Córdoba: La batalla de los 14 mil millones
Una contienda empresarial sin tregua y con impugnaciones cruzadas pone en vilo la licitación de la Municipalidad de Córdoba para adjudicar, por una década, el contrato más importante de la ciudad
Una contienda empresarial sin tregua y con impugnaciones cruzadas pone en vilo la licitación de la Municipalidad de Córdoba para adjudicar, por una década, el contrato más importante de la ciudad: la recolección de la basura, un negocio que ronda los 14 mil millones de pesos en ocho años, a valores actuales.
El próximo 30 de junio vence el último de los contratos que la Municipalidad les otorgó a las dos prestatarias privadas de higiene urbana, Lusa y Cotreco, empresas que vienen explotando el servicio de recolección desde 2012 sin licitación.
Si para entonces no hay adjudicatarios en el proceso licitatorio que se está llevando a cabo, y que establece un presupuesto de 13.894 millones de pesos más cláusula de indexación por ocho años, extensibles a 10, estas firmas obtendrán de modo automático un año más de contrato directo. Así está escrito en los acuerdos entre las prestatarias y el municipio.
En este marco, existe una intensa disputa que libran dos de los tres oferentes precalificados el 28 de febrero por la comisión evaluadora constituida por el municipio. Las uniones transitorias de empresas (UTE) Transportes Olivos (Tosa)-Cotreco y Vega-Caputo defienden sus chances en el campo de las impugnaciones normativas.
En efecto, el 8 de marzo, ambos consorcios empresariales ingresaron por mesa de entrada de la Dirección de Compras y Contrataciones de la Municipalidad observaciones sobre el dictamen de la comisión evaluadora, solicitando, cada una, la descalificación de la otra.
Antes del decreto de adjudicación que parece estar por llegar en las próximas semanas, dicha comisión deberá ratificar o corregir el dictamen. Y si ese decreto que debe firmar el intendente esconde vicios u omisiones normativos en el proceso, los oferentes que observaron el dictamen podrán impugnar la licitación e ir a la Justicia.
Denuncias de Vega-Caputo
Voceros del consorcio Vega-Caputo expresaron a La Voz que una impugnación al futuro decreto adjudicatario es una posibilidad que barajan para el caso de que el poder concedente no aparte de la licitación a Tosa-Cotreco.
“Formulamos observaciones al dictamen de precalificación presentando documentación que demuestra que la capacidad económica financiera del oferente Cotreco no cumplimenta con los pliegos de la licitación”, sostuvieron.
“Entendemos que, tras ellos, la citada empresa aportó documentación y nuestro consorcio solicitó a la Municipalidad tomar vista, pero la misma no dio acceso a esa información”, continuaron. “Si corresponde, será el decreto lo que se impugne”, concluyeron desde la central de esa unión transitoria de empresas.
Las observaciones de Vega-Caputo al dictamen al que este medio tuvo acceso indican que los balances expuestos por Cotreco al momento de la presentarse a la licitación acreditaban deudas de contribuciones patronales y de aportes de obra social, y causas administrativas iniciadas por la Afip, algo que según Vega-Caputo es improcedente, según los pliegos. La UTE también documenta acreencias de Cotreco no certificadas por el deudor por 650 millones de pesos, ingresos sin justificar por 84 millones de pesos y 1.040 cheques rechazados por 81 millones de pesos.
En el marco de la disputa, el consorcio Vega-Caputo acaba de difundir, además, que el último mandamiento de intimación de pago de la Justicia por una demanda de Afip a Cotreco fue el 13 de marzo pasado. El texto indica una deuda de 36,4 millones de pesos más un 15 por ciento estimado por intereses y costas.
Denuncias de Tosa-Cotreco
Tosa-Cotreco centra su descargo ante la comisión evaluadora en exponer lo que considera irregularidades de Vega-Caputo, y golpea directamente sobre el presidente del Grupo Solvi, empresa brasileña que fue designada legalmente como operadora de Vega Engenheria Ambiental, que es parte de la UTE citada.
