Córdoba: Schiaretti, Llaryora y un año marcado por la pandemia, las urgencias y la calle
Ayer se cumplieron 365 días desde el comienzo de la tercera gestión de Juan Schiaretti y el regreso del peronismo a la capital cordobesa de la mano de Martín Llaryora. Los planes truncos de la larga cuarentena, los errores propios y los aciertos de una convivencia justicialista inédita desde la vuelta de la democracia.
Ayer se cumplieron 365 días desde el comienzo de la tercera gestión de Juan Schiaretti y el regreso del peronismo a la capital cordobesa de la mano de Martín Llaryora. Los planes truncos de la larga cuarentena, los errores propios y los aciertos de una convivencia justicialista inédita desde la vuelta de la democracia.
Cuando en mayo del año 2019 Juan Schiaretti se convertía en el gobernador cordobés electo con más votos desde el regreso de la democracia, nada hacía presagiar los dolores de cabeza que irían apareciendo en el primer año de su tercera gestión al frente de la Casa de Gobierno.
Como a todos los mandatarios en funciones en buena parte del mundo, el cimbronazo generado por la pandemia obligó a Schiaretti a archivar la hoja de ruta original preparada para comenzar la que puede ser su gestión definitiva, y adaptarse a las necesidades urgentes: las sanitarias y las económicas.
Encolumnado en un primer momento con las disposiciones nacionales en materia de prevención, la Provincia empezó a sentir la recesión económica que sumó dolores de cabeza a la ya profunda preocupación generada por la abultada deuda en dólares que había crecido (aún más) a la par del descalabro de la política cambiaria durante el macrismo. En cierto modo, esa realidad lo puso en una disyuntiva que marcó el clima político durante la pandemia. Por un lado, las necesidades financieras justificaron una apresurada vuelta a la actividad en los momentos en que la curva de contagios ascendía en todo el país. Por otro, la dependencia de los fondos nacionales para hacer frente a la crisis fue descongelando la relación con la administración de Alberto Fernández que, aunque zigzagueante, termina el 2020 un poco más aceitada. Explicitada en las críticas públicas y el enojo del propio Mauricio Macri, esa situación económica puede servir para comprender los últimos votos del schiarettismo en la Cámara de Diputados de la Nación. Un movimiento lógico de un hombre que hizo de su “perfil de gestor” una marca política, que de hecho lo llevó a cambiarle el nombre a la alianza con la que el peronismo gobierna la provincia desde finales del siglo pasado.
A ese ida y vuelta es necesario agregarle un dato que también se evidenció en otras administraciones provinciales a lo largo de todo el país: la descoordinación en la aplicación de políticas relacionadas con la emergencia, que obligó al Gobierno cordobés a dar marcha atrás en reiteradas oportunidades a lo largo de todo el año. En ese sentido, en el universo schiarettista también tienen lugar los “funcionarios que no funcionan” y esa es una discusión que seguramente cruzará los tres años de gestión que quedan por delante, con un destino sanitario incierto y una disputa por la sucesión que se palpita desde la noche misma de la victoria electoral de mayo del 2019.
Las piedras propias
Prácticamente aislado por su condición de paciente de riesgo y con un panorama general que lo obligaba a tomar decisiones con una repentización que quizás nunca imaginó, Schiaretti tuvo que afrontar el desastre ecológico más grande del siglo con repetidos incendios que mantuvieron en vilo a la provincia y arrasaron con cientos de miles de hectáreas en la serranía provincial. Con la tierra aún caliente, la Provincia tuvo que proyectar nuevas erogaciones extraordinarias para ayudar a las víctimas de los incendios a recuperar al menos un poco de lo mucho que habían perdido. Hubo quienes, literalmente, lo perdieron todo. Incluso la vida. Las ayudas de la Nación también fueron fundamentales en esos momentos que inauguraron la segunda parte del 2020. Con las ayudas para combatir el fuego primero, y para comenzar los planes de reconstrucción después.
Ninguno de los sectores opositores al Gobierno provincial compró la versión oficial que, si bien advertía sobre el comportamiento irresponsable de acciones que llevaron a cabo personas específicas, ponía el foco sobre las condiciones meteorológicas y una sequía que por meses se instaló en tierras cordobesas. Las acusaciones recayeron sobre años de desidia en materia de cuidado del bosque nativo y el fomento de un modelo productivo que privilegia dividendos por sobre todo lo demás. En rigor de verdad, ninguna de las cosas comenzaron con el peronismo, pero tras 20 años en el poder, revertir la mirada de la opinión pública al respecto representa un desafío demasiado complicado.
