Desindustrialización macrista
El actual ciclo de destrucción de la industria nacional se reconoce en iguales procesos de la dictadura con Martínez de Hoz y de la convertibilidad con Cavallo.
El actual ciclo de destrucción de la industria nacional se reconoce en iguales procesos de la dictadura con Martínez de Hoz y de la convertibilidad con Cavallo. Desde diciembre de 2015 acumula un retroceso de 7,4 por ciento y casi 100 mil empleos menos.
El proceso de desindustrialización que se despliega en la economía macrista es una continuidad del iniciado por la dictadura de 1976 con José Alfredo Martínez de Hoz y retomado en los noventa con la convertibilidad de Domingo Felipe Cavallo. En cada una de esas etapas, la destrucción de diversos eslabones de la estructura productiva fue ocultada bajo el manto de la modernización y la integración al mundo. Ni una ni otra cosa sucedieron, sino que han sido ciclos de retroceso del camino hacia el desarrollo, con deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores y sociales de la mayoría de la población. Como en esos períodos traumáticos, la Unión Industrial Argentina expone mesuradas críticas mientras algunas de sus firmas son arrastradas hacia el abismo y otras a reducir su capacidad productiva. Moderación que puede ser explicada por una cuestión de clase, ideológica o política, o una combinación de ellas que impulsa a la mayoría de esos empresarios a apoyar un proyecto que los castiga a la insignificancia, sin rebelarse a exigir o apoyar un sendero de industrialización, que el mundo neoliberal periférico asocia con populismo.
La desindustrialización macrista es intensa en velocidad y magnitud. En septiembre pasado, la producción industrial bajó 11,5 por ciento respecto al mismo mes de 2017, con caídas interanuales estrepitosas en Textiles de 24,6 por ciento, y en Metalmecánica, de 20,5 por ciento. Como los comunicados del Indec dejaron de informar la serie larga de esa estadística, el indicador industrial de FIEL ofrece el significante dato de que en el gobierno de Macri la actividad productiva (IPI desestacionalizado) acumula un retroceso de 7,4 por ciento hasta septiembre, tendencia que no muestra signos de reversión en los próximos meses. Este derrumbe tuvo su impacto en el frente laboral, con pérdidas de 98.200 empleos industriales a agosto pasado, equivalente al 7,8 por ciento del total sectorial, desde diciembre de 2015, tendencia que tampoco exhibe señales de recomposición.
El derrape industrial de 11,5 por ciento fue el mayor descenso en 16 años, cuando julio de 2002 anotó una caída de 12,2 por ciento. Arrojó la industria al nivel de 2009, año que interrumpió el ciclo ascendente que había comenzado en 2002 y se había extendido hasta el 2012, con esa pausa mencionada por el impacto negativo derivado de la crisis internacional. Especialistas dedicados al estudio y seguimiento de la política exterior argentina reunidos en OCIPEx identificaron que en septiembre pasado la industria argentina fue la segunda que más retrocedió en un ranking mundial, liderado por Burundi, que bajó 15,4 por ciento. Detrás de Argentina se ubicó Togo, con una caída de 11,3 por ciento, Benin y Jordania, con derrumbes de 9,6 y 8,8 por ciento, respectivamente.
Combo
La megadevaluación, tasas de interés elevadísimas en términos reales, apertura importadora, descenso del salario real, tarifazos y debilitamiento del mercado interno es un combo demoledor para la industria nacional. El gobierno de Macri ha convencido a muchos –y si no lo hizo ha sido efectivo en silenciarlos– de que este sendero ha sido inevitable para purgar los pecados del populismo, del cual la industria se había beneficiado. En una de las iniciativas más desvergonzadas, el macrismo presentó el Plan Productivo Nacional cuando existía el Ministerio de Producción a cargo de Francisco Cabrera. Más allá del anuncio de alguna medida de incentivo, en la práctica poco y nada hubo, lo que queda en evidencia con la evolución de la actividad industrial.
Ese Plan definía la necesidad de la “reconversión” de varios sectores, pero eso no significaba la “destrucción” de los rubros textiles, calzado, electrónica y muebles, como es el camino que han empezado a transitar. También definía cuatro sectores “latentes” (automotriz, autopartes, maquinaria agrícola y medicamentos) a los cuales se les exigía ser “más competitivos”; pero eso no significaba el “achicamiento” para que la producción importada pasara a ocupar una parte del mercado interno.
