra. Fue una locura. Acá pasa lo mismo. La ruta debería estar diseñada de antemano; se tendría que negociar antes para empezar la obra y no sufrir interrupciones. Resulta que ahora corren el riesgo de que la construcción se pare y de que los propietarios terminen pidiendo cualquier plata. Eso es por la indefinición”, indicó Fonseca.
Ayer, las máquinas estaban abriendo la traza a la vera de la actual ruta 36. Van avanzando hasta donde pueden; hay sectores en los que los trabajos se interrumpen a la espera de que el gobierno termine con las negociaciones secretas.