Junto con el recorte a las jubilaciones (que le permitió a la Provincia ahorrar cerca de 8 mil millones de pesos) el otro “error no forzado” con fuertes consecuencias en el humor social cordobés fueron las denuncias por violencia policial que explotaron con el asesinato de Blas Correas, ocurrido a comienzos del mes de agosto, que provocó la primera movilización callejera masiva en tiempos de cuarentena. El asesinato del joven de 17 años no fue el primero, ni tampoco el último, durante el 2020. A las numerosas denuncias por abusos que se replicaron a lo largo de todo el territorio nacional, algunos sectores opositores le suman más de una decena de muertes por responsabilidades policiales en lo que va del año. Una situación de extrema gravedad institucional, que obligó al Gobierno a buscar aire reemplazando a toda la cúpula hacia finales del mes de octubre, designando a una mujer, Liliana Rita Zárate Belletti, por primera vez al frente de la Policía de Córdoba.
La calle y los conflictos en el primer año de Llaryora
La calle, en tiempos de pandemia, fue otra. Pero, al menos en Córdoba, nunca dejó de ser escenario de movilizaciones que elevaron reclamos de diversa índole. Los más grandes tuvieron como apuntado principal al intendente Martín Llaryora y como protagonista excluyente al Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales, el Suoem.
Quizás esa fue la principal batalla política que le tocó enfrentar al titular del Palacio 6 de Julio durante su complicadísimo primer año de gestión. Indefectiblemente aliado al Gobierno provincial, el sanfrancisqueño se propuso “dar vuelta” el funcionamiento de una administración municipal cuya realidad definió como sumamente crítica desde el momento cero de la campaña.
Ni bien asumió, envió al Concejo Deliberante el proyecto que declaró la emergencia económica, financiera, administrativa y social. Las críticas que inicialmente llovieron desde la oposición advertían sobre concentración de poder y una creciente tendencia a centralizar la toma de las decisiones en pocas cabezas. Desde un comienzo, todo lo prometido en la campaña comenzó a verse reflejado en una actividad conjunta que, codo a codo con Schiaretti, empezó a dar los primeros frutos. Si bien los grandes anuncios fueron mermando, el trabajo conjunto continuó siendo la base primera de la gestión capitalina.
De todos modos, en el afán por “ordenar” las cuentas municipales, el punto de inflexión de la gestión Llaryora estuvo marcada por su relación con los gremios. El mismo intendente considera que la decisión política de recortar “el poder” de las principales organizaciones gremiales de la ciudad fue uno de los logros que merecen ser reconocidos en estos primeros doce meses de gestión. Es cierto que ese tipo de decisiones, que lo acercaron a las etapas (discursivas) más duras del mestrismo, le permitió conseguir un poco de aire en su específico plan de gestión. Pero también lo ayudó a fortalecerse políticamente. Hacia adentro del municipio y de cara a la opinión pública, donde la imagen del sindicalismo capitalino no goza de la mejor de las aceptaciones. En esto, hay que decirlo, también jugaron un importante rol los medios de comunicación, que se pusieron del lado del Intendente en cada uno de los capítulos del conflicto. Y cuando lo criticaron, se concentraron en pedirle mayor “dureza” en sus decisiones. Llaryora, de todos modos, mantuvo su ritmo.
Construyendo una imagen de gestor 24/7, el jefe comunal descansó sobre las decisiones sanitarias provinciales y no tuvo grandes inconvenientes en la administración de la pandemia, aunque tuvo que lidiar con algunos reclamos puntuales de los sectores capitalinos que le exigieron romper con las órdenes del COE casi de modo cotidiano. No se enredó. El municipio conto con sus voceros permanentes y, más allá de algunas interferencias, mantuvo un diálogo fluido con los comerciantes y actores privados más influyentes de la ciudad. En esa tarea, también logró avanzar en la coordinación con los mandatarios locales del Gran Córdoba, en lo que representa un primer ensayo hacia el ambicioso proyecto de regionalización anunciado por Schiaretti a comienzos de su nueva gestión y que tiene a Llaryora como uno de los actores centrales en dicho proceso.
En su afán de solucionar alguno de los problemas heredados, Llaryora termina un año demasiado difícil reestructurando la abultada deuda externa municipal (150 millones de dólares) y proyectándose a la pospandemia como uno de los únicos hombres capaces de nuclear las dispersas expresiones del peronismo que coexisten en la Capital cordobesa. Esa destreza, que le sirvió para ganar las elecciones, se pondrá a prueba en los años de gestión en los que la emergencia sanitaria será parte del pasado y los problemas cotidianos de los cordobeses quedarán aun más expuestos.
