Cinco claves sobre el flamante Registro de Trabajadores de la Economía Popular
Alex Roig, secretario Académico de la Universidad de San Martín y asesor de la Secretaría de Economía Social, da detalles de la iniciativa.
Alex Roig, secretario Académico de la Universidad de San Martín y asesor de la Secretaría de Economía Social, da detalles de la iniciativa.
El Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) tuvo 100 mil inscriptos en su primera semana de funcionamiento. Creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, concreta un viejo reclamo de las organizaciones sociales: tener una herramienta para conocer cuántos son, dónde trabajan y con qué actividades generan sus ingresos quienes están fuera del mercado del empleo. El registro servirá para armar un mapa que permita entender cómo producen millones de argentinos que no tienen empleo pero sí trabajo. Vendedores ambulantes, feriantes, artesanos, cartoneros, recicladores, quinteros, cocineros de los comedores populares, agentes de salud barriales, integrantes de las cuadrillas de limpieza… la lista es larga. El sociólogo Alex Roig -investigador, secretario académico de la Universidad de San Martín, asesor de la secretaría de Economía Social y militante del Movimiento Evita- fue uno de los encargados de diseñar el registro. En esta nota, explica su sentido y objetivos.
1- ¿Por qué un registro?
“Lo que define la economía popular son trabajadores que generan su propio trabajo y, sus propios ingresos. El problema es que todos esos trabajadores no son reconocidos por el Estado, aunque estimamos que suman alrededor de 6 millones. Hoy en día hay 550 mil planes sociales. O sea, contrariamente a los imaginarios sociales, sólo el 10 por ciento de la economía popular recibe algún tipo transferencia por parte del estado vinculado a su trabajo. Esto significa –y el Ingreso Familiar de Emergencia lo mostró–que la mayoría de los trabajadores de la economía popular viven de su trabajo, no de la ayuda del Estado. Son 6 millones de trabajadores -el 25 por ciento de la Población Económicamente Activa- que no tienen ningún marco institucional para desarrollar su actividad, y esta es una situación duradera; aún más después de la pandemia”.
2- ¿Para qué hacer políticas destinadas la economía popular?
“Planteamos que hay que darle institucionalidad al sector porque entendemos que hay explicaciones, procesos sociales que generaron la desvalorización de su trabajo. Que un cartonero gane menos que un recolector de basura en el sector formal, o que un agricultor esté menos valorizado en la agricultura familiar que en la agroindustria tiene que ver con procesos sociales. Y es función del Estado, de la misma forma en que en algún momento intervino en la relación entre patrones y trabajadores en el sector formal, intervenir ahora reconociendo trabajo y derechos vinculados a estas formas de trabajo”.
3- ¿Cómo podría el estado revalorizar estos trabajos?
“Esos procesos de desvalorización pueden mirarse a través de de cinco grandes relaciones con el capital: relaciones fiscales, financieras, laborales, comerciales y de saber”.
“En lo financiero, los sectores populares son los que pagan las tasas de intereses más altas. Hasta tres o cuatro veces tasas más altas que los sectores medios, porque están fuera del sistema bancario”. “Hoy los beneficiarios de planes sociales están banelquizados, pero no bancarizados, porque las cuentas no son propias, sino del Ministerio. Estamos desarrollando mecanismos para que cada trabajador del Renatep tenga su propia cuenta y a través de eso pueda acceder a créditos a intereses normales”.
“En lo comercial es importante trabajar los circuitos de ferias, compre social y compre estatal, armar una trama comercial que permita un comercio más justo”.
“En lo fiscal estamos trabajando para que los trabajadores de la economía popular puedan facturar y paguen impuestos progresivos, no regresivos como los pagan hoy en día. Porque no es cierto que no los paguen: pagan impuestos al consumo. Y los que tiene monotributo social, pagan proporcionalmente mucho más que las categorías más altas del monotributo”.
“En cuanto a los saberes, en los trabajos de cuidado, por ejemplo, hay un montón de saberes que existen pero que no son reconocidos. Tener certificaciones de esos saberes valorizaría el trabajo”.
“En lo laboral hoy tenemos la herramienta del salario social complementario, a través del Potenciar Trabajo, que ya no tiene un lógica de plan social sino que es una remuneración que complementa el trabajo ya existente, o sea que es un proceso de valorización del trabajo. El tema es que en la Argentina los derechos están vinculados al empleo y no al trabajo, pero lo que la economía popular mostró es que hay trabajo aunque no haya empleo”.
4- ¿En qué prestaciones se podrían concretar derechos laborales?
“En una ART de la economía popular, por ejemplo (hoy es muy caro para las cooperativas sacar un seguro de trabajo). En el reconocimiento de la jubilación, porque hoy a una personas no tuvo ningún tipo de aporte formal el estado le reconoce la mínima (un caso gráfico es el de los trabajadores de empresas recuperadas), pero sabemos que si viene un gobierno de derecha podría perfectamente no reconocerlo, es muy frágil esa situación. Por eso queremos que haya acreditación de los aportes de la economía popular”.
5- ¿Cómo pensar el salario de los trabajadores de la economía popular?
“Nosotros queremos ir, y eso es difícil de explicar, hacia la definición de salario de convenio por rama de actividad. La idea es definir cuál es el mínimo que debe cobrar un cartonero, alguien que trabaja en el cuidado, en un comedor o merendero. ¿Cuál debe ser su ingreso? Eso implica organizar discusiones salariales dentro de la sociedad. Es una nueva discusión porque no es ni la discusión paritaria privada a través de un convenio colectivo de trabajo ni son funcionarios públicos. Es decir que hay que generar nuevos mecanismos de referencia de valor para la economía popular”.
“El Registro de Trabajadores de la Economía Popular va a ser una herramienta para acceder a derechos. Es es el primer paso hacia la laboralización de la política social, una herramienta para poder asociar a una actividad un conjunto de derechos y remuneraciones vinculadas al trabajo”.
