Cosquín: Una tranquera vecinal al glifosato
Prohibido por ordenanza en el ejido de la ciudad de Cosquín. Los vecinos lo consideraron “un paso adelante”. Reclamaban desde 2018.
Prohibido por ordenanza en el ejido de la ciudad de Cosquín. Los vecinos lo consideraron “un paso adelante”. Reclamaban desde 2018.
Acostumbrada a ser noticia por la presencia de notables personalidades del folclore, Cosquín amplificó su voz pero esta vez en clave colectiva: “Basta de agroquímicos”, dicen mujeres y hombres de la ciudad serrana de Punilla. La lucha realizada en los últimos años por vecinas y vecinos que claman por un ambiente sano tuvo su primera repercusión institucional concreta. El 17 de abril pasado, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que prohíbe el uso del herbicida glifosato en todo el ejido municipal. “Es un triunfo, pero la lucha es más amplia, es por un ambiente sano en todo su sentido”, sostiene Virginia Racino, de Barrios Fumigados Cosquín.
A partir de conversaciones entre habitantes de barrios linderos a un campo, situado al noreste de la ciudad, se empezó a instalar la sospecha de que el uso de agroquímicos podía generar una serie de afecciones en la salud. A principios de abril, impulsada por el colectivo Barrios Fumigados Cosquín, se presentó una denuncia contra quienes explotan la Estancia San Jorge-Kumte, ubicada entre el faldeo de la montaña y la ruta 38, que colinda con barrios de Cosquín, y de las localidades de Molinari y Casa Grande. En ese momento, desde la organización social se planteó estar “sufriendo casos de afecciones respiratorias, cáncer, abortos espontáneos, alergias en la piel”, entre otros impactos sanitarios que podrían vincularse con la práctica agronómica de ese campo. Asimismo, la denuncia apuntó a las autoridades locales “al permitir fumigaciones a menos de 500 metros de las viviendas”.
Desde el año pasado, este colectivo se vinculó con otras asambleas como la de Dique Chico y Barrio Ituzaingó para conocer otras experiencias de lucha contra el uso masivo de plaguicidas en la provincia. En este recorrido, realizaron diversos reclamos administrativos, pero sobre todo acciones de concientización, como ferias de alimentos agroecológicos para sensibilizar a más sectores de la población en torno a otras formas de agricultura. En el mismo sentido, apuntan a construir datos que den cuenta del ordenamiento territorial de la zona y sus vínculos con la calidad ambiental que hoy atraviesan los cuerpos que habitan la región.
En la insistencia por la instalación del tema dentro de la comunidad, este sector logró que el año pasado ingresara un proyecto de ordenanza que permaneció durante más de seis meses en comisión. Finalmente, días atrás con cuatro votos opositores y sin apoyo del oficialismo se aprobó la normativa local. Aún no ha sido promulgada por el Ejecutivo municipal, que enfrenta elecciones por estas horas. La ordenanza, que se ampara en legislación ambiental nacional y provincial, insta en su primer artículo a “prohibir la comercialización y el uso (aéreo y terrestre) del herbicida glifosato” en todas sus variantes en todo el ejido de Cosquín.
La centralidad del glifosato en el modelo agrícola argentino puede sintetizarse con algunos datos de la Antología Toxicológica de este herbicida, recopilada por Eduardo Martín Rossi y publicada por Naturaleza de Derechos, donde se explica que el uso de este agroquímico representa “entre un 60 y 70 por ciento” del total de pesticidas que utiliza toda la agroindustria cada año. La estimación indica que se aplican entre 240 y 260 millones de kilos-litros de glifosato cada año en Argentina. Frente a quienes aún niegan el daño que causa su uso corriente, esta compilación da cuenta de más de 800 trabajos científicos y artículos de investigación sobre los graves impactos sanitarios y ambientales de esta formulación.
Esta ordenanza coscoína se enmarca en una provincia que tiene más de una veintena de regulaciones comunales y municipales que directamente prohíben el uso de plaguicidas en áreas urbanas y periurbanas. Estas normativas dejan más de 30.000 hectáreas en diversas zonas de la provincia que de una forma u otra deben transitar hacia otra forma de agricultura frente a la otra opción que es la urbanización de áreas rurales, y recrear otra vez el problema de tener barrios linderos a campos donde se aplican agroquímicos. El trabajo “Mapeo de zonas de resguardo ambiental…” (2017), firmado por Beatriz Giobellina, Marcelo Lerussi y Victoria Marinelli, entre otros, sostiene que en Córdoba “es posible encontrar comités asesores del propio municipio para definir productos posibles, mientras que es poco habitual que dichos municipios establezcan programas de desarrollo, acompañamiento o mucho menos promoción de una producción alternativa, se la llame sustentable, agroecológica u orgánica”.
Desde Barrios Fumigados Cosquín marcaron que “este es un primer paso de gran importancia para toda la comunidad, resultado del trabajo colectivo que apunta a la visibilizar la problemática de las fumigaciones y la participación directa para lograr su prohibición”. La particularidad de la normativa es que sólo se ha centrado en el glifosato y no en otros herbicidas ni en insecticidas o fungicidas de síntesis química. Para la asamblea este punto de partida es un avance porque limita “el paquete” que se aplica sobre todo en soja y maíz transgénico. Pero, el mayor logro es la cuestión de fondo, “que se instale el tema y se empuja a que ese campo y otras áreas transiten hacia una mirada agroecológica”, que armonice con el perfil territorial que busca la ciudad. Esta prohibición del glifosato marca un camino de “dar prioridad a la preservación de la vida, la salud y el ambiente por sobre los intereses mercantiles y ser coherente con el perfil de ciudad turística y municipio verde”, expresaron en un comunicado.
El concejal que presentó la ordenanza, Raúl Cardinali (FPV), también marcó que “este es un punto de partida, para avanzar hacia fumigación cero, dado que se debe priorizar la salud y ya hay bastante evidencia de que este modelo no va bien, a pesar del fuerte lobby que tienen estos productos”. En diálogo con PáginaI12, Racino expresó que lo que se busca es “dejar en claro que hay otras formas de trabajar el campo, más sanas, que cuidan la vida, la salud, justamente donde se están produciendo alimentos, que es el todo que nos constituye.” Esta integrante del colectivo vecinal sostuvo que “ahora esperamos que se haga efectiva la ordenanza, porque venga el gobierno municipal que venga ahí vamos a estar con el reclamo”. Y aclaró que “las leyes son sólo un paso más dentro de una lucha más larga, que implica pensar el territorio en su conjunto, contra el desarrollismo, las autovías, los desmontes, las fumigaciones para tener verdaderamente un ambiente sano”.