“Carlos Leal Solvi es investigado por múltiples delitos económicos y ambientales en su país de origen. En 2015, fue condenado por improbidad administrativa por el Ministerio Público de Río Grande del Sur (Brasil) por fraude en el pesaje de la basura de la ciudad de Alegrete”, se lee en el texto.
“El decreto 942/2010 que reglamenta la ordenanza municipal de Córdoba 5.727 perceptúa la no aceptación de oferentes procesados por delitos de falsedad, estafa o contra la propiedad”, expresa la observación de Transportes Olivos-Cotreco, que pide a los evaluadores que quiten de la terna al rival.
Ya en materia financiera, y entre otras denuncias de inconsistencias en los balances, el consorcio con una pata cordobesa dice que Vega-Caputo presentó como capital de trabajo un inmueble por 276,5 millones de pesos y que el pliego consigna que sólo se deben contener como activo corriente conceptos que puedan efectivamente realizarse durante el período siguiente. Y eso no sería factible en el caso de inmuebles de valor semejante.
Por otra parte, fuera la batalla directa, las observaciones al dictamen de la comisión evaluadora efectuadas por Tosa-Cotreco solicitan mayor puntaje en la precalificación. Alegan que algunas certificaciones de calidad presentadas no fueron tenidas en cuenta. Fuentes de Cotreco informaron el viernes pasado que se le hizo lugar a la observación, lo que sumaría cuatro puntos en cada una de las tres zonas de la ciudad en que se divide en servicio.
Puntajes
En consecuencia, sin la oferta económica –la Municipalidad de Córdoba aún no ha iniciado el análisis de las propuestas de precios–, la calificación quedaría del siguiente modo: Tosa-Cotreco 94 puntos (de 100) en todas las zonas, al igual que Lusa; Vega-Caputo 93,4 puntos en zonas sur y norte (las más grandes y con mayor volumen de negocio) y 96,4 puntos en zona centro.
La metodología de evaluación asigna a la parte técnica un peso de 40 por ciento y a la oferta económica, un 60 por ciento.
De tal modo, cada punto técnico de diferencia entre los oferentes significa que en la oferta económica deben estar tres por ciento más baratos que sus competidores.
Tres en carrera y una disputa que crece
El consorcio de cooperación Transportes Olivos-Compañía de Tratamientos Ecológicos (Tosa-Cotreco) observó en dos oportunidades al oferente Vega-Caputo. La principal objeción apunta a la vinculación de Vega con el grupo brasileño Solvi, cuyo presidente es investigado por delitos económicos y ambientales en Brasil. La UTE donde participa Cotreco también objeta supuestas inconsistencias en los balances de Vega-Caputo, el capital de trabajo informado por esa oferente, y también la experiencia y la capacidad técnico-operativa de la empresa Caputo, en lo que se refiere a la recolección.
La empresa Logística Urbana SA –que pertenece al Grupo Ersa, de Juan Carlos Romero– no recibió ni planteó objeciones de peso. No obstante, sí hay advertencias de las otras dos oferentes para el caso de que le sean asignadas a Lusa dos de las tres zonas que se están licitando.
Dado que el Grupo Ersa ya explota el 60 por ciento del transporte urbano, su posición en el mercado de los servicios públicos municipales tiene chances de ser considerada dominante en los términos de la ley nacional 25.156, que regula en todo el territorio nacional la defensa de la competencia.
El consorcio de cooperación Vega-Caputo descarga sus dardos contra Tosa-Cotreco y realiza observaciones sobre la capacidad económica financiera de Cotreco –actual prestataria del servicio de recolección–, denuncia “inexactitudes y falsedades de magnitud en los estados contables” presentados al municipio, sostiene que la empresa cordobesa incurre en actos previstos en la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, y plantea que, en 2017, Cotreco no fue admitida en la licitación de la basura de Villa Carlos Paz por “no cumplimentar los indicadores económicos requeridos”.