Esas ocho actividades contaban con 364 mil puestos y el plan oficial adelantaba que la reconversión laboral afectaría al 20 por ciento. La reconversión industrial que planteaba inicialmente el Gobierno, en realidad, fue sólo destrucción del tejido productivo y despidos generalizados, que ya superaron ese umbral previsto. La industria es la rama de actividad que más empleo ha perdido desde que Macri ocupa la Casa Rosada. Datos oficiales indican que lo hizo en 32 de los 33 meses de gestión. La cantidad de trabajadores en la industria es la más baja en nueve años. Los registros de agosto se ubican en los niveles exhibidos en septiembre de 2009.
Plan
Si continúa ejecutándose el plan de desindustrialización macrista, la dimensión de la crisis laboral será mayúscula. Para conseguir legitimidad política y económica de semejante golpe, el motor de la red oficial de propaganda pública y privada está a máximas revoluciones con el objetivo de demonizar la demanda de los trabajadores, el cual es acompañado por los mismos industriales que se están ahogando. Los principales dirigentes de la Alianza Cambiemos, empezando por Macri, están convencidos, por razones ideológicas, políticas, económicas o culturales, de que el sufrimiento de miles de trabajadores con sus familias es el pasaje necesario hacia la redención y el progreso.
La crisis económica ha sentenciado que Macri terminará el gobierno con variables clave (inflación, empleo, pobreza, jubilación y salario en términos reales) peores a las de diciembre de 2015. Voceros del oficialismo insisten con los costos de la herencia o que ésta no fue explicitada en toda su dimensión para justificar el desastre de la gestión económica macrista, que luego de un impresionante endeudamiento tuvo que salir corriendo a abrazarse al FMI. Hay que tener poco respecto intelectual hacia los interlocutores ocasionales para repetir que la herencia es un componente importante para explicar este fracaso de la administración de la economía; no así del plan de negocios del macrismo.
El indicador mensual de Inversión del Instituto de Trabajo y Economía muestra que, en el mes del derrumbe de la actividad industrial, también registró una fuerte caída de 18,9 por ciento respecto a septiembre del año pasado. De esa forma el tercer trimestre del año cerró con un retroceso de 11,8 por ciento en relación a igual período de 2017. Más complicada es la situación específica en el sector industrial con el dato que adelanta un mediocre dinamismo sectorial hacia adelante, al registrar la inversión en equipo durable de producción un agudo descenso de 33,4 por ciento interanual, acumulando una caída de 15,8 por ciento en doce meses.
Conciencia de clase
Una vez más queda expuesta la aceptación que consiguen de las víctimas los períodos de destrucción industrial que lideran los proyectos políticos del neoliberalismo periférico. El complejo, difícil y no exento de contradicciones, ciclo de recuperación del entramado industrial durante las épocas de predominio de gobiernos que son denominados populistas es desmoronado con efectiva rapidez. Claudio Scaletta ha explicado en más de una ocasión en el suplemento económico Cash por qué una parte de los empresarios, beneficiada del crecimiento en gobiernos con los cuales no se identifican políticamente, resisten paradójicamente esos ciclos que le garantizan expansión. Con la guía del economista polaco Michal Kalecki ilustra que esa resistencia se entiende por la oposición a que sea el Estado el que intervenga en la creación de empleo y dirija el proceso económico (con el gasto a través de la inversión pública o de los subsidios al consumo), y por el temor a que el pleno empleo, promovido por políticas estatales, implique mayores exigencias de los trabajadores y, por lo tanto, genere cambios sociales y políticos que alteren su posición favorecida.
La oposición a la presencia del Estado en las relaciones económica es lo que deja más en evidencia el mundo empresario conservador, hoy representado en el gobierno de Macri. Sólo la aceptan en circunstancias muy específicas, como las que existen en una crisis que requiere de políticas expansivas para superarla.
El aspecto más desafiante para el análisis económico convencional es explicar por qué sectores industriales aceptan mansamente disminuir el nivel de actividad, que se traduce en una menor rentabilidad. No lo saben plantear porque deberían señalar que lo hacen para garantizar un nivel de desempleo que permita disciplinar a los trabajadores en sus demandas inmediatas de mejora salarial y, por consiguiente, de distribución progresiva del ingreso. Pero, fundamentalmente, porque de ese modo pueden neutralizar cualquier intento de modificación de las reglas de funcionamiento de la economía que ponga en cuestionamiento sus privilegios. O sea, la aceptación a transitar otro proceso de desindustrialización por parte de las propias víctimas no es contradictoria, porque revela una conciencia de clase tan fuerte que hasta acepta la reducción de sus ganancias y la desarticulación del tejido productivo, con el objetivo de debilitar a quienes pueden desafiarlos en la disputa por mejorar el reparto de la riqueza.
