Desesperado pedido de cooperativas por la medida de Macri que atenta contra miles de fuentes laborales
Más de 600 cooperativas eléctricas expresaron en un comunicado su preocupación ante la Resolución del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social que establece facturar el servicio eléctrico de manera “autónoma e independiente de otros conceptos ajenos”.
Más de 600 cooperativas eléctricas expresaron en un comunicado su preocupación ante la Resolución del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) 3442/2018 que establece facturar el servicio eléctrico de manera “autónoma e independiente de otros conceptos ajenos”.
Hace poco menos de diez días, el presidente Mauricio Macri apuntó contra las cooperativas eléctricas al ordenar mediante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que cobren por separado los conceptos que suelen incluir en la factura de electricidad.
“Publicamos una resolución que establece que las cooperativas que distribuyen energía eléctrica tendrán que facturar el consumo de ese servicio de manera identificada y por separado de otros conceptos por los que cobran por mes a sus consumidores”, publicó en Twitter el mandatario, y agregó: “Es una medida importante para los usuarios. Antes de esta decisión podían sufrir cortes por falta de pago de conceptos que no estaban relacionados con el suministro de energía. Ahora van a poder abonar por separado el consumo y tener claro qué cobra la cooperativa como adicional”.
En el país operan unas 600 cooperativas que le dan luz a cerca de ocho millones de argentinos, especialmente allí, donde el negocio no es rentable para las grandes distribuidoras eléctricas. Tal como detalló INFOCIELO, estas empresas prestan, además, “servicios sociales” que incluyen sepelios, traslados en ambulancia y otras prestaciones que muchas veces la Provincia y los Municipio no brindan, con lo cual se convierten en grandes aliados para las gestiones locales. Para mejorar su cobrabilidad, incluyen esos adicionales en la factura de luz. La resolución del INAES les pega de lleno y genera más tensión con los intendentes, especialmente los del peronismo.
Ante la medida, las cooperativas lanzaron un desesperado pedido para que se dé marcha atrás con la medida. “Sin adentrarnos en cuestiones jurídicas respecto a la procedencia de la misma, entendemos que atenta contra un sector de la Economía Social y Solidaria que, producto de una historia y desarrollo territorial ha dado solución a través del asociativismo a la prestación de multiservicios, garantizando la calidad de vida, el desarrollo local sostenible, la generación de trabajo genuino y el arraigo de millones de pobladores en el Interior profundo de nuestro país, y que tiene un inmenso prestigio y reconocimiento a nivel nacional, regional y mundial”, comienza el comunicado.
Destacan, a su vez, que los servicios que brindan hoy resultan esenciales para una vida digna, porque más de 700 pueblos en el Interior profundo de nuestra Nación habrían desaparecido o convertido en “pueblos fantasmas”.
“Debemos alertar que nuestro sector viene sufriendo sistemáticamente distintas medidas –políticas, económicas, administrativas- quizás por desconocimiento de nuestras organizaciones, pero que significan un menoscabo para los derechos asociativos y esencialmente, para la economía y viabilidad de nuestras empresas y comunidades”, continúa.
Para los cooperativistas, esta medida atenta contra la voluntad asociativa de sus integrantes y pone en serio riesgo, en principio, la continuidad de miles de puestos de trabajo directos e indirectos que giran en torno al cooperativismo de servicios, pero además la posibilidad del cese de importantes prestaciones que hoy se llevan a cabo. “Ambas consecuencias significarán un debilitamiento del tejido social y comunitario que de algún modo se intenta proteger”, sostienen.
“Con pesar, consideramos que en esta decisión gubernamental no se dimensiona adecuadamente la naturaleza jurídica de nuestras organizaciones ni el daño que esta medida pueda provocar a los propios usuarios de los servicios públicos que se intenta defender y, por derrame, el que le provoca a los pueblos del Interior de nuestro país”, resaltan y concluyen: “Abogamos para que esta medida sea revisada, reivindicando la voluntad de los habitantes del Interior de nuestro país que de manera organizada, con convicción, esfuerzo propio y ayuda mutua han resuelto autoprestarse servicios esenciales”.
