Córdoba, único municipio del país que prohíbe Pescados y Lácteos para Todos
El programa nacional es considerado por el municipio “venta ambulante”.
Desde marzo pasado, el programa nacional de economía popular no puede desarrollarse en la Capital cordobesa por ser considerado “venta ambulante”. En el mismo mes se firmó un “acta de intención” entre la Dirección Nacional de Agricultura Familiar y la Jefatura de Gobierno municipal para superar el conflicto, pero el intendente Mestre aún no ratificó el convenio y la prohibición continúa. Hubo un nuevo pedido de reunión a Bee Sellares hace diez días, que el funcionario aún no respondió.
Desde hace cinco meses y por decisión del intendente Ramón Mestre, los vecinos de Córdoba Capital están impedidos de acceder a los programas nacionales Pescados y Lácteos para Todos, que ofrecen productos de primera calidad a precios sensiblemente menores a los del mercado.
Es que la Municipalidad los prohibió en marzo pasado aduciendo que por ordenanza no se permite la venta ambulante en la ciudad, además de sostener que los productos ofrecidos al público no estarían sometidos a controles bromatológicos. Sin embargo, el municipio omitió decir que el punto central de la discusión es la implementación de la norma y no su prohibición, ya que la venta ambulante no está prohibida sino regulada. La presión de sector empresarial, sobre todo en el rubro pescados y mariscos, y falta de voluntad política de Mestre han convertido a Córdoba en el único municipio del país que cierra sus puertas a los programas Pescados y Lácteos para Todos.
Además, en cuanto a las exigencias bromatológicas, la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca nacional garantiza todos los controles pertinentes a los alimentos ofrecidos en estos programas y aseguran que el área municipal de Bromatología no ha puesto obstáculo alguno, por lo que las excusas del gobierno radical no parecen fundamentarse y sólo estaríamos ante una decisión meramente política del intendente de no permitir que los alimentos lleguen a los sectores más vulnerables de la población.
“Acta de Intención”. A raíz del inconveniente, el 18 de marzo pasado las partes firmaron en el Palacio 6 de Julio un “Acta de Intención” para destrabar el conflicto. El acuerdo fue rubricado por secretario de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social, en ese entonces Facundo Cortés Olmedo (ya renunciado), el secretario de Convivencia Ciudadana José Fernández (hoy en funciones) y el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, representado por el director Nacional de Agricultura Familiar, Ricardo Vissani, a la espera de la ratificación del mismo por parte de Mestre, que hasta el momento archivó la iniciativa.
LA MAÑANA consultó sobre el tema a Fernández, funcionario que reconoció tanto la existencia de la “carta de intención” como su estancamiento en algún escritorio. Además, Fernández aseguró que no está a su alcance la resolución al problema, por lo que sugirió consultar al sustituto de Cortés Olmedo, el ex concejal Javier Bee Sellares, a quien también este diario contactó recibiendo la negativa del funcionario a ser interpelado.
Nuevo pedido de reunión. Hace unos diez días, Emiliano Álvarez, del Movimiento Evita Córdoba y coordinador local de los programas nacionales mencionados, cursó formalmente el pedido de una reunión con Bee Sellares, no obteniendo respuesta alguna hasta el día de hoy.
