Difusión de datos en Córdoba: el Suoem protesta con asambleas y mañana va a la Justicia
La difusión pública –por primera vez– de la nómina completa de empleados municipales y una referencia genérica sobre sus salarios básicos, explotó como una bomba en la relación entre la Municipalidad de Córdoba y el Suoem
La difusión pública –por primera vez– de la nómina completa de empleados municipales y una referencia genérica sobre sus salarios básicos, explotó como una bomba en la relación entre la Municipalidad de Córdoba y el Suoem, y al menos durante esta semana tendrá tono de conflicto gremial y legal.
Este repentino punto de fricción vino a alterar la paz que las partes habían sellado tras discutir una paritaria con reglas de juego vigentes hasta fin de año.
El Suoem ratificó para hoy la realización de asambleas de dos horas por turno (la modalidad depende de cada dependencia) en repudio a la actitud del Ejecutivo, de difundir datos personales.
Las protestas con esa modalidad ya arrancaron el pasado viernes y en el caso de hoy serán la antesala de una reunión del cuerpo de delegados para evaluar otras posibles acciones.
“Nos vamos a ver en la Justicia y en la calle, porque la gente está muy caliente”, dijo el viernes el titular del Suoem, Rubén Daniele, y anoche lo reiteró ante una consulta de este diario.
La contraofensiva gremial en Tribunales irá por dos vías. Una es una denuncia penal contra los principales funcionarios municipales, por presunta violación a las ley nacional N° 25.326, referida a protección de datos personales.
Los asesores legales del gremio interpretan que esa norma reglamenta el artículo 53 de la Constitución, que prevé el habeas data y consideran que el municipio ha violado la ley al difundir datos personales de sus empleados.
En esto Daniele fue categórico. “No nos afecta y hasta nos parece bien que difundan lo que ganamos y cuánto es el gasto salarial. El problema son los datos personales”, dijo, en referencia a nombre, apellido y DNI de cada agente, que están subidos a https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar.
En la denuncia penal, cuya redacción se estuvo puliendo el fin de semana, el Suoem invoca el artículo 157 bis, inciso 2 del Código Penal, que impone “pena de prisión de un mes a dos años a quien ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales, cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley”.
La misma norma fija pena de inhabilitación especial de 1 a 4 años, en caso de que el autor del delito sea funcionario público.
En paralelo a ese planteo penal, el Suoem dice que iniciará un proceso para intimar a que el municipio “baje” de su página web en el término de cinco días los datos personales de sus agentes.
Esa estrategia gremial choca contra la ratificación plena que sobre todo lo actuado hizo el intendente Ramón Mestre, quien reivindicó como herramienta republicana la difusión plena de datos de la administración y también invocó la ordenanza de acceso a la información pública que obliga a dar hacer públicos esos mismos datos.
En lo político, Mestre cosechó un fuerte espaldarazo de parte del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, ya que el tema de la nómina salarial alcanzó repercusión mediática nacional.
Este punto llevó al propio Daniele a interpretar que la movida de Mestre podría apuntar a granjearse simpatías entre los vecinos. “Pegarnos a nosotros siempre da réditos hacia afuera”, repite con frecuencia el líder del Suoem.
Dos opiniones
Karina Banfi, diputada nacional UCR.
–¿Qué opina de la decisión de Mestre?
–Celebro la decisión y la voluntad política del intendente, porque es una punta de lanza para muchas otras intendencias, gobiernos, para que se adecuen a este cambio de época. Por eso, fue una decisión del presidente Macri, al asumir, impulsar la aprobación de una ley como la nacional de Acceso a la Información Pública, que llevaba 12 años dormida en el Congreso. El que paga los sueldos es el ciudadano con sus impuestos. El vecino debe saber cuántos son los que trabajan para ellos, los servidores públicos, y cuánto ganan. La transparencia es una herramienta para generar mejores políticas públicas.
–¿Esa decisión no lesiona el derecho a la privacidad?
–Es una política pública del municipio de Córdoba que cumple con la ordenanza de datos abiertos que está vigente. La ordenanza ha tenido muy en cuenta la protección de datos personales, por ejemplo, la dirección o la antigüedad en el cargo. El principio del Acceso a la Información Pública es que todos los que cumplimos funciones con el presupuesto del Estado tenemos un estándar más bajo con respecto al derecho a la privacidad.
–¿Por qué el estándar de privacidad es más bajo para un empleado público?
–Un empresario no tiene por qué informar a la ciudadanía cuáles son sus ingresos. Sí lo debe informar al Estado. En cambio, los ciudadanos deben saber cuál es mi ingreso como diputada nacional.
Alejandro Grandinetti, diputado massista.
–¿La publicidad del listado de empleados municipales y sus respectivos sueldos admite algún tipo de reparo u objeción legal?
–No solamente no hay objeciones, sino que deben publicarse, eso es lo que dice la nueva ley nacional de Acceso a la Información Pública. Hacia ahí tenemos que marchar todos los funcionarios y empleados públicos. Es falso que atente contra algún tipo de privacidad.
–¿Cómo opositor usted está de acuerdo con la decisión de la Municipalidad de Córdoba de dar difusión a esos datos?
–Sobre este aspecto no hay oficialismo ni oposición. Son disposiciones que hacen a la transparencia, un valor respecto del cual no puede haber reparos de ningún tipo. En Rosario también lo tenemos: se publica desde hace dos o tres años. Si se entra a la página web municipal está todo lo que ganan cada uno de los funcionarios y empleados. A nivel provincial también se publica la nómina de empleados del Poder Legislativo y sus respectivos sueldos.
–¿Pero qué sentido tiene o para qué sirve publicar los nombres de los empleados y sus sueldos?
–Sirve para saber, por ejemplo, si sus ingresos se condicen con el estilo de vida que tienen. Además, son personas que han decidido actuar en la esfera pública, y como tal, la publicidad de sus ingresos tiene que correr la misma suerte. No hay ningún argumento que hable de la posibilidad de que con la publicación están violando su privacidad. Creo que con la decisión del intendente Mestre vamos por el camino correcto.
