Córdoba: La crisis pega en la mesa, en el techo y en los servicios
En la Municipalidad de Córdoba, notan que se multiplican los pedidos de ayuda alimentaria. En el Gobierno provincial, acusan una suba en la demanda de trabajo para poder sostener el pago de alquileres y de facturas de luz y de gas. Comedores en alerta en Córdoba: no pueden atender a todos.
En la Municipalidad de Córdoba, notan que se multiplican los pedidos de ayuda alimentaria. En el Gobierno provincial, acusan una suba en la demanda de trabajo para poder sostener el pago de alquileres y de facturas de luz y de gas. Comedores en alerta en Córdoba: no pueden atender a todos.
Lejos de los devaneos de políticos y de técnicos respecto de si habrá o no “segundo semestre” con repunte económico o si habrá que esperar confiados a 2017, las secuelas del ajuste del primer tramo de este año, con causas generadoras que se remontan incluso a mediados de 2015, ya prenden luces de alerta en el tablero social.
Desde el Gobierno provincial y desde la Municipalidad de Córdoba admiten, por igual, que la devaluación y la inflación pusieron a miles de cordobeses en posición de demandar asistencia oficial, aunque esas dos ventanillas receptan distintas prioridades.
“Antes, los naranjitas nos pedían calles para trabajar. Ahora piden comida. Algo similar nos pasa con los carreros. La gente tiene problemas para comer. Es una realidad”, dice Walter Fe- rreyra, subsecretario de Desarrollo Social del municipio.
“Los pedidos de alimentos se incrementaron un 10 por ciento, pero los vinculados a hábitat y a servicios, en un 30 por ciento. La gente que perdió el trabajo o su changa privilegia comer y destina la plata que tiene a eso, pero no llega a pagar el alquiler o a comprar una garrafa de gas”, complementa por su lado Rodrigo Rufeil, ministro de Desarrollo Social.
Históricamente, la Municipalidad de Córdoba nunca se hizo fuerte en materia de prestaciones sociales, que se canalizaron más bien por el lado de la Provincia. Pero ahora los pedidos de ayuda, literalmente, “detonaron” el presupuesto del área.
Para asistencia alimentaria, Desarrollo Social disponía de 23 millones de pesos, que hace rato agotó (había remanente de deuda de arrastre de 2015).
Ahora tiene en trámite una ampliación de partidas por 18 millones de pesos y la proyección anticipa que serán necesarios varios millones más para cerrar el año, en una caja que no se caracteriza precisamente por tener excedentes disponibles.
La previsión oficial era entregar 15 mil módulos alimentarios en todo 2016, pero ahora esa cifra representa apenas la demanda mensual. La realidad social dio vuelta el tablero.
“Venimos de licitar la compra de 6.600 módulos y vamos por otros 10 mil. A este ritmo, para el último cuatrimestre necesitaríamos otras cuatro compras, de 10 mil módulos cada una para responder a la demanda”, reconoce Ferreyra.
A un promedio de 160 pesos por bolsón (tienen 11 productos), para cubrir de septiembre a fin de año, a Desarrollo Social le harían falta partidas extras por 6,4 millones de pesos.
Ferreyra señala que las demandas de ayuda no son sólo una percepción y que se verifican por distintas vías: los CPC, los operativos ‘La Muni en tu barrio’ y los servicios de protección de derechos (referidos a niños) no paran de generar pedidos.
Algo similar pasa con el plan alimentario Vale lo Nuestro, que financia la Nación. Pese a que son apenas 130 pesos mensuales, un valor que fue absolutamente devorado por la inflación, los pedidos de altas en el sistema son permanentes.
“Para la gente que está en emergencia, todo suma”, remarca Ferreyra, a la hora de buscarle una explicación a esa conducta.
Sin resto
Desde la Provincia, Rufeil comparte la preocupación del municipio, aunque con una visión diferente. Por el perfil de demanda que recibe el Ministerio, evalúa que las luces amarillas están encendidas en las cuestiones que hacen más a la contención del grupo familiar, como hábitat, empleo y servicios.
“Hubo picos de pedidos de bolsones, pero hoy el eje está pasando más por el techo y por posibilidades de trabajo. Vemos gente que perdió sus ingresos y que no tiene cómo pagar las facturas o directamente no puede sostener el alquiler”, remarca Rufeil.
Esos casos derivan en pedidos de ayuda directa a la cartera social, aunque son cuestiones más de fondo, que no se solucionan con un bolsón. “Todos los casos son evaluados por las trabajadoras sociales”, aclara el ministro, y reconoce que es muy difícil responder a esos pedidos.
A su vez, los aportes de bolsones alimentarios en la Provincia suman, en promedio, de tres mil a cuatro mil por mes.
Expectativas
En cuanto a empleo, Rufeil se mostró expectante por lo que pueda pasar con la macroeconomía, pero también referenció el plano local con la demanda de mano de obra que generará el ambicioso plan provincial de obras.
Sin contar los grandes emprendimientos (gas, rutas, cloacas), destacó que, por ejemplo, sólo el plan Vida Digna, que contempla entregas de 25 mil pesos para mejoramiento habitacional, puede dar algo de aire en lo inmediato a los ingresos de familias de escasos recursos.
“Son 10 mil créditos por año, para ampliar o mejorar baño o habitación. Un cálculo conservador marca que cada caso de esos puede generar una oportunidad laboral, ya sea para el propio beneficiario o para un albañil. Esperamos que la actividad se empiece a mover un poco”, analizó.
