Argentina a contramano del derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible
Argentina se enfrenta a una fuerte regresión en materia de ambiente porque la Ley Bases pone en riesgo glaciares, bosques y humedales, entre otros problemas
Argentina se enfrenta a una fuerte regresión en materia de ambiente porque la Ley Bases pone en riesgo glaciares, bosques y humedales, entre otros problemas
Necesitamos repasar la historia más reciente y sobresaliente en materia de derechos humanos aplicados al tema ambiental. El 28 de julio de 2022, por su resolución 76/300 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció por primera vez el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano universal; con 161 votos a favor, 8 abstenciones y ninguno en contra. Afirmando que la promoción del derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible requiere la plena aplicación de los acuerdos multilaterales con arreglo a los principios del derecho ambiental internacional.
Esta resolución de la ONU implica una decisión histórica, que puede cambiar la naturaleza misma del derecho internacional de los derechos humanos: reconoce que el ejercicio de los derechos humanos, entre ellos buscar, recibir y difundir información y participar efectivamente en la dirección de los asuntos gubernamentales y públicos, al igual que el derecho a un recurso efectivo, es fundamental para la protección de un ambiente limpio, saludable y sostenible. También afirma que el impacto del cambio climático, la gestión y el uso insostenibles de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua, la gestión inadecuada de los productos químicos y los residuos, y la consiguiente pérdida de biodiversidad interfieren en el disfrute de este derecho, y que los daños ambientales tienen implicaciones negativas, tanto directas como indirectas, para el goce efectivo de todos los derechos humanos.
Al respecto, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaraba: «Hoy es un momento histórico, pero no basta con afirmar nuestro derecho a un medio ambiente sano. La resolución de la Asamblea General es muy clara: los Estados deben cumplir sus compromisos internacionales e intensificar sus esfuerzos para hacerlo realidad. Todos sufriremos efectos mucho peores de las crisis ambientales, si no trabajamos juntos para evitarlas colectivamente ahora». Además explicaba que la acción ambiental basada en las obligaciones de los derechos humanos proporciona unos límites vitales para las políticas económicas y los modelos empresariales.
¿Será que los poderes que gobiernan la Argentina hacen caso omiso de semejantes avances, acuerdos y compromisos internacionales? ¿Será que no reconocen la imperiosa necesidad de velar por el ambiente (planetario, regional y local) y sus múltiples custodios y defensores? ¿Será que se empeñan, en cambio, por acción u omisión en un intencionado retroceso normativo que sólo beneficia a las poderosas corporaciones siempre listas a exprimir y degradar la vida, para engordar sus ya obesas arcas monetarias?
Repasemos ahora el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), adoptado en Escazú, Costa Rica el 4 de marzo de 2018. Este acuerdo fue negociado por los Estados con la participación significativa de la sociedad civil y del público en general y desempeña un papel relevante en el desarrollo de esa visión. A través de iniciativas multilaterales, se ha traducido en la adopción del único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
El Acuerdo de Escazú, entró en vigencia el 22 de abril del 2021, firmado por 25 países, de los 33 de la región. Lo han ratificado 15 países, entre ellos, Argentina, el 22 enero de 2021. El país que ratifica el acuerdo debe garantizar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
Tambièn confirma el valor de la dimensión regional del multilateralismo para el desarrollo sostenible. Al vincular los marcos mundiales y nacionales, establece estándares regionales, promueve la creación de capacidades, en particular, a través de la cooperación Sur-Sur, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones.
Ante todo, este tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. Por ello busca que los Estados que lo ratifiquen garanticen entornos seguros y libres de violencia para el trabajo de las personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promueven la protección del ambiente.
América Latina es la región más peligrosa para las personas que defienden el ambiente. De los defensores ambientales asesinados por las causas que defienden, más de 2 tercios corresponden a la región latinoamericana. Cada Parte se compromete a garantizar los derechos ambientales así como cualquier otro derecho humano relacionado y universalmente reconocido. Por eso es tan importante su implementación y el cumplimiento de los compromisos asumidos en la adhesión y ratificación de este Acuerdo.
Constatamos que el mundo avanza en regulaciones más estrictas para mitigar los efectos del cambio climático, pero no parece que estemos en sintonía con ello, ya que en Argentina se observa una fuerte regresión en materia de protección de los derechos ambientales, que los especialistas consideran como de muy alto riesgo.
En lugar de tutelar el bien común y el interés colectivo manteniendo a los ecosistemas sanos, se protegen las ganancias y los negocios de algunos particulares que ven en la naturaleza un obstáculo a someter para incrementar sus beneficios. Sabemos que cuando desde el Estado se remueven controles, regulaciones y frenos, nos enfrentamos a una voracidad automática y desmedida que estimula la llegada de corporaciones transnacionales que sólo piensan en extraer, explotar y exportar recursos naturales y materias primas de la tierra para vender en el mercado mundial. Los beneficios económicos solo son sustanciales para las empresas ya que su accionar impacta negativamente en términos ambientales, sociales y políticos a comunidades, territorios y ecosistemas.
Esas implicaciones sociales y políticas resultantes comprenden la violación de los derechos humanos debido a condiciones laborales inseguras, desigual distribución de la riqueza, despojo del patrimonio colectivo, y súper cosificación de la naturaleza y de la vida. Esto causa múltiples conflictos emergentes tales como: grandes ganancias económicas para muy pocos, aumento de la corrupción, fragmentación del territorio, creación de enclaves de pobreza, contaminación / enfermedad, destrucción de identidades y patrimonios culturales, degradación / destrucción de ecosistemas, marginación y futuro hipotecado.
¿Qué tipo de normas son las que los ideólogos de este «cambio» imaginan que podrían regular el conflicto entre intereses mezquinos cada vez más expansivos, más voraces, imperando sus perspectivas personales sobre la vida? ¿El mercado protegiendo y sosteniendo los bienes comunes por sí sólo, ante la ausencia de derechos humanos y de la Naturaleza?
Una vez más ponemos al zorro a cuidar el gallinero… final cantado. Y en simultáneo, las agresiones y la represión del establishment gubernamental contra las expresiones y demandas justas de los habitantes vulnerables y vulnerados, avasallando todo principio de solidaridad, derechos humanos, protecciones ambientales, derechos al reconocimiento de minorías, las restricciones para organizar manifestaciones y penalización de la protesta, etc.
Resultan muy preocupantes la persecución, los agravios y la descalificación a militantes y activistas ambientales iniciados por un presidente negacionista del cambio climático y sus ejércitos de incondicionales maliciosos en redes sociales, los que consideran al ambientalismo como un enemigo muy peligroso. Ergo hay que perseguirlo y combatirlo.
En este contexto, Argentina está pretendiendo, de modo vertiginoso y vergonzoso, borrar de un plumazo las normativas y regulaciones protectoras en materia social, económica y ambiental, dando la espalda a los compromisos internacionales asumidos y ratificados. Detrás de ello, poderosas corporaciones transnacionales amenazan con la destrucción y el despojo de nuestros ecosistemas más frágiles: expansión de la megaminería altamente contaminante, deforestación de bosques nativos, avance de la frontera del agronegocio. sobreexplotación ictícola y petrolífera de los mares.
La verdadera batalla cultural resulta ser la madre de todas las batallas socioambientales, las corporaciones pueden asestar un golpe letal a la totalidad de nuestros bienes comunes naturales. Escuché decir a alguien por ahí: «Al parecer la casta para este gobierno, además de los trabajadores, los jubilados, los grupos vulnerables y los sectores populares afectados por el ajuste, también son los Glaciares, la Cordillera, los Humedales, el Mar y los Bosques Nativos».
