Córdoba: Empleados del cementerio San Vicente piden ser exceptuados de Ganancias, ya son 100 los municipales que lo reclaman
Son 41 trabajadores del cementerio. Reclaman el beneficio otorgado los que prestan servicios relacionados con la emergencia sanitaria por el coronavirus. Piden que se los exima de forma retroactiva y mientras dure la pandemia.
Son 41 trabajadores del cementerio. Reclaman el beneficio otorgado los que prestan servicios relacionados con la emergencia sanitaria por el coronavirus. Piden que se los exima de forma retroactiva y mientras dure la pandemia.
Con un nuevo amparo colectivo, 41 empleados municipales del cementerio San Vicente demandaron al Estado nacional y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para que se los exima del pago del Impuesto a las Ganancias en tanto dure la emergencia sanitaria en el país por el coronavirus.
Al amparo que ya habían presentado 59 operarios del área de Mantenimiento de Redes de la Municipalidad de Córdoba se sumó el reclamo colectivo de los 41 trabajadores del cementerio San Vicente, con lo que el número total alcanza el centenar.
En este caso, que también recayó en el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, los amparistas le solicitaron que se condene al Estado nacional y a la Afip “a la justa equiparación” del beneficio impositivo sancionado por la ley 27.549 (de marzo).
Reclaman ser incorporados en “iguales condiciones que las establecidas por la norma” para el personal de salud, las Fuerzas Armadas y de seguridad, la recolección de residuos domiciliarios y patógenos, quienes gozan de la exención del Impuesto a las Ganancias.
Qué dice la ley
El artículo 1° de la ley explica que quedan exentas de Ganancias desde el 1° de marzo de 2020 (con la extensión al 31 de diciembre) las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 para los profesionales y el personal operativo de los sistemas de salud pública y privada.
En el amparo, al que accedió La Voz, se resaltó que el cementerio de San Vicente es el encargado de realizar entierros, cremaciones e inhumaciones, tareas declaradas entre las esenciales desde 2002. Se recordó que de las poco más de 47 hectáreas se destinaron siete para cubrir la demanda de lo que, se estima, se requerirán para los entierros de los fallecidos por coronavirus.
Recordaron que la designación del espacio se realizó en marzo pasado, desde cuando coordinan tareas con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Señalaron que el sector destinado a los muertos por Covid-19 se conoce como “Zona 29”, donde se cavaron 450 fosas con ayuda del Ejército.
Remarcaron que la tarea, por las prácticas y la naturaleza, es “insalubre”, algo reconocido por el Ministerio de Trabajo de la Provincia.
Por año, según indicaron, se llevan adelante más de dos mil inhumaciones y unas 50 cremaciones, trabajo que se incrementó de forma considerable con los fallecidos por Covid-19, agregaron.
“De estas cifras, se desprende la importancia que reviste para la ciudad el normal funcionamiento de esta dependencia, a la que este año se le suma la responsabilidad de enfrentar la pandemia (como único cementerio público) al que se encomendó dicha responsabilidad en la ciudad)”, afirmaron.
E indicaron que recibieron 113 cuerpos de contagiados que fueron cremados, lo que, según detallaron, implica una suba de 220 por ciento en ese rubro en comparación con años anteriores.
“Debido a esto es que hacemos frente, desde el comienzo de la pandemia, a la exhumación o cremación de los restos de todos los cuerpos de personas fallecidas en la ciudad de Córdoba a causa de haber contraído Covid-19”, subrayaron.
Los empleados reciben el cadáver a través del Departamento de Unidad de Alto Riesgo de Córdoba (Duar), retiran los herrajes de la tapa y de los costados del ataúd y lo ingresan directamente al horno crematorio.
Posteriormente, en una sala acondicionada, realizan la satinización de los elementos empleados (guantes, botas, máscaras y mamelucos que se satinizan y se incineran, por considerarse residuos patógenos, especificaron).
El manejo de cadáveres en el contexto del Covid-19, de acuerdo con el protocolo establecido por el COE, indica que la recomendación es la “cremación”. Sin embargo, puntualizaron que se puede optar por el enterramiento bajo estrictas pautas de bioseguridad.
“Indudablemente, al tratar con cuerpos cuyos decesos han sido fruto de la infección generada por el Sars-CoV-2, estamos exponiéndonos al contagio de dicha enfermedad”, insistieron.
“No solamente nos enfrentamos durante la pandemia al reto de garantizar la prestación normal del servicio (declarado esencial), sino que nuestra tarea ha tenido una especial relevancia con relación al coronavirus”, recalcaron. Además, destacaron que su labor representa un aporte “tan importante como el de las demás” actividades alcanzadas por el beneficio de la ley 27.549.
Sobre la igualdad
Los amparistas sostuvieron que el Estado violó el principio de igualdad (establecido en la Constitución), que “es la base del impuesto y de las cargas públicas”, al presuntamente discriminarlos concediendo la exención transitoria de Ganancias exclusivamente a los alcanzados en la ley, cuando ellos están “sometidos a igual o a mayor exposición de contagio”.
Le solicitaron al juez que dictara una medida cautelar de no innovar, que prohíba descuentos relativos al Impuesto a las Ganancias y se aplique el beneficio de forma retroactiva (a marzo), permitiéndoles acceder a la exención en las mismas condiciones que la ley dispone para los demás agentes de salud y de seguridad.
El fiscal federal N° 1, Enrique Senestrari, deberá pronunciarse sobre la competencia del juez para entender en la causa.
